¿"Democratizar" la Justicia significa juicios por jurados?

¿En qué sentido podría avanzar el Gobierno para "democratizar" a la Justicia, tal como propone la Presidente? El debate que parece colarse es, en principio, el del juicio por jurados, algo que garantizaría la participación de la ciudadanía en los procesos judiciales.

El juicio por jurados fue incluido en la reforma de la Constitución de 1994. En el capítulo de la Carta Magna correspondiente a declaraciones, derechos y garantías, se establece en el art. 24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.

Por su parte el art. 75 inciso 12 determina, como una facultad del Congreso, “Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados”;

Finalmente, y en relación a las atribuciones del Poder Judicial, el art. 118 reza: “Todos los juicio criminales ordinarios, que no se deriven del despacho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego de que se establezca en la República esta institución".

En el Congreso la discusión está abierta. En agosto último, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados recibió a especialistas para debatir el tema. En Córdoba ya se aplica y ahora la Legislatura de la provincia de Buenos Aires se apresta a aprobar una ley en ese sentido.

Un impulsor de este sistema judicial es la Asociación por el Juicio de Jurados. Su titular, Héctor Granillo Fernández, sostiene que "ha llegado un punto en la sociedad en que, por un doble camino, surge modificar la Justicia no participativa, no creíble por una parte del Pueblo, por un lado, y por el otro, dar cumplimiento del mandato constitucional del sistema republicano".

Para Granillo Fernández, en el juicio por jurados "la justicia participativa es lo más importante". "El pueblo está ávido de participar, esto se demuestra en la experiencia cordobesa, donde ha habido respeto y participación popular", aseguró en declaraciones a Radio Provincia. De acuerdo al titular de la asociación, en este sistema "es el pueblo que debe deliberar en ciertas condiciones que garanticen ciertos valores, y cierto respeto. No se le permite la arbitrariedad, el sí porque sí, o el no porque no".

"Implementar el juicio por jurado -en la versión anglosajona, no escabinada (se mezclan jueces y jurados para dar el veredicto)- es una garantía constitucional en el proceso penal. Amplía la publicidad, profundiza la oralidad y significa mejor servicio de Justicia. Además de ser un derecho político -hasta ahora negado- a participar en la aplicación de la Ley y una puerta de acceso a un Poder Judicial que usualmente resulta oscuro, opaco y distante de la sociedad" consideró por su parte, el al profesor de Derecho Constitucional Lucas Arrimada (UBA, UP).

En tanto, en declaraciones al sitio Infonews, Leandro Halperín, especialista en derecho carcelario e integrante del Consejo Directivo de la UBA sostuvo: "El Congreso está en mora con la Constitución Nacional. En primer lugar, porque la Constitución, con sabiduría, prevé la participación popular, entre otras cosas, en la resolución de los conflictos judiciales. Y esto no es azaroso: el caso de Marita Verón es claro para demostrar cuándo se necesita que el pueblo participe de las decisiones trascendentes y que se utilice el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. No se puede esconder del interés del conjunto la participación en cómo se llega a la resolución de casos de enorme trascendencia como este".

Sin embargo, no son todas voces a favor. Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema y una figura de consulta del Gobierno Nacional, está en contra del sistema que por estas horas se discute en la provincia de Buenos Aires. En recientes declaraciones, el magistrado aseguró que el sistema de juicios por jurados "no tendrá un efecto positivo" y propone, en su lugar, “un tribunal mixto integrado por tres jueces técnicos y dos ciudadanos”.

“El jurado tradicional de USA no funciona tampoco. Es mentira eso que vemos por televisión. En el 96% de los casos en USA se resuelve por juicio abreviado. Es decir se negocia por así decir y tiene un carácter extorsivo”, expresó en declaraciones a BA noticias.

Tal como expresara en otra oportunidad, Zaffaroni encuentra en el juicio por jurados un inconveniente técnico que es que no se puede distinguir del todo la cuestión de hecho de la cuestión de derecho. Para el magistrado, en ese sistema nadie puede decidir si hubo o no una legítima defensa, un estado de necesidad, un error invencible de algún tipo o una incapacidad psíquica, si no sabe lo que es. "Y eso no se explica en cinco minutos por el juez", señaló.

Zaffaroni afirmó a BA Noticias que “si bien nuestra Constitución 3 veces establece que debe haber juicio por jurado también es cierto que incorpora la declaración Americana de Derechos Humanos y exige el doble conforme. Es decir que haya por lo menos dos instancias, y que la segunda sea de revisión y es incompatible con el juicio por jurados que emite un veredicto sin fundamentarlo.”

“No se puede interpretar la Constitución como un texto autocontradictorio. De modo que el sistema mixto es el mejor”, agregó.

Otro de los que critican este sistema es el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Walter Martello, en medio del debate en la provincia por su aplicación. "En este país se presiona a los jueces, imaginémoslos a los jurados”, ironizó en declaraciones al sitio Infocielo.com, tras lo cual remarcó que puede existir “presión política, la presión policial y delictual”.

Y remarcó el ejemplo de Julio López para graficar aún más la cuestión: “Buenos Aires no pudo proteger al testigo de una de las causas más importantes, ¿vamos a poder proteger a 20 testigos para que no sean influenciables en el sentido de los miedos y prejuicios en causas complicadas? Sobre todo en los que tienen raigambre en la relación estrecha entre delito y policía” en la Provincia.