Inevitable: Bullrich & Ritondo deberán replantear el esquema

Definitivamente, la Administración Macri ha subestimado la herencia recibida. Esto fue verificable en la macroeconomía -9 meses después sigue sin conocerse el bendito plan, apenas hay una idea muy vaga de que se propone "regresar al mundo"- y en la seguridad pública -los dramas cotidianos se multiplican, hay reclamo popular y también enojo por falta de respuestas-. Los 24 casos de justicia por mano propia que se han acumulado en 2016 demuestran la grave situación que se agrava a diario.

No se trata de reformar las legislaciones sobre penalizaciones a la delincuencia, porque ya son severas aún cuando todavía no se haya reducido la edad de la imputabilidad de un delito, sino de conseguir enfoques disuasivos exitosos en un escenario en el cual los delincuentes no se sienten intimidados por las fuerzas de seguridad con las que tienen que lidiar.

Esto es muy notable en Provincia de Buenos Aires, que tiene la fuerza de seguridad más numerosa pero también más inútil del país. La gobernadora María Eugenia Vidal creyó que podía gestionar la situación y aceptó, inicialmente, la propuesta de transición ordenada que le propuso su ministro Cristian Ritondo, quien había acordado con su predecesor, Alejandro Granados, en el marco del peronismo que los incluye a ambos.

La Triple Fuga que ocurrió durante el verano derribó esa posibilidad pero la respuesta de la Administración provincial pasó más por una reestructuración del organigrama, o sea el maquillaje, que por una reforma profunda de su propuesta de seguridad a los ciudadanos.

En tanto, el gobierno de Mauricio Macri decidió retirar del territorio bonaerense a las fuerzas federales, en especial a los gendarmes, quienes regresaron a sus destinos en las fronteras. Es cierto que la Gendarmería Nacional tiene en el cuidado de las fronteras terrestres su motivo de creación. Pero en aquellos días no existían los problemas de seguridad que se acumulan hoy en la sociedad urbana. Y las fuerzas federales tienen una credibilidad entre los ciudadanos provinciales que no acompaña, por ejemplo, a la Policía Bonaerense.

El asunto es muy complejo porque es correcto el reclamo de los intendentes municipales para que regresen gendarmes, prefectos y federales. Pero también lo es el punto de vista de la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: si Provincia de Buenos Aires tiene la fuerza de seguridad más numerosa del país, y además hay policías locales, no es lógico el despliegue de fuerzas federales que tienen una misión diferente. Bullrich dice que deben reformular las propuestas policiales provincial y municipales. No obstante, también es verdad que nada de esto es posible de ejecutar en el cortísimo plazo. De todos modos, para darle la razón a los críticos, nada importante se hizo en 9 meses y el tiempo sigue transcurriendo.

La reforma policial bonaerense se convirtió en un tema de puja político-partidaria entre Cambiemos y el Frente Renovador, mientras la gente se muere en las calles. Esta situación provoca enojo porque no se resuelve el problema de la sociedad y la tragedia deviene en frivolidad.

La gobernadora Vidal debería prestarle más atención porque esto ya no se trata de si Pablo Bressi, el jefe de la Bonaerense, es corrupto u honesto. La opinion de quienes conocen de seguridad es que, hasta la fecha, no se trabajó en función de garantizar un mayor poder disuasivo en la calle.

Es verdad que el Poder Judicial tiene su importancia en todo el tema, en especial porque jueces y fiscales entrecruzan filosofías diferentes acerca del Derecho Penal, y ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos Aires ha demostrado ni valentía ni organización ni inteligencia en establecer un marco conceptual que resulte de referencia para las instancias judiciales inferiores.

También es cierto que para los Kirchner, el tema de la seguridad era tabú, el reclamo era una bandera de la derecha o, peor aún, "de los fachos", deformándose durante más de 10 años conceptos esenciales como el que establece que todo crimen debe tener un castigo.

Pero todo esto sólo confirma que es un problema complejo, multisciplinario y requiere de una respuesta integral, lo que no ha ocurrido aún.

Y la situación trasciende a la Provincia de Buenos Aires. El caso de la Provincia de Santa Fe es conocido. Es correcto el reclamo de una Administración socialista tan parecida a los kirchneristas en el enfoque de la seguridad de los ciudadanos, pidiendo con urgencia fuerzas federales. Pero también es comprensible la posición de Bullrich de que no concederá fuerzas federales a destajo si no puede auditar el comportamiento de la policía provincial, cuya ineficiencia provoca el pedido de efectivos a la Nación. En especial cuando hay numerosos ex jefes policiales acusados de convivencia con la delincuencia.

Pero entre los dimes y diretes, las necesidades de los ciudadanos quedan insatisfechas. Y esto es inadmisible. En definitiva, van 300 gendarmes que ubicados en 3 turnos de patrulla son magros 100 efectivos en la calle.

Frente a un año electoral tal como el que se avecina, la Administración Macri debería prestarle más atención al tema porque puede ser mucho más gravitante que la economía.

Sin embargo, las fuerzas federales tampoco son infalibles. De hecho en Zárate, la localidad del conflicto de moda, hay denuncias de efectivos de Prefectura involucrados en irregularidades y en un descontrol de narcotráfico y otras mafias, con la participación de gente local y paraguayos que trafican en la Hidrovía.

Hace 2 años en Zárate se robaron un avión del aeroclub local como si se llevaran un automóvil. Y no ocurrieron consecuencias. El ejemplo permite comprender la envergadura de las mafias que han crecido pese a que la ex SIDE hoy AFI tenía una oficina especial en el área Zárate-Campana, donde subrogaba la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Por lo tanto, la idea de que las fuerzas federales son la solución no necesariamente es correcta, aunque es cierto que ante la nada puede resultar un auxilio.

En verdad, la respuesta consiste en que las autoridades dejen de hacer lo políticamente correcto para comenzar a ejecutar lo que corresponde. Y esto siempre es harto difícil porque nadar contra la corriente es dificultoso.

Pero la respuesta no será traer una empresa china para que realice un oneroso relevamiento, y no es un asunto que pase ni por la tecnología ni por el equipamiento especial sino en utilizar en forma apropiada los recursos básicos disponibles. Mientras tanto, seguirá empeorando la situación.