Un informe de Amnistía Internacional reveló compras millonarias de software y drones para espiar a la población: "El control estatal afecta la libertad"
El concepto de tecnoautoritarismo asociado al gobierno de Javier Milei tomó gran relevancia en el debate público debido a un reciente y crítico informe de Amnistía Internacional, así como a las controvertidas alianzas internacionales del mandatario con magnates tecnológicos de Silicon Valley.
Amnistía Internacional presentó un informe sobre el despliegue de una infraestructura de vigilancia y videovigilancia masiva en Argentina. Según reveló la organización no gubernamental, la combinación de inteligencia artificial, reconocimiento facial, drones y ciberpatrullaje consolida un modelo de tecnoautoritarismo que amenaza la privacidad, la libertad de expresión y la protesta pacífica en el país, publicó Wired.
Este modelo de control guarda una correlación directa con la teoría del panóptico, la estructura arquitectónica ideada por Jeremy Bentham y conceptualizada por Michel Foucault, donde la sola posibilidad de ser observado de manera ininterrumpida condiciona la conducta individual. Al trasladar esa lógica al plano digital, el despliegue de drones, reconocimiento facial y ciberpatrullaje transforma al espacio público en una prisión invisible a cielo abierto.
La incertidumbre constante sobre cuándo se efectúa el monitoreo provoca que los ciudadanos internalicen la mirada inquisidora del Estado, autolimitando su libertad de acción y generando una obediencia preventiva que desarticula la protesta social sin necesidad de ejercer la fuerza física directa.
El documento titulado Estado de vigilancia analiza las políticas de seguridad implementadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. La investigación detalla la reforma de estructuras de inteligencia y la incorporación de tecnologías destinadas a recopilar, cruzar y analizar datos personales. Matt Mahmoudi, especialista de la ONG, afirmó que estas herramientas integran una infraestructura de control estatal utilizada para perseguir la disidencia, disuadir movilizaciones y acosar a sectores marginados sin contrapesos institucionales ni rendición de cuentas.
El Ministerio de Seguridad Nacional destina recursos millonarios a contrataciones tecnológicas. Entre las herramientas adquiridas figura la licencia de Maltego para análisis de redes sociales, el software Clearview AI para reconocimiento facial y unidades de drones para transmisión en vivo. En la Ciudad de Buenos Aires la red de cámaras alcanzó una cobertura del 82 por ciento con miles de puntos de captura. Además, el protocolo antipiquetes y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad sistematizan información sobre manifestantes y organizaciones.
El informe advierte sobre el efecto inhibidor que altera el comportamiento de la población ante la percepción de monitoreo permanente. Tras entrevistar a periodistas, activistas y jubilados, la entidad registró prácticas de autocensura, mayor cautela en las comunicaciones y una menor disposición a participar en el espacio público. Esta tendencia local refleja un patrón global donde diversos Estados emplean tecnologías avanzadas para perfilar ciudadanos y limitar el ejercicio de los derechos humanos sin supervisión independiente, según publicó Wired.
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