Coimas a tours de compras: Escándalo en la Policía Federal

Por disposición del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, personal de la Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo de registro en las oficinas de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y del área de Investigaciones de la Policía Federal en Tucumán. Desplazaron a dos jefes por coimas en tours de compras.

En el transcurso de dicha inspección, se procedió a la incautación de registros y papeles que resultan fundamentales para el avance del expediente judicial.

La causa investiga una presunta maniobra de corrupción mediante la cual efectivos de la Policía Federal, todos oriundos de Tucumán, habrían exigido y cobrado pagos ilegales a conductores de los denominados "tours de compras" que circulaban por rutas del norte argentino.

Allanamientos en la Policía Federal de Tucumán

Dentro del conjunto de elementos decomisados se encuentran el registro oficial de guardias, las anotaciones del sargento de turno, las planillas informativas referidas a las inspecciones en rutas, el estado de las dependencias y las bitácoras de la brigada.

La documentación mencionada será objeto de peritajes por parte de los expertos de Gendarmería, con el propósito de examinar en detalle los movimientos de los uniformados implicados y verificar la existencia de anomalías o ilícitos internamente en la sede policial.

La acusación apunta al montaje de una red de corrupción para cobrar coimas a los tours de compras que ingresan desde Bolivia con gran cantidad de mercadería de contrabando.

Coimas en tours de compras

Este procedimiento guarda relación directa con el expediente que involucra a siete integrantes de la Policía Federal que prestaban servicios en Tucumán. Los imputados se encuentran bajo arresto, señalados por percibir sumas ilegales de dinero a cambio de facilitar el tránsito libre a contingentes de compras, pasadores de mercadería y rodados que trasladaban productos ilegales.

Estas maniobras se concretaban en un retén de verificación situado en la localidad santiagueña de Rapelli, un punto vial clave para el tránsito de cargamentos provenientes del territorio boliviano.

Las pesquisas judiciales permitieron corroborar que los sospechosos contaban con un esquema arancelario predeterminado para el cobro de las dádivas. De acuerdo con las pruebas recolectadas, los micros vinculados a los tours de compras debían entregar sumas cercanas a los $100.000, al tiempo que se exigían importes variables a camionetas, furgones y autos particulares para eludir las requisas correspondientes.

Al respecto, el mecanismo ilegal fue desarticulado por medio de una entrega controlada en la que se emplearon billetes marcados por las autoridades judiciales, los cuales fueron descubiertos posteriormente entre los fondos secuestrados durante los allanamientos.

Los siete efectivos de la Policía Federal Argentina, detenidos en el departamento Pellegrini por presuntas coimas, negaron los cargos en sus primeras declaraciones y atribuyeron su caída a una supuesta “interna de fuerzas”.

Dos jefes fueron desplazados

A raíz de los acontecimientos y en consonancia con la investigación de los tribunales, las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina resolvieron remover de sus cargos y pasar a situación de disponibilidad al director del Departamento de Investigaciones Federales de Tucumán junto a la máxima responsable de la DUOF de esa misma provincia, medida que se mantendrá mientras se evalúa si tuvieron alguna participación o negligencia en los hechos.

A través de la reciente inspección en el edificio policial de Tucumán, la fiscalía y el juzgado intentan esclarecer si la red de cohecho operaba con el consentimiento, la complicidad o el amparo de los mandos superiores de la institución, así como también descubrir si hay más funcionarios implicados en la maniobra delictiva.

Avanza la investigación judicial

Vale remarcar que la causa permanece bajo secreto de sumario en varios de sus aspectos y las próximas diligencias estarán orientadas al análisis de la documentación secuestrada, la toma de declaraciones y la producción de nuevas medidas probatorias que permitan determinar las responsabilidades penales de los imputados.