La Libertad Avanza impulsa una designación que despertó fuertes cuestionamientos: ¿De quién se trata?

El Congreso dio un paso importante para renovar las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el organismo encargado de supervisar las condiciones de detención y prevenir abusos contra las personas privadas de su libertad. Sin embargo, lo que parecía un trámite institucional terminó convirtiéndose en una controversia política por uno de los candidatos propuestos por La Libertad Avanza.

Se trata de Fernando Gabriel Zarabozo, un abogado penalista con antecedentes en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuya postulación despertó cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y legisladores del peronismo, que consideran que su trayectoria profesional podría comprometer la independencia que exige el cargo.

Pese a las objeciones, la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, presidida por el senador radical Daniel Kroneberger, firmó este miércoles 4 de noviembre un dictamen favorable a los siete postulantes. La resolución deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para que las designaciones se concreten.

¿Qué es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y por qué importa su integración?

El CNPT fue creado mediante la Ley 26.827 y tiene como principal responsabilidad prevenir la tortura, los malos tratos y otras formas de violencia contra personas que se encuentran bajo custodia del Estado.

En términos sencillos, es uno de los organismos que deben controlar que las fuerzas de seguridad y las autoridades penitenciarias respeten los derechos de las personas detenidas.

Entre sus atribuciones se encuentra la posibilidad de inspeccionar cárceles, comisarías y otros establecimientos de detención, incluso sin aviso previo, además de formular recomendaciones y comunicar a la Justicia posibles hechos de tortura o malos tratos.

Por esa razón, la legislación exige que sus integrantes tengan antecedentes vinculados con la defensa de los derechos humanos y capacidad para actuar con independencia de las instituciones que deben supervisar.

Y precisamente sobre ese último punto se concentra la polémica por la candidatura de Zarabozo.

¿Quién es Fernando Zarabozo y por qué cuestionan su designación?

El candidato impulsado por La Libertad Avanza se desempeñó entre febrero de 2024 y enero de 2026 como director de Control de Narcotráfico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Posteriormente, desde febrero de este año, pasó a ocupar el cargo de responsable de la Oficina de Defensa Letrada del Personal Policial de esa misma fuerza.

Para las organizaciones que impugnaron su candidatura, estos antecedentes plantean un posible conflicto de intereses: Zarabozo pasaría de desempeñar funciones dentro de una institución de seguridad y brindar asistencia jurídica a sus efectivos a integrar un organismo que, entre otras responsabilidades, debe controlar la actuación de esas mismas fuerzas.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD) y otras organizaciones presentaron objeciones a su postulación. A ellas se sumó el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

Los cuestionamientos apuntan principalmente a la supuesta falta de antecedentes específicos en prevención de la tortura y defensa de personas privadas de libertad, además de las dudas sobre su independencia de criterio.

También fueron objetadas declaraciones públicas anteriores del abogado relacionadas con la protesta social y el uso de la fuerza. Según el Consejo Federal, algunas de sus expresiones resultan incompatibles con los estándares de derechos humanos que debe garantizar el organismo.

La defensa del candidato libertario y las críticas de la oposición

Durante la audiencia pública realizada el 27 de octubre, Zarabozo defendió su trayectoria y rechazó las interpretaciones realizadas sobre sus declaraciones anteriores.

“Por esas declaraciones no se me puede atribuir que simpatizo con la tortura. Para nada”, sostuvo el abogado, quien aseguró que algunas de sus expresiones habían sido realizadas en un contexto preelectoral y fueron sacadas de contexto.

Además, frente a los cuestionamientos por posibles conflictos de intereses, afirmó que no intervendría en visitas, informes o denuncias relacionadas con personas a las que hubiera asistido profesionalmente como abogado.

Sin embargo, para los legisladores que objetaron su candidatura, esa explicación no resulta suficiente.

En los fundamentos de la disidencia parcial presentada al dictamen, sostuvieron que la necesidad de apartarse de determinadas actuaciones podría comprometer el funcionamiento del organismo.

La objeción fue firmada por Alicia Kirchner, Ana Marks, Guillermo Snopek, Germán Martínez y Cecilia Moreau, quienes consideraron que Zarabozo no cumple con los requisitos de trayectoria e independencia establecidos por la legislación.

La senadora Ana Marks también cuestionó que una eventual renuncia a su cargo en la PSA no necesariamente eliminaría los conflictos vinculados con su trayectoria previa.

Desde La Libertad Avanza, en cambio, la senadora Nadia Márquez defendió el procedimiento y cuestionó la oportunidad de una de las impugnaciones, al sostener que había sido presentada después del vencimiento del plazo establecido.

La polémica podría llegar a Naciones Unidas

El conflicto no se limita al ámbito legislativo.

El Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura anticipó que pondría en conocimiento del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas los cuestionamientos vinculados con la candidatura de Zarabozo y el procedimiento de selección.

Entre sus objeciones, también planteó que el plazo otorgado para presentar impugnaciones habría sido inferior al establecido por la legislación.

El Consejo cuestionó, además, que se avanzara con la renovación de los representantes políticos sin desarrollar simultáneamente el procedimiento correspondiente a los representantes de la sociedad civil.

Se trata de planteos formulados por el organismo que deberán distinguirse de eventuales conclusiones o decisiones de Naciones Unidas, ya que la presentación no implica por sí misma una sanción internacional.

Quiénes son los siete candidatos que buscan integrar el Comité

El dictamen firmado por la Comisión Bicameral propone seis representantes parlamentarios y uno del Poder Ejecutivo.

Por el Senado fueron postulados Mariano Ariel Przybylski, exfuncionario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández; Gabriela Silvana Bencina, psicóloga; y Humberto Schiavoni, exsenador nacional del PRO.

Por la Cámara de Diputados fueron propuestos Fernando Gabriel Zarabozo, Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista, y Eduardo Toniolli, exdiputado del Movimiento Evita.

La lista se completa con Leonardo Fabián Szuchet, propuesto por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

La disidencia presentada por los cinco legisladores opositores no implica un rechazo general a las siete candidaturas, sino que se concentra específicamente en la postulación de Zarabozo.

El Congreso deberá definir las designaciones

La Comisión Bicameral consideró que los siete postulantes reúnen las condiciones necesarias para integrar el Comité, pese a las impugnaciones recibidas durante el proceso.

Ahora, el dictamen deberá atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente, con el Senado como cámara de origen.

La controversia deja planteada una discusión que va más allá de los nombres y las diferencias partidarias: qué grado de independencia deben tener quienes son designados para controlar posibles abusos de las instituciones del propio Estado.

En el caso de Zarabozo, el oficialismo defiende su postulación, mientras que las organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición advierten sobre posibles incompatibilidades.

La decisión final quedará en manos del Congreso, que deberá resolver si los antecedentes del candidato resultan suficientes para garantizar la independencia que exige uno de los principales organismos de prevención de la tortura en Argentina.