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REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO

Dos denuncias penales contra Alejandra Monteoliva y Gauna, el comisario de civil

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el comisario Gustavo Gauna fueron denunciados por la represión en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada.

No hubo una sino dos denuncias penales: la primera la presentó la diputada Marcela Pagano; la otra, el abogado Gregorio Dalbón.

La denuncia de Gregorio Dalbón alcanza además a “todos aquellos funcionarios públicos y efectivos de las fuerzas federales que resulten responsables”, ya sea como autores, coautores, partícipes o por las responsabilidades funcionales que pudieran corresponder.

Según sostiene la denuncia, el comisario inspector aparece en imágenes difundidas públicamente vestido de civil, portando un arma larga y efectuando disparos durante el operativo.

“Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva”, sostiene la presentación. También solicita que el efectivo señalado sea apartado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación.

La denuncia pide determinar qué arma utilizó el funcionario, qué munición llevaba, quién autorizó su portación, cuál era la función que tenía asignada y bajo qué órdenes actuaba.

Pero el planteo no apunta solamente contra la actuación individual del comisario, sino que además busca establecer si la presencia de personal armado de civil formaba parte del dispositivo de seguridad previamente planificado y autorizado por las autoridades policiales y políticas o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas.

De acuerdo con la denuncia de Dalbón, alrededor de 820 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura participaron del operativo desplegado en las inmediaciones del Congreso. La presentación sostiene que la manifestación comenzó de manera pacífica y que, con el correr de la jornada, las fuerzas avanzaron sobre los sectores ocupados por los manifestantes.

El operativo incluyó, según se describe, gases irritantes, proyectiles de goma, camiones hidrantes y desplazamientos físicos de personas.

La denuncia también pone especial énfasis en las agresiones sufridas por trabajadores de prensa. “Uno de los aspectos más preocupantes de la jornada fue precisamente la afectación de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban desarrollando su actividad profesiona l”, afirma el escrito.

Entre las personas lesionadas, menciona a una fotógrafa que sufrió un traumatismo craneal durante los incidentes y señala que también fueron difundidos registros de otros trabajadores de prensa que habrían recibido impactos de proyectiles.

Para Gregorio Dalbón, la sucesión de registros audiovisuales demostraría que no se trató de un episodio aislado. “La multiplicidad de registros resulta significativa porque permite advertir que no se trató de un único episodio aislado, sino de una secuencia prolongada de intervenciones policiales”, sostiene.

Alejandra Monteoliva, bajo la lupa

La presentación también pone bajo análisis la responsabilidad de la ministra de Seguridad. El argumento es que Alejandra Monteoliva, como máxima autoridad política de la cartera de la que dependen las fuerzas federales involucradas, debe ser investigada en función de las decisiones adoptadas antes, durante y después de la jornada.

La denuncia aclara, sin embargo, que no plantea una responsabilidad automática de la ministra por cualquier conducta de un integrante de las fuerzas. “Su posición institucional resulta relevante porque la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 atribuye al Ministerio de Seguridad, por delegación del Presidente de la Nación, la conducción política del esfuerzo nacional de policía”, señala.

Por eso, solicita determinar si desde el Ministerio de Seguridad se impartieron, autorizaron o toleraron directivas incompatibles con las normas que regulan el uso de la fuerza. Y hace énfasis en la pregunta acerca de quién autorizó a los policías de civil.

La denuncia pide al Ministerio de Seguridad que informe expresamente si estaba contemplada esa modalidad, cuál era su finalidad y si esos agentes estaban autorizados a portar y eventualmente utilizar armas de fuego durante la manifestación.

Respecto de Gauna, se solicita a la Policía Federal que informe si estaba afectado al operativo, cuál era su función, quién era su superior inmediato y qué autoridad ordenó o autorizó su participación. También pide conocer si tenía asignada un arma de fuego y, en ese caso, qué arma era, su calibre, número de serie, cantidad de munición entregada y registros de eventuales disparos efectuados durante la jornada.

Dudas sobre el arma que portaba Gauna

La presentación invoca la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad, que establece el Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Según la denuncia, esa normativa dispone que las armas deben utilizarse únicamente cuando resulte estrictamente necesario y que las armas de fuego sólo pueden emplearse cuando otros medios no violentos resulten ineficaces y bajo determinadas circunstancias.

Por eso, plantea que si se confirma que Gauna utilizó un arma de fuego mientras estaba vestido de civil y sin identificarse como funcionario, deberá determinarse si se encontraba dentro de alguna de las excepciones previstas por la reglamentación.

“No se trata aquí de sostener que la sola utilización de vestimenta civil torne ilícito el accionar, sino de establecer si, al momento de recurrir al arma, se cumplieron las condiciones sustantivas y formales exigidas por la normativa que regula el empleo de la fuerza”, aclara la presentación.

Cabe destacar que la imagen de Gauna de civil portando un arma se viralizó intensamente en los últimos días, y muchos encendieron alarmas sobre este accionar.

El diputado Esteban Paulón, por ejemplo, fue uno de los que salió con los tapones de punta:

Juan Grabois también salió al cruce:

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FUENTE: Urgente24