Corrupción en clave K: Después de un TGN siempre hay un TGS

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) La corrupción parece ser moneda tan corriente en el gobierno de Néstor Kirchner como lo fue en el de Carlos Menem, y los escándalos al estilo IBM-Banco Nación (resultado de una puja doméstica en el Ejecutivo) también amenazan al Ejecutivo con las denuncias de las polémicas ampliaciones de los gasoductos del Norte y del Sur (otra puja doméstica en el poder).
Entre las novedades del caso Skanska, la semana pasada uno de los jueces del caso, Guillermo Montenegro, ordenó allanar oficinas de la consultora KPMG, que realiza la auditoría del grupo sueco Skanska (y de muchas otras empresas con operación local como todas las de Eduardo Eurnekian).
Skanska se encuentra sospechada de pagar sobreprecios del orden del 30% en la ampliación del Gasoducto del Norte por una suma no inferior a $17 millones.
¿Qué se sabe del caso TGN?
> En el caso Skanska ya parece haberse probado que ciertas facturas compradas a un proveedor encubrían pagos de coimas a funcionarios. La cuestión ahora es si todo quedará en sanciones a personajes menores ('perejiles', en la jerga) o llegará a los funcionarios más importantes.
> Asimismo, se sospecha que en despachos oficiales pudieron haberse convalidado sobrefacturaciones en la construcción de la ampliación del Gasoducto del Norte que opera TGN en la zona de Deán Funes (Córdoba), cuyos directivos habrían declarado ante la Justicia que advirtieron oportunamente sobre esos sobreprecios al Enargas.
Pero ahora es el tiempo de TGS, ya que la obra de ampliación del Gasoducto del Sur tuvo, de inicio, un sobreprecio mayor que el denunciado en TGN, y hasta ahora pasó desapercibido.
En la ampliación del Gasoducto del Sur, Skanska fue subcontratista del contratista principal, obra que se adjudicaron las empresas Techint y la brasileña Norberto Odebrecht, que en la Argentina ya había realizado Pichi Picún Leufú, y que en países africanos fue varias veces mencionada en casos polémicas. En Brasil protagonizó varios escándalos de corrupción durante el gobierno del ex Presidente, hoy senador federal, Fernando Collor de Melo.
La mayor constructora brasileña y sudamericana, Norberto Odebrecht S.A., presupuestó inicialmente un sobreprecio de 70%, que rechazó el Enargas y entonces ocurrió una 2da. oferta, con un sobreprecio de 40%.
La justificación de los sobreprecios fue la demora en la definición de la licitación que, entonces, pasó una obra prevista para los meses de primavera y verano a los meses de otoño e invierno.
Pero lo interesante es que el caso TGS no es nuevo y mereció, ya en el año 2005, varios párrafos en un muy buen documento que produjo un centro de estudios del ARI, que firmaron los diputados nacionales Fabiana Ríos y Adrián Pérez.
Ellos advirtieron sobre las irregularidades existentes en la gestión de las obras de infraestructura energética del gobierno de Kirchner. Es como si la crisis de la energía fuese un argumento sólido para justificar excesos, una razón de Estado para ejecutar todo aquello que transgrediera las normas y los procedimientos convenidos. Esto también aparece en el caso de corrupción sobre los sobrepagos a los litigantes de la familia Greco contra el Estado, y en las sospechas sobre el negocio de importación de fuel-oil en teoría venezolano (pero nunca lo fue).
Bajo el nombre Deficiencias del Gobierno en materia energética, ausencia de controles y concentración empresaria, los legisladores dieron cuenta de las falencias del Plan Estratégico Energético implementado por Kirchner en 2004. 
"(...) Tras la apertura de los sobres, los funcionarios se encontraron con lo que puede llegar a parecer una fuerte traba económica, pero que en verdad es moneda corriente en los procesos licitatorios que están bajo la órbita de incumbencia del ministro Julio de Vido. En lugar de ceñirse al presupuesto original y al fideicomiso armado por U$S 285 millones, las ofertas superaron en casi un 40% los valores previstos. Es decir que todas las firmas que se presentaron a esta licitación exigieron sobreprecio sobre lo originalmente presupuestado, en lo que puede llegar a interpretarse como un hipotético acuerdo interempresario. Surgió entonces la cuestión de cómo solventar los U$S 50 millones adicionales que faltarían para cubrir el costo total de la inversión", dice el informe.
Y prosigue afirmando: "por algún motivo que no queda del todo claro el Gobierno Nacional convalida los sobreprecios y adjudica las obras a empresas que piden más dinero del originalmente pautado. El accionar inescrupuloso de las empresas se ve apañado por una actitud cómplice del Poder Ejecutivo".
A todo esto, el gran ganador de las lictaciones fue el grupo Techint, quien al acaparar la mayor parte de las obras y la provisión de equipos consiguió un negocio de US$ 500 millones.
Es llamativo que Paolo Rocca ahora pretenda desentenderse del proceso macroeconómico argentino, que en parte forzó él, cuando Techint incrementó tanto sus ganancias desde la pesificación asimétrica a la fecha.
Acerca de las causas judiciales sólo cabe recordar que, mientras se encuentran cerradas, pueden producir novedades a mediano plazo. La Justicia Federal tiene la costumbre de incrementar su perspicacia en forma inversamente proporcional al poder de los gobernantes.
Si en el caso Greco la ministra de Economía, Felisa Miceli, ya debió prestar declaración, es fácil imaginarse su futuro en Comodoro Py. 
Hasta ahora el único caso cerrado es la investigación del patrimonio, por discrepancia e inconsistencias, en la declaración jurada de la familia Kirchner. Claro que en este caso medió el despido intempestivo del entonces juez Juan Galeano, pero no todos los días se puede andar arrojando un magistrado por la ventana, ¿no?