El kirchnerismo festeja y pone a la Justicia en aprietos

El sector ultra K del Gobierno reclama severas reformas en la Justicia desde hace rato, tanto es así que hicieron cambiar de parecer al mismísimo Presidente de la nación, quien antes de llegar a la Casa Rosada no avalaba la ampliación de la Corte Suprema y ahora terminó milita por esos cambios. Para la oposición la Vice está encaprichada con amedrentar a la Justicia y alegan que la "agenda de Cristina" es para "lograr impunidad", mientras que el kirchnerismo asegura que la Justicia necesita modificaciones, por ejemplo en la Corte Suprema, magistrados a quienes incluso tildaron de "mafiosos" y de "defender corporaciones".

Ahora, a un mes de que el Frente de Todos haya logrado -sin la presencia de CFK- la media sanción al proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia que establece llevar la conformación del máximo tribunal de 5 a 15 miembros, el Senado arrancó el tratamiento de un nuevo proyecto con sello K.

Sucede que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que preside el senador cercano a CFK, Oscar Parrilli, inició esta semana el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye "como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo", según la oposición.

La iniciativa es impulsada por el senador Martín Doñate, quien recordemos llegó al Consejo de la Magistratura gracias a una maniobra que la vicepresidenta realizó en el Senado al dividir el bloque oficialista y dejar así por fuera al senador de la oposición Luis Juez.

Según los K, la iniciativa se presentó a partir de un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes están vinculados con causa relacionadas a CFK.

“La idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”, dijo Doñate en su exposición de Comisión.

“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, añadió Doñate en su corta exposición que duró poco más de 10 minutos.

Tras su presentación en comisión, el proyecto fue enviado a asesores, pero los senadores de Juntos por el Cambio quieren que se convoque a jueces, asociaciones de magistrados como representantes del Consejo de la Magistratura para que den su opinión.

“Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”, siguió Doñate para argumentar su propuesta, y siguió: “Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó.

A su vez, el kirchnerista leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció:

“Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.

Y en ese contexto, precisó: “Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”.

A su vez, describió que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.

Por último, la ley estipula que el Consejo de la Magistratura, en un plazo de 45 días, se aboque a determinar cuáles son los casos que se encuadran en la normativa y pasado ese periodo, si no cumple el grado y la competencia material o territorial, esos jueces deben volver a sus cargos originales.

“No son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, sentenció Doñate.

Presupuesto 2023 y Ganancias:

Por otro lado, pero esta vez en la Cámara baja, el oficialismo logró incorporar un artículo en el Proyecto de Presupuesto para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La solicitud fue realizada por el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que "hay que modificar, dentro del rubro de Gastos Tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales".

A su vez, Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.

“Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió en esa línea el diputado kirchnerista Itai Hagman.

El artículo fija que "en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones".

Diputados del PRO y de la UCR dijeron que apoyan la medida, y que no solo los jueces deben estar incluidos en la medida sino "todo el Poder Judicial".