Alberto F. logró partir la Mesa de Enlace pero advierten por "colisión jurídica"

Si bien la oposición intenta capitalizar esto e imponer su punto de vista, los sectores especializados en la materia han dejado en off side a Juntos por el Cambio.

Por un lado, rápidamente salió a desmentirse la posibilidad de que esto forme parte de un regreso de la Junta Nacional de Granos (de hecho, no tiene nada que ver) o que se trate de un avance del Gobierno "a la venezolana".

Lo que sí alarmó al propio oficialismo es el anuncio del mandatario mientras se estaba llevando a cabo un concurso preventivo de acreedores.

Palabras más, palabras menos, el oficialismo explicó que "hasta el momento no hubo ofertas sólidas para levantar el muerto, la cadena de pagos está rota y no son pocos los productores que podrían quebrar si esto no se resuelve".

Por otro lado, las pocas ofertas que hubo fueron de empresas que pedían la condonación de parte o el 100% de la deuda.

Es decir, esta es una decisión política frente a una pelea de negocios con una propuesta para que ahora integre el Grupo YPF, que es de capitales mixtos.

Otro dato no menor que Urgente24 pudo confirmar es que "los socios deudores vendieron por izquierda la joya de la corona 48 horas antes de pedir la convocatoria (Renova) y el dinero no lo ingresaron a la empresa o no hay constancia sino que fueron a otras partes de su holding".

En concreto, en la Casa Rosada sospechan que Sergio Nardelli actuó de "mala fe".

Recordemos que la crisis de Vicentín estalló en la unidad de negocio de los elevadores, la parte que declaró el default, pero la compañía sigue trabajando en los otros sectores.

A su vez, el mandatario entendió que detrás de toda esta situación financiera hay un gran conflicto social con los empleados y los proveedores productores que no cobran más allá del Banco Nación, Banco BICE, Banco Provincia, Banco Hipotecario, Banco Macro y Banco Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe tampoco acercó una propuesta viable para solucionar el problema, justifican.

Ahora bien, del otro lado también hay un gran debate. Esto es, la Sociedad Rural Argentina, por ideología e historia, salió al cruce de este anuncio pero ojo: no son pocos los que especulan con las elecciones en septiembre.

"El Estado, a través de la Justicia,  cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y  al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad", lanzó la SRA.

"¿Y qué van a decir? No les quedó otra que ese breve comunicado como un cumplido por las elecciones", fue el comentario generalizado tanto en el campo como en la política.

En tanto, Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO, fue contundente: “Es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona. En ese sentido, el cooperativismo, con su territorialidad y diversidad de economías productivas, está a preparado para fortalecer vínculos con trabajadores tamberos, apoyar al sector lácteo, junto a diferentes actores productivos”.

“Saludamos al interventor Gabriel Delgado, sabemos de sus referencias como profesional. Quedamos a su disposición en esta idea de que el cooperativismo tiene contenido, capilaridad y gestión que aportar“, agregó luego de alertar también por la colisión que se pudiera llegar a generar entre el proceso jurídico legal y administrativo.

Esta mañana (9/06), Fernández, quien es abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, explicó que "el Estado toma las riendas con una lógica que no es la de que expropia y pone un político al frente, sino una empresa gerenciada como fue con YPF, con el rigor de una empresa de mercado".

"No hacemos esto para salvar accionistas, hacemos esto para salvar una empresa. No nos gusta llamarla Ley de Expropiación, nos gusta llamarla Ley de Rescate de Vicentin", enfatizó.

"Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra, no de una empresa próspera", respondió.

El presidente informó que en estos 60 días de intervención ajustarán el proyecto de expropiación, al igual que la diagramación de un plan que apunte a “poner en marcha la empresa financieramente”, algo que “necesita mil millones de dólares de inversión, pero no los necesita de un día para otro”. “Todos los activos del grupo van a formar un fideicomiso. La administración de ese fideicomiso la hará YPF o el Banco Nación, pero el gerenciamiento lo va a tomar YPF Agro. Será el Estado el que tomará la decisión del aporte y concretarlo”, concluyó.