La Administración Macri retomó la senda de la dolarización de las tarifas que había amagado dejar de lado en plena corrida cambiaria. Le aplicó una cláusula gatillo en las de gas para trasladar a los usuarios la diferencia que haya habido por devaluación a los 75 días que las distribuidoras facturaron el servicio. Las asociaciones de consumidores, algunas intendencias y la oposición de la Cámara de Diputados reaccionaron con presentaciones judiciales y hasta la gestación de un nuevo proyecto en el Congreso, a poco del veto presidencial a la ley que ordenaba retrotraer las tarifas a octubre de 2017. La política monetaria anunciada por la conducción que asumió en el Banco Central no daría margen para que el sistema de precios relativos absorba los aumentos de dos dígitos que emanan de la autorización de los propios reguladores del Estado guiada por la dolarización de tales costos, con lo cual la condición para que no incidan en el IPC sería que los demás cedan el espacio: salarios, jubilaciones, bienes y servicios que se fijan libremente hasta donde la recesión lo permita. Hasta ahora, las 17 veces que subieron las tarifas en los 2 años y tres cuarto de gobierno, las 13 que lo hicieron los combustibles nada más que este año, la vez y cuarto que lleva el dólar, más lo que acumulan las prepagas, transportes, alimentos, han venido inclinando para arriba el vector de la inflación, que en 2017 ya duplica a 2018 y le ponen una vara alta a 2019 desde enero mismo.

En los hechos, el crédito a la actividad privada ha sido suspendido hasta nuevo aviso. Por lo menos hasta que el sistema financiero se logre fondear con los depósitos a plazo fijo que la banca oficial salió agresivamente a captar entre el público, ofreciendo rendimientos del 48 y 50% a 30 días, respectivamente, el Nación y el Provincia. Pretende ser una alternativa para los ahorristas que ya no pueden entrar en las licitaciones por las Lebacs y les fueron vedadas las Leliqs con que las reemplazaron, sólo reservadas para las entidades. El BCRA puso así en marcha un intento de recomposición del circuito de los pesos que actualmente cotiza a partir del 72%, en tanto se acomodan a la flotación entre bandas del tipo de cambio, fijándole un nivel de más de 20 puntos por debajo a la tasa pasiva ofrecida. Es una guerra de nervios abierta en dos frentes: el control de la volatilidad cambiaria y el financiamiento real de la actividad productiva. El ministro de la Producción, Dante Sica, tiene su despacho atiborrado de insistentes reclamos de las entidades que representan a las Pymes para que sea restablecida la línea subsidiada que les permitía descontar cheques al 29%. Con la tasa usada como referencia en el 72%, la cadena de pagos que moviliza la economía cotidiana se disparó inclusive arriba del 6% mensual y la interrupción ha pasado a ser más que una amenaza. La morosidad también empezó a notarse y seguramente incida en los próximos reportes de recaudación impositiva, según le han hecho saber las organizaciones empresarias al gobierno.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, que recibió el dinero que tenían las AFJP administradas por los bancos hasta su estatización en 2008, perdió 65% en dólares (US$22.000 millones) desde comienzos de año hasta setiembre, que la Jefatura de Gabinete atribuye, en el informe presentado al Congreso, a la diferencia cambiaria, consecuencia de las corridas que se sucedieron a partir de mayo. Fue mucho más que eso: malas decisiones de inversión que respondían más a urgencias transmitidas por la conducción financiera del gobierno y a políticas de fomento ya venían diezmando el portafolios, sobrecargado a la vez con obligaciones de la reparación histórica a los jubilados y pagos de sentencias judiciales, que medidas mal implementadas agravaron. Actualmente los activos del FGS están compuestos por títulos públicos nacionales (56,6%), acciones (19,4%), proyectos productivos (7,4%), provincias (5%) y títulos estatales (1,3%), en su gran mayoría pesificados. Los bonos del Estado representan el equivalente a u$s26.384 millones y las acciones de sociedades anónimas, se devaluaron a casi u$s5.500 millones. Tanto el anterior subdirector ejecutivo de operación del FGS, Luis Blaquier, como el que acaba de renunciar, Juan Martín Monge Varela, querían echarle mano a los papeles privados que 6 de las 46 empresas que están en cartera vienen ofertando para recomprar, pero desde el Palacio de Hacienda los han ido frenando: el FGS es una carta que se jugará cuando no quede otra que cubrir el déficit previsional. Por lo que se ve en los compromisos con el FMI, el momento no está muy lejos.

Algo sucede dentro de grupo Vila-Manzano, con epicentro fundacional en Mendoza. Vendió localmente Supercanal al fondo de inversión Carval (del Grupo Cargill), y la radio LTE de Rosario a los financistas Whpei. Estuvo ofreciendo La Capital de Rosario pero no pudo concretar porque quería efectivo y su socio minoritario José Vignatti anda dulce por plata que cobró del Estado de cuando estaba en Ámbito. Pero ahora sacaron a la venta el emblemático Diario UNO de Mendoza y San Rafael, Canal 7 Mendoza, radio Nihuil, las FM 93.7 Montecristo, 94.9 Brava, 98.3 Ayer y 95.7 de San Rafael. Pero como también integra la lista canal 6 San Rafael y el zar multimedios de la comarca es Omar Álvarez, una versión que largó a correr un informe reservado dio cuenta de la presencia de auditores de éste último en los medios que están en vidriera y de ahí surgió la conjetura de que sería un due dilligence para quedarse con el paquete. Inclusive “zondean” rumores de alguna proximidad entre Álvarez y Alfredo Vila, a quien las malas lenguas da como hace tiempo peleado con su hermano Daniel, y que sería ese el motivo de un separamiento de los tantos. En ese sentido, se supo también que José Luis Manzano se largó solo a negociar por el diario Río Negro, que aunque vendría de capa caída aún conserva el prestigio de la marca. Sería este el atractivo central para “Chupete”, quien aspira a reunir poder de fuego mediático en el territorio patagónico que abarca el yacimiento Vaca Muerta, donde ha concentrado inversiones, para ganarse un lugar en la mesa petrolera. Con Rolando Graña como referente periodístico, la idea es expandir web y multimedios para influir en la opinión pública, pero principalmente influir en la dirigencia política ligada a esos intereses.

No sólo el Merval ofrece oportunidades a los inversionistas de entrar a valor bajo a la espera de que suba. Un analista financiero como Miguel Angel Boggiano invita a mirar hacia la industria de las carnes bovinas, cuyos precios, con la devaluación y la recomposición mundial de los stocks, quedaron un 50% por debajo del nivel máximo de los últimos tiempos. Ahora se encuentra en buena situación competitiva: si bien un poco arriba de la brasileña, más barata que la paraguaya y uruguaya y mucho más que la australiana. Y, asimismo, la ampliación de las ventas a China con el agregado de los cortes enfriados y con hueso, que cuadruplican en facturación a los congelados que ya se venían haciendo, abre una nueva perspectiva de rentabilidad, desarrollo regional y empleo, además de reforzar la caja de divisas. Con las existencias ganaderas en uno de los puntos más altos de la década y el consumo interno en un moderado 55-56 kilos por habitante, que aún tendría margen para bajar 3 kilos más como reacción a la apreciación que se ve venir, el reingreso argentino al juego mayor de las exportaciones de carne bovina, como en las buenas épocas de la Sociedad Rural, no augura en lo inmediato disputas de abastecimiento con la plaza doméstica, aunque sí una recuperación de los precios que repercutirá en ese equilibrio y una tentación de ganancia que el director de Carta Financiera invita a los inversores a tener en cuenta.

El saldo de agosto repitió la historia que se venía dando con el atraso cambiario y siguió en la senda negativa, nada menos que en US$1.127 millones, con lo que en 8 meses el rojo acumula US$7.000 millones. Es cierto que a las exportaciones les falta la soja, a la que la corriente de La Niña le tiró las maldiciones de la sequía hasta que los porotos que no se embarcaron al exterior se recibieron del Norte. La factura de compra de los combustibles llegó con el recargo del barril de USA y, si bien es cierto que se trajeron menos autos que el año pasado, todavía representan el 70% de las alicaídas ventas al mercado interno. Por todo lo que cayó el consumo doméstico, los celulares y electrónica que vienen de afuera se la llevaron de arriba en esta crisis. Los bienes intermedios siguen con buen ritmo importador, no así los de capital, asociados a la inversión. La radiografía del comercio exterior argentino no da para imaginar una fuente de dólares resultante de la diferencia entre exportaciones e importaciones. A las 1ras. le falta la próxima cosecha y, a las 2das., la recesión les aliviaría algo así como el 60% de lo que necesita la industria para funcionar. Pero, estructuralmente, el modelo de gestión acordado entre el macrismo y el Fondo Monetario Internacional se basa en una refinanciación continua del sobreendeudamiento, con la producción, el salario y el empleo fuera de agenda. La cosecha 2019, en todo caso, podría nivelar la balanza.

El usuario paga un triple pay (TV, banda ancha y telefonía fija) como el que comercializa el gigante de las telecomunicaciones que surgió de la fusión entre Cablevisión y Telecom un equivalente a US$46. Pero ahora Telefónica y América Móvil dan un paso más hacia el cuádruple pay, agregándole con la telefonía móvil, otros US$7 más. El juego se ampliaría a un séxtuple pay, con Netflix y Spotify, y sumaría linealmente US$76, o sea casi $3.000. Para la convergencia total, sólo faltaría que se extienda IOT (internet de las cosas), de la que aún no se conoce el costo. Pero se vienen alianzas, absorciones y conformación de combos especiales que modificarán las ofertas. BB Telcos detectó que en muchos hogares se contrató banda ancha y se compran paquetes de plataformas OTT, o sea se prescinde de la TV paga, lo cual obligará a los prestadores de cable a tentar a los usuarios con un mix de precio más accesible que la incluya, pero en la ponderación cotizarán más seguramente los wifis más potentes.

El Presidente tenía en el bolsillo un papelito con el anticipo del anuncio oficial que se hará pasado mañana de que la pobreza aumentó a alrededor del 30% mientras le aseguraba al círculo rojo neoyorkino que está preparado para competir por la reelección contra el populismo que amenaza la continuidad de los acuerdos que gestiona para que le financien la crisis. En 4 años, ni siquiera podrá esgrimir que su gobierno ha ido en dirección a cumplir la promesa de campaña de pobreza 0. Eso sí, deberá responder a inquietudes como las que vino a plantear la semana pasada la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver. Al mismo tiempo, la devaluación, inflación, recesión e impacto en el empleo que hicieron subir más de 4 puntos el índice de pobreza de fines del año pasado obligan a atender la emergencia social que provocada por el crac de la política de endeudamiento que, según el economista radicado en Europa, Diego Estévez, delegó el poder a un consorcio compuesto por 7 fondos de inversión, los cuales ven a la pobreza como un 0, pero a la izquierda.

Las plantas automotrices de Córdoba y Santa Fe ofrendaron al paro general 5.500 operarios suspendidos por culpa de la recesión, que en el caso de la industria textil ya acumula 13 puestos de trabajo destruidos, entre la competencia importada previa a la devaluación y la caída de las ventas domésticas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la población. En este contexto es que INdEC registra en su último reporte que la desocupación alcanzó al 9,6% de una clase económicamente activa engrosada porque muchas mujeres tuvieron que salir a buscar algún refuerzo a las arcas hogareñas, castigadas por la inflación localizada en su costo de vida (llámense alimentos, combustibles, transporte, servicios públicos, cuotas de salud y educación privadas que mitigan las falencias públicas). La mala noticia para los fiscalistas es que mermarán los ingresos al sistema previsional por el sacrificio de empleos registrados, en parte a la calle y en parte también a los conchavos precarizados que no tributan. El preludio de la medida de fuerza dispuesta por la CGT como protesta al modelo económico, sin embargo, tiene algunas excepciones que, aunque minoritarias, podrían ser aprovechadas por los trolls y el aparato de comunicación de la Jefatura de Gabinete: Toyota, por ejemplo, va a contramano de sus colegas en apuros: exporta, ocupa dobles turnos, da horas extras y alterna labores en feriados. Las mineras patagónicas declaran en la encuesta de ManpowerGroup mejores perspectivas en las contrataciones de personal para el último trimestre del año, y provincias como Neuquén, La Rioja, Posadas (Misiones), La Banda (Santiago del Estero), San Luis, Formosa y Comodoro Rivadavia aparecen como emergentes a la crisis.

La Fundación GEP le cantó piedra libre a los recortadores del proyecto de Presupuesto Nacional 2019, que le rebanaron u$s 43 millones a la Dirección Nacional de Sida, ETS (enfermedades de transmisión sexual), Hepatitis y Tuberculosis, con lo que estarían en riesgo los tratamientos para 15.000 personas el año que viene. Fue con apenas unos días de diferencia en que se confirmó que la suspensión de la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis durará hasta fin de año, y en pleno tira y afloje entre los sectores farmacéuticos y el PAMI que determinó que por 4 días sancionaran a los jubilados retirándoles los descuentos que rigen en los medicamentos en pleno auge de remarcaciones. Nada más que en medio setiembre llegaron al 15% promedio, y desde principios de año duplicaron su valor, de acuerdo con un estudio realizado por Consumidores Libres, a cargo de Héctor Polino. En tiempos de inestabilidad como el actual, la vulnerabilidad en la salud se siente con mayor rigor entre los adultos mayores y los que padecen enfermedades crónicas que requieren costosos tratamientos. Pero donde la atención se diluye en mayor medida, al estar fragmentado el sistema que mezcla y superpone un poco de la salud pública, otro tanto de la social y una parte de la privada, es en el denominado gasto catastrófico en salud, constituido por prestaciones quirúrgicas complejas, como trasplantes; tratamientos para enfermedades graves/crónicas a través de los medicamentos de alto costo y terapias para discapacidad, que la dispersión de seguros parciales impide cubrir en su totalidad y terminan en las dudosas posibilidades de pago de los afectados. En 2016 sumaron $47 mil millones, equivalentes al 5,9% del gasto total en salud de nuestro país: US$ 53 mil millones para ese año).