LA INFLACIÓN, UN ACERTIJO

La puja paritaria pasa por el salario perdido

El gobierno evitó de llamar al Congreso a sesiones extraordinarias, de tratar leyes con reformas como la previsional y ahora intenta dilatar las convenciones colectivas de trabajo reemplazándolas por incrementos trimestrales a cuenta hasta tanto se esclarezca cómo sigue la inflación. Ya rebalsada la pauta del 23%, ahora los tarifazos fijaron un piso del 3% mensual, en pleno período sabático del dólar, y nadie confía en que bajará algún escaloncito. Los sindicatos rechazan el argumento y aducen que ya los fraccionamientos del pago de los acuerdos paritarios en 3 o 4 veces al año y la postrer revisión del poder adquisitivo de por sí los tornan transitorios. Los que corrigieron y aumentaron en verano con esa regla de juego fueron bancarios, aceiteros, encargados de edificios y empleados de asociaciones deportivas. Pero las patronales resisten continuar con el sistema que indexa hacia atrás y estima hacia adelante, para después repetir el ciclo, y fijaron la posición de arrancar de cero con la negociación de 2019, o sea que el 14,3% promedio resignado en los salarios del año pasado no sea reintegrado, sino que tome como base el 30% del último Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) que las consultoras entregaron al BCRA. En el porcentaje hay más o menos coincidencia con la pretensión de la mayoría de los grandes gremios, ya manifestada por mercantiles, metalúrgicos y estaciones de servicio, entre los principales. El gobierno elige como leading case la paritaria docente, cuyo marco y límite es la inflación que espera bajar a partir de mayo. ¿Y si no?

Patronales y trabajadores deberían empezar a discutir paritarias para todo un año en el medio de un mar de incertidumbres.

Entre las principales:

-un piso de inflación instalado en el 3% mensual, que el gobierno insiste en que bajará después de los tarifazos del 1er. trimestre,

-la espada de Damocles cambiaria preelectoral sobre la cabeza de la economía,

-qué hacer con la parte del salario que se comió la inflación en 2018 y cómo empalma con lo que se negocie este año, y

-una tendencia generalizada a la zozobra laboral por la sucesión de despidos y suspensiones.

La pauta de crecimiento anual de los precios del 23% con que se elaboró el Presupuesto Nacional de 2019, sobre la cual en diciembre se anticiparon convenios con los gremios de los encargados de edificios, del personal de entidades deportivas y aunque en forma condicional, al estar atados a un retroactivo por ajuste de 2018, los de aceiteros y bancarios, sucumbió prematuramente frente al 2,9% del IPC en enero, más otro tanto que proyecta para este mes, con lo que el medio millar de sindicatos que participan en la ronda salarial institucionalizada se puso en guardia.

Del lado empresarial, 118 grandes compañías encuestadas por SEL Consultores fijaron posición al coincidir con la inflación que refleja el Relevamiento de Expectativas (REM) del Banco Central (BCRA) que, en su última entrega, proyectó en 28,5%, y estipular que el aumento de salarios para los trabajadores bajo convenio sea del 30%, mientras para aquellos empleados jerarquizados o fuera de convenio, del 29%.

Esta teórica propuesta salarial de tablas, como en ajedrez, entre precios y salarios en 2019 significa que las patronales pretenden que se consume un borrón y cuenta nueva respecto del resultado de 2018.

Arrancar de cero sería para los mercantiles o el personal de maestranza y de seguridad privada asumir el recorte en términos reales entre 1 y 2 puntos, que se eleva a casi 3 puntos en el caso de camioneros, metalúrgicos, alimentación y comidas rápidas, de -4 en químicos y casi -8 textiles, salud, calzado, restaurantes y hoteles y Administración Pública Nacional. Y prácticamente -11 estatales y construcción.    

El empalme entre la paritaria cerrada al comienzo y la revisión final suscripta en la anterior oportunidad hizo que aceiteros, bancarios, encargados de edificios y empleados de asociaciones deportivas, que le ganaron al IPC (en el caso de los 2 primeros) o le empataron sobre la hora, pudieran arreglar la cuenta pasada y adelantarse a seguirle la corriente al gobierno con la pauta original. Total, sería ad referéndum de lo que suceda a la postre.

Viejo zorro como para fumarse el intento de un “pelito para la vieja” patronal, el gastronómico Luis Barrionuevo se plegó a la ola de los que no quieren empezar a hablar del aumento de este año sin que antes se haya acordado la cláusula de revisión del anterior.

Pide 20 puntos para complementar el 25% que llevaban recibido, más el bono de fin de año de $ 5.000, y la parte empresaria ofrece prorratear un incremento que incluya 2019 totalizando el 50%, con lo que tácitamente se estaría arreglando el nuevo en torno del 30%.

Es el mismo porcentaje que tiraron en la previa de las mesas de discusión los mercantiles, los educadores privados y las estaciones de servicio, a cuyo frente se encuentra uno de los miembros del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña.

De algún modo, ofició de respuesta al tanteo del gobierno para ver si, en lugar de paritarias con cláusulas gatillo, se pudieran pactar ajustes a cuenta a fin de no mezclar el contenido de los reclamos salariales con las expectativas electorales, como propuso.

La central obrera sostiene que ya con el actual sistema los pagos de hecho son a cuenta, al dividirse en tramos trimestrales y por ello aspiran a ir revisando en ese lapso la carrera precios-salarios.

Otra vez sopa

El 2,9% en el IPC de enero, que en el interanual establece un ritmo de inflación del 49,3%, encendió las alarmas y, tras la nueva escala para el transporte que acaba de entrar en vigor, todo parece indicar que en febrero se afirmará como nuevo piso.

Hasta el propio Banco Central ratificó la señal, al subir otra vez la tasa de interés que venían en descenso desde que planchó al dólar.

La aceleración al IPC que se imprimió desde el propio gobierno con la tanda de tarifazos en los servicios públicos concentrada en el 1er trimestre descolocó a la dirigencia gremial ante la inminencia de las paritarias, ya que aún no terminaron de digerir los 11 puntos de poder adquisitivo de los salarios perdido, la caída más importante desde 2002.

Peor da el terreno resignado si, como hizo en una encuesta que realizó el mes pasado la consultora SEL entre 118 grandes compañías, se incluye en la ponderación al personal fuera de convenio, con lo cual el promedio de ajuste con los convencionados del año pasado se elevó al 33%.

En consecuencia, como la inflación fue en el mismo lapso del 47,6%, el salario real le terminó bajándole 14,3% al conjunto de los trabajadores: los 13 millones registrados más los 4,5 informales.

Un relevamiento publicado en BAE Negocios puntualiza que el convenio de la UOM había quedado el año pasado 7 puntos debajo del resultado final de inflación, en un agudo contexto recesivo en el cual calculan 20 mil puestos de trabajo en riesgo, en el marco de 55 mil bajas sufridas desde que asumió Mauricio Macri la Presidencia.

Con varias patronales del sector al borde del nocaut temen que llevar en marzo un 30% a las convenciones colectivas de este año podría significar un golpe de gracia para muchas de ellas, con el riesgo latente de desocupación que trae aparejado.

Las mesas sectoriales, en este sentido, podrían constituirse en una instancia moderadora que diferencie entre las empresas que pueden afrontar ese nivel de aumento de las que no, dado el buen entendimiento que existe entre las partes.

El sindicato de Comercio, que viene de conseguir hace poco una extensión del convenio de 2018 que lo situó finalmente entre los que equipararon a la inflación, se apresta ya para sentarse de nuevo a discutir con las entidades empresarias sobre la base del REM.

El 1,2 millones de afiliados está pendiente de que se obtenga el 30% que llevan las huestes de Armando Cavalieri y de lo que el eterno dirigente mercantil obtenga del gobierno para ayudar a meter la firma dentro de ese porcentaje.

El ministro de la Producción, Dante Sica, es consciente de que el 23% que anunció con bombos y platillos antes de culminar el año pasado el gobierno mismo lo transgredió y, como en el automovilismo, aspira a controlar el derrape para que no se vaya más allá del 30% que los amigos del sindicalismo presentaron como estandarte.

En esta etapa, en realidad, también todos están pendientes de la crónica de una derrota anunciada que porta como una imaginaria pancarta la gobernación bonaerense, en el marco de la propuesta salarial a los docentes, en el cual la inflación (aunque no se sabe si la presupuestada, la actualizada o la esperada por la Administración Macri) constituirá el marco y el límite.

El rival de una María Eugenia Vidal, cuya imagen viene devaluada en las encuestas, Roberto Baradel, precalienta la contienda en un rincón del ring como los boxeadores que se sienten vencedores antes que suene la campana.

Los estatales nacionales, sin embargo, tienen puestas las barbas en remojo a la espera de lo que UPCN consiga recuperar respecto del 35% más el bono de $5.000 del año pasado que cobraron, a partir de la buena relación que cultivan con el gobierno de Macri.

Especulan con que el jefe de Gabinete Marcos Peña, responsable de la campaña, tenga necesidad de incluir el peso de los votos en las muy ajustadas cuentas que administra y les abra un poco más la mano si logra que el FMI acepte, finalmente, que el déficit no sea tan 0, como pretendía el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y deje algún margen para repartir migajas al personal, a los beneficiarios de planes sociales y evitar algún pase de subsidios a tarifas.

Otros gremios que esperan lo que vendrá, satisfechos con los acuerdos trimestrales compensatorios que arrastran, son ferroviarios (transporte de pasajeros), aeronavegantes y trabajadores de la carne.

En la construcción, salvo los que trabajan para las firmas contratistas que participan en obras de la virtual precampaña electoral de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, viaducto del Mitre, Paseo del Bajo y calles y veredas por doquier, los demás se hallan más familiarizados con las planillas de cobro por desempleo que con los cascos amarillos.

Pese a los cuadernos, al recorte de obras públicas en el Presupuesto Nacional, al estancamiento de los PPP por el riesgo país que puso el costo del financiamiento por las nubes, la UOCRA consiguió un 37%.

Presionar a los empleadores para que blanqueen las plantillas, como plantea lanzar el gobierno con el objetivo de mejorar la cobranza de aportes previsionales, podría servir a los sindicatos para reforzar sus arcas con más fondos por los ítems que figuran en los sobres de sueldo, con el riesgo de que los empresarios que no lo acepten tengan una excusa para dar por terminadas las formas precarias de contratación con las que abarataban costos.

Enterate de todas las últimas noticias desde donde estés, gratis.

Suscribite para recibir nuestro newsletter.

REGISTRATE

Dejá tu comentario