€60.000 MILLONES, EN JUEGO

Anulado el tratado fiscal, las españolas amenazan con quebrar a sus socios locales

Debido a la decisión del gobierno de Cristina Fernández de terminar con el convenio de doble imposición, que las priva de pagar impuestos, las empresas españolas buscarán que la mandataria habilite un nuevo acuerdo y de lo contrario advierten que el primer recorte lo harán con "los prestadores de servicio del país". A la par, desde el Gobierno español piden "una compensación adecuada" a Repsol por el proceso expropiatorio, para que las relaciones bilaterales vuelvan a la normalidad.

 
El acuerdo "de doble imposición" entre Argentina y España, como se lo conoce, data de 1992 y consiste en evitar que los capitales alguno de esos países que invierte en el otro se vea obligado a pagar impuestos similares en las dos jurisdicciones. 
 
Tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero a través de un decreto del 29 de junio Cristina "lo denunció", como se dice cuando un país se retira formalmente de un acuerdo bilateral.
 
El asunto preocupó y mucho al gobierno español por el impacto que puede generar en compañías al aminorar el impacto de la crisis europea con sus ganancias en el país.
 
Telefónica es un ejemplo. El miércoles suspendió sus dividendos del 2012 y anunció un duro recorte de sueldos de sus consejeros y directivos. Para el año que viene podría tomar acciones similares en Argentina.
 
El Gobierno ya había desechado un acuerdo similar con Chile, siempre con el objetivo de sumar más dólares a sus arcas. 
 
A diferencia de esos países, Argentina no tiene una gran cantidad de empresas que considere estratégicas y que puedan verse afectadas por sus inversiones en el exterior, eventuales objetos de medidas espejo. 
 
Por eso, fuentes del empresariado español dijeron al sitio 'La Política Online' que su réplica será con los socios locales. "No sólo quedarán afectadas las empresas españolas. Hay muchas prestadoras de servicios, personales o Pymes, que se verán perjudicados si no se renueva el convenio", anticiparon, dando a entender que serán esos sectores los primeros en sufrir una nueva carga impositiva. 
 
Los capitales españoles concentran en Argentina una inversión neta acumulada cercana a los €60.000 millones, según cálculos de las distintas asociaciones que los agrupan, donde contabilizan unas 300 compañías de primer nivel en el país. 
 
Los principales son Telefónica, el Banco Francés, Codere y Dycasa entre otras. "No nos quedaremos quietos. En estos seis meses pediremos un nuevo convenio", anticiparon.
 
Igual que en el debate por la estatización de YPF, los españoles centrarán su defensa esgrimiendo posibles castigos económicos como sería la quiebra de los proveedores locales.
 
En el caso de la petrolera la estrategia no funcionó: el gobierno de Mariano Rajoy anunció que suspendería las compras de biocombustibles argentinos pero nunca frenó esos embarques por la sencilla razón que el precio argentino era sensiblemente inferior. 
 
"Habría que ver cuánto representa fiscalmente a Argentina denunciar a este convenio, frente al riesgo de perder inversiones. En algunos casos va a ser sólo un empujón para que se vayan", advirtió el tributarista Luis María Peña en diálogo con el mencionado sitio.
 
En cuanto a la "empujada" Repsol, desde el Gobierno español volvieron a pedir una "compensación" para volver las relaciones a la normalidad.
 
Fue el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, quien aseguró que su país está abierto a reunirse con la Argentina para hablar sobre YPF ya que la vuelta a la normalidad "pasa porque el proceso expropiatorio se salde con una compensación adecuada".
 
El funcionario ibérico se pronunció así al término de una visita a Perú y Ecuador en la que buscó promover la presencia de empresas españolas y preparar la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Cádiz en noviembre, según informa la agencia 'Efe'.
 
La disputa en torno a YPF ha sido el mayor conflicto de España en la región en los últimos años. 
 
Repsol reclama US$10.000 millones por las acciones expropiadas por el Estado argentino en mayo, que sumaban el 51% del total. 
 
Posteriormente, la compañía ejecutó garantías por créditos impagados del grupo Petersen, con lo cual su participación en YPF asciende ahora al 12%.
 
El Gobierno, en tanto, anunció que el Tribunal de Tasación argentino fijará el valor de la petrolera, pero adelantó que no pagará la cifra reclamada por Repsol.
 
Según la mencionada agencia de noticias, el ministro español señaló que un país puede optar por la autosuficiencia energética y por expropiar empresas -aunque añadió que lo considera un error- pero "lo que no puede es confiscar sin acudir al procedimiento adecuado y sin pagar la indemnización adecuada".
 
El asunto está ahora en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), después de que Repsol iniciara en mayo los trámites para la presentación de una demanda contra la Argentina.

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