Polémica por el proyecto para que los countries donen tierras para viviendas
El proyecto que Daniel Scioli había descartado el año pasado, es impulsado ahora desde el kirchnerismo. Fue presentado por la diputada del Frente para la Victoria, Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D' Elía y propone que "los desarrolladores inmobiliarios paguen una donación de tierra o en efectivo para viviendas populares".
Diputados bonaerenses presentaron un proyecto de ley "de acceso justo al hábitat" que busca revertir el problema de déficit habitacional existente en la provincia de Buenos Aires mediante la "donación de tierras o efectivo" por parte de los desarrolladores de countries y barrios cerrados.
Así lo explicó la diputada provincial oficialista Alicia Sánchez, esposa del dirigente Luis D´Elía, autora de la iniciativa que solucionaría –según ella– "el gran problema de déficit habitacional que hay en la provincia de Buenos Aires".
"El proyecto contempla la regularización dominial, la producción de suelo urbano y escrituración social", destacó Sánchez, quien resaltó que "en la provincia de Buenos Aires hay mil villas y asentamientos que quedaron de épocas pasadas".
Y agregó: "Lo que promueve este proyecto es la escrituración social de todas estas familias que viven allí hace años; los núcleos habitacionales habría que trasladarlos".
Consultada sobre la nueva obligación que tendrán los desarrolladores en caso de aprobarse la norma, la diputada aseguró que "no tienen que donar nada, tienen que devolver al Estado lo que usufructúan de todas las obras (en las) que el Estado invierte, por ejemplo, en asfalto o equipamiento de servicios y que no devuelven nada al fisco".
"Deberán pagar con una donación de tierra o efectivo que se usará para hacer viviendas populares; como no quieren que los sectores populares les estén cerca, habrá que hacer una inversión en dinero para comprar en otro lado", finalizó.
Por su parte, el desarrollador urbanístico y presidente de Nordelta, Eduardo Costantini, dijo que "en el caso de Nordelta, que fue aprobado por una ley de la provincia de Buenos Aires, es un desarrollo para construir una ciudad y se prevé que hay que ceder un metro cuadrado cada 10 habitantes".
"Esa cesión se hace al Municipio de Tigre, que resuelve qué destino le da: ya sea viviendas, hospitales, escuelas. No es algo nuevo. De cualquier manera, hay que legislarlo hacia adelante", detalló.
Costantini consideró que "esto hay que manejarlo con mucho cuidado y analizar la razonabilidad de la compensación. En los Estados Unidos, cuando un desarrollador pide un permiso de construcción, el municipio del lugar pide un contravalor. Y ese contravalor va destinado al municipio".
"No me parece que se pueda legislar haciendo una diferencia entre un desarrollo privado y uno abierto –finalizó Constantini–. Lo que hay que tener en cuenta es qué efecto positivo da a la sociedad este tipo de urbanización".
# Un viejo proyecto
Daniel Scioli había impulsado un proyecto de tono similar el año pasado. Pero el gobernador había decidido entonces freezar la propuesta ante los cuestionamientos que recibió de parte de los desarrolladores inmobiliarios con actividad en la Provincia.
Los empresarios sostenían hace un año y medio que la idea era refractaria a la inversión de privados y firmas constructoras.
En aquellos días, Scioli explicaba: "Tras décadas de abandono, volvimos a encarar la problemática de la vivienda como una cuestión de estado".
En la apertura de la Asamblea Legislativa 2011 Scioli incluso prometía enviar "a la brevedad" el proyecto de Ley de Promoción de Habitat Popular.
De esa voluntad del sciolismo sólo quedó el proyecto del senador Alberto De Fazio, algo más atenuado que en la letra original. En cambio, el kirchnerismo más concentrado de la Legislatura volvió esta semana a imponer agenda.
La dualidad de criterios en el oficialismo responde a la limitación del gobernador para conducir las bancadas del Frente para la Victoria. También a la necesidad de legisladores de La Cámpora, otros alineados con el vicegobernador Gabriel Mariotto, y aliados extrapartidarios, de construir poder autónomo de Scioli, sólo alineados con la Casa Rosada.
La pulseada es sobre una necesidad: el déficit habitacional. En Buenos Aires hay un millón de personas sin techo propio y más de mil asentamientos sin regularizar. Además del aporte obligatorio de los desarrolladores inmobiliarios, el tratamiento establece normativas de organización territorial y acceso a "la casa propia", aunque no se detalla la contraprestación. No hay capítulo específico sobre las prioridades demográficas de ocupación.
La Provincia tiene 308.000 kilómetros cuadrados. El 67% de su población se concentra en el conurbano, apenas el 2% del territorio total.
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