CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El fiscal federal cordobés, Enrique Senestrari, quien interviene en la causa de la financiera Cordubensis (CBI), dialogó con Cadena 3, y evitó pronunciarse sobre si apelará la decisión del juez Ricardo Bustos Fierro de no apartarse del caso, y destacó que ahora "el magistrado entregará la prueba a la Fiscalía".
DEBATES POR LA CAUSA DE LA FINANCIERA CORDOBESA
Reclaman que Bustos Fierro se aparte de CBI, pero él se negó
El juez federal Nº 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, rechazó apartarse de la causa de la financiera Cordubensis (CBI). Fue en respuesta al pedido del fiscal federal Nº1, Enrique Senestrari, quien lo había solicitado a raíz de una foto en la que el magistrado aparece en una fiesta con Euclides Bugliotti, mencionado en el caso. Bugliotti se encuentra vinculado a CBI desde el inicio de la ex entidad financiera. Por su parte, el abogado del titular de CBI, Carlos Palacio Laje, dijo a Cadena 3: “Me alegro que así sea, porque originariamente pensábamos que la foto era muy reciente, y la foto tiene casi 13 años. Me alegro que le juez continúe en la causa, es un excelente magistrado estábamos haciendo una instrucción buena”, agregó.
28 de marzo de 2014 - 00:00
Una fuerte controversia judicial en torno a quién se queda con el “timón” de la causa se plantea a partir de la negativa del juez Bustos Fierro de apartarse ante los cuestionamientos por una fotografía en la que aparece junto al titular del grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti.
La disyuntiva parece plantearse ante el hecho de que el empresario no está imputado en la causa, pero aparece mencionado.
Bustos Fierro justificó su rechazo en un comunicado que distribuyó a la tarde: “No tengo amistad íntima, ni siquiera trato frecuente con el señor Euclides Bugliotti”.
El magistrado puntualizó que “la foto que se esgrime fue tomada en un festejo multitudinario organizado por la revista Punto a Punto hace más de 12 años y no tiene más significado que el de una mera circunstancia sin ninguna trascendencia”.
“En tal situación, no podría en modo alguno inferirse de dicha reproducción la afectación del principio de imparcialidad”, agregó el juez.
“Desde esta perspectiva, la recusación así formulada deviene sustancialmente improcedente”, finalizó.
Senestrari reconoció que “lo positivo es que Bustos Fierro permitió el acceso a la prueba recabada durante los allanamientos”.
Con lo que tampoco estuvo conforme Senestrari es que el juez volvió a rechazarle el pedido de detención del principal imputado y presidente de CBI, Eduardo Rodrigo.
“Veníamos con problemas muy serios de acceso a la prueba, porque la tenía el tribunal y llevaba un proceso de desintervención muy lento”, explicó el fiscal.
Senestrari continuó: “Lo que vamos a hacer ahora es invertir el proceso: vamos a poner una cantidad grande de gente de Afip a colaborar y le vamos a dar un impulso muy importante a la investigación, porque vamos a poder manejar esa prueba nosotros, como correspondía desde el comienzo”.
“El juez disponía un trámite que a criterio de la fiscalía no era el que requería esto. Necesitamos, en una causa de tanta complejidad y alarma social, manejarla con tiempos más veloces”, consideró.
El fiscal añadió: “Notificaremos a las defensas y haremos un proceso de intervención más rápido del que se venía haciendo y de ahí vamos a poder sacar datos más concretos de cuántos son los hechos y quiénes son las personas involucradas, de las que tanto se habla sin poder probarlo, porque no podíamos ver la prueba”.
Además, Senestrari señaló que no se ampliaron las imputaciones, pero hay muchas personas que son nombradas y señaladas.
La próxima indagatoria a Eduardo Rodrigo, titular de CBI, la decidirá el juez Bustos Fierro.
Por otra parte, el fiscal federal dijo que le envió, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac), “un oficio al intendente de Córdoba (Ramón Mestre), pidiéndole que remita documentación relativa a Red Bus, por el contrato con Siemens; relacionado con CBI y con otra empresa más, para manejar lo que era la recaudación de tarjetas de transporte”.
Mestre
El juecismo denunció que, luego de asumir como intendente de Córdoba, en diciembre de 2011, Ramón Mestre modificó el contrato original que el municipio había celebrado con SiemensIT Solutions and Services por la recaudación del transporte.
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Originalmente, el contrato se realizó en agosto de 2011, cuando era intendente Daniel Giacomino. En ese momento, dicen los juecistas, se pactó que la Municipalidad le pagaría a la empresa un canon del 8,47%. “Ahora Mestre ‘celebra’ que lo bajó al 6,92%”, dijo Ernesto Martínez, titular del Frente Cívico.
En la cláusula 3ra. de la adenda que realizó Mestre, según Martínez, se “dispuso un cambio clave”.
“En el contrato original, Siemens IT debía depositar la recaudación de los usuarios dentro de las 24 horas hábiles, y por la reforma se prorrogó el plazo hasta las 72 horas hábiles, con lo cual si se depositaba un miércoles, se disponía de cinco días para hacer trabajar el dinero de la gente en el circuito informal”, interpretó Martínez.
“Además, redujo 135 bocas de cargas de tarjeta, con lo cual la firma abarató muchísimo los costos. Así, el 1,5% de ahorro que presentó Mestre se licuó porque el servicio que comenzó a prestarse desde que llegó Mestre es de inferior calidad”, prosiguió.
Una copia de la adenda del contrato (reforma) denunciada fue presentado anoche por el senador nacional Luis Juez al programa Hora 25, de Canal C, en la capital cordobesa.
El subsecretario de Transporte del municipio, César Ferreyra, negó categóricamente la denuncia del juecismo y recalcó que “se bajó la comisión porque el servicio era muy caro”.
“Giacomino pagaba una suma exorbitante y fue reducida de manera considerable”, precisó el funcionario mestrista.
También indicó que se bajaron las bocas de expendio porque eran muy difíciles de mantener y se pidió a la empresa que las reemplazara por bocas automatizadas.
Sobre la postergación del plazo de depósito, dijo: “La empresa tiene 72 horas hábiles para depositar, pero todo lo que recauda por día lo tiene que entregar”.
Explicó, en ese contexto, que si los juecistas tienen pruebas que las lleven a la Justicia. “Si no pueden probar los ilícitos que denuncian, los que cometerán delito serán ellos”, recalcó Ferreyra.
Por otro lado, aseguró que “nunca” la reforma del contrato original realizada a través de la adenda tuvo carácter secreto. “Eso es mentira y la reforma fue rubricada por un decreto del intendente”, precisó el subsecretario de Transporte mestrista.
Juzgó que el planteo del Frente Cívico es “político”, tras lo cual volvió a cargar contra el exintendente Giacomino por el alto porcentaje que pagó el municipio a la empresa.
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