De la Espriella y el peligro de Acuerdo de Paz con las FARC: ¿Otra batalla cultural?

Abelardo de la Espriella puso en riesgo el acuerdo de paz con las FARC. La ruptura se puso de manifiesto como respuesta al retiro de obras de arte históricas del Museo Nacional de Colombia. Los cuadros evocan las luchas por justicia social. La batalla cultural se expande por LATAM al ritmo de las nuevas derechas, según Efe.

Abelardo de la Espriella puso en peligro el acuerdo de paz con las FARC, destronando obras artísticas narrativas de la gesta cultural social de Colombia.

FOTO: EFE

La disputa por la memoria histórica

El retiro de más de 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional de Colombia abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y sectores que defienden la memoria histórica del país. La medida alcanzó piezas vinculadas con el conflicto armado, el proceso de paz con las FARC y distintas luchas sociales. El Ejecutivo justificó la revisión de los espacios con el argumento de evitar el adoctrinamiento político y la apología del delito, mientras organizaciones culturales cuestionaron los criterios empleados para seleccionar las obras, informaron El País, El Espectador y ANSA.

La decisión se inscribe en la denominada «batalla cultural» que impulsa De la Espriella contra las políticas de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026). El presidente anunció una "contrarrevolución cultural" y cuestionó la presencia de contenidos que identifica con el llamado wokismo. La controversia excede el debate sobre la programación de un museo: pone en discusión el papel del Estado en la representación del pasado y los límites de la intervención política sobre las instituciones culturales.

Entre los objetos retirados se encontraba el llamado Balígrafo, una pluma fabricada con un proyectil que se utilizó para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). También fueron desmontados elementos vinculados con el asesinato de dirigentes políticos, la historia de los movimientos sociales y las reivindicaciones de distintos sectores de la población, según El Espectador.

Protestas frente al Museo Nacional y críticas de otras instituciones

La decisión provocó una protesta en Bogotá. Jóvenes y otros manifestantes reprodujeron en el espacio público algunas de las piezas retiradas y reclamaron que se preservara la pluralidad de relatos sobre la historia colombiana. La intervención se desarrolló frente al Museo Nacional, donde los participantes denunciaron un intento de excluir memorias incómodas para el Gobierno.

La movilización también generó cuestionamientos por el despliegue policial. La defensora del pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la intervención de los antidisturbios y sostuvo que, según la información recibida, la protesta había transcurrido de manera pacífica. La funcionaria consideró que las afectaciones registradas no justificaban, por sí solas, la disolución de la manifestación.

La reacción trascendió la calle. Museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín expresaron su preocupación por la retirada de las piezas y reclamaron garantías para la autonomía curatorial. Las instituciones defendieron la necesidad de exhibir la complejidad de la historia nacional, incluidos los episodios que generan controversia, y solicitaron una revisión pública de las decisiones, con participación de especialistas y comunidades vinculadas con las obras, conforme El Universal de Colombia.

El Acuerdo de Paz también enfrenta incertidumbre presupuestaria

La disputa cultural coincide con las dudas sobre la continuidad de los recursos destinados a implementar el acuerdo firmado en 2016. En paralelo, el Gobierno impulsa una revisión de su política de paz y de los organismos que participan en los mecanismos de justicia transicional y reincorporación.

La preocupación no se limita a los símbolos retirados de las salas del museo. En la granja Tíbares, situada a aproximadamente una hora y media de Bogotá, excombatientes, víctimas del conflicto y habitantes de la zona participan en proyectos agrícolas y pecuarios. La iniciativa, creada en 2020, busca generar empleo y reconstruir vínculos entre personas afectadas por décadas de violencia.

Alessandro Preti, director del área de Verificación de la Misión de la ONU en Colombia, destacó el valor de estos espacios para demostrar que los antiguos combatientes pueden contribuir a la construcción de paz junto con las comunidades. Sin embargo, quienes participan en el proyecto temen que los cambios presupuestarios debiliten los programas de reincorporación, según la fuente.

Uno de los puntos sensibles es la renta básica que reciben los firmantes del acuerdo que cumplen los requisitos establecidos. Según EFE, más de 8.000 excombatientes perciben una asignación equivalente al 90% del salario mínimo. El beneficio fue concebido inicialmente por 24 meses, pero las autoridades lo extendieron para sostener los procesos de reincorporación.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó en marzo de 2026 que había ajustado la asignación económica para priorizar a quienes no contaban con ingresos formales.

Según el organismo, la medida buscaba mantener la cobertura para cerca del 80% de la población activa en reincorporación que no registraba ingresos formales durante ese año. La ARN sostuvo que el ajuste no eliminaba los apoyos, sino que focalizaba su distribución. Por eso, la preocupación por eventuales recortes debe distinguirse de una decisión oficial de suprimir por completo el beneficio.

Los firmantes reclaman garantías para continuar fuera de las armas

Luis González, excombatiente que abandonó la guerrilla tras la firma del acuerdo, relató a EFE que tuvo que desplazarse en dos ocasiones para escapar de las disidencias de las FARC. La falta de trabajo y las amenazas interrumpieron su proceso de reincorporación. "No conozco la paz. Todavía no, porque estoy huyendo", afirmó.

Tito Cuevas, otro firmante que trabaja en la granja Tíbares, también tuvo que trasladarse a Bogotá por temor a las disidencias. Ambos describen la ayuda económica como un sostén para sus familias y advierten que la ausencia de oportunidades laborales dificulta la permanencia fuera de los grupos armados.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, señaló que el recrudecimiento del conflicto provocó nuevos desplazamientos de excombatientes. También reclamó que el Estado mantenga sus compromisos con quienes firmaron el acuerdo, con independencia de los cambios de gobierno.

Rolando Albeiro Acevedo, conocido como alias Octavio y antiguo comandante de las FARC, sostuvo que los avances alcanzados durante la última década no deberían desmontarse. Para los responsables de la granja, la continuidad de los proyectos productivos y de las ayudas resulta clave para sostener la reincorporación y evitar que los antiguos combatientes vuelvan a quedar expuestos a la violencia.

La justicia transicional, otro frente de la disputa política

Las dudas sobre la implementación del acuerdo también alcanzan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Un informe de Reuters publicado el 13 de octubre advirtió que las propuestas de reducción presupuestaria para 2027 podrían afectar el funcionamiento de ambos organismos.

Según esa información, las propuestas examinadas en el Congreso contemplaban una reducción del 17% de los fondos de la JEP y del 22% de los recursos operativos de la unidad de búsqueda.

Las cifras corresponden a recortes propuestos, no a una eliminación definitiva de esos organismos. Los funcionarios advirtieron que una reducción de recursos podría limitar las audiencias territoriales, la asistencia a las víctimas y las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Los sectores que promueven los ajustes cuestionan los costos y la eficacia de los mecanismos de justicia transicional, mencionó Reuters.

El Gobierno también pidió a Naciones Unidas que concentre su misión de verificación en la reincorporación de los excombatientes y deje fuera de su mandato la reforma rural integral. La posición, expuesta por el canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad, plantea una revisión del alcance de la supervisión internacional del acuerdo. El Consejo debía resolver antes del 31 de octubre la continuidad y las funciones de la misión.

Un acuerdo de paz que sigue bajo presión

El Acuerdo de Paz puso fin en 2016 a más de medio siglo de enfrentamiento entre el Estado colombiano y las FARC, pero su implementación continúa atravesada por dificultades de seguridad, financiamiento y reintegración social. Las disidencias mantienen presencia en distintas regiones y los firmantes afrontan amenazas, desplazamientos y obstáculos para acceder a empleos estables.

En ese escenario, el retiro de piezas del Museo Nacional y las discusiones sobre el presupuesto de los organismos vinculados con la paz confluyen en una misma controversia: qué lugar ocuparán la memoria del conflicto y los compromisos asumidos por el Estado bajo la nueva orientación política.

La disputa no se limita a la interpretación del pasado. También involucra recursos públicos, instituciones de justicia, políticas de reparación y condiciones materiales para que quienes dejaron las armas puedan sostener esa decisión.

La continuidad de los programas de reincorporación y las garantías para investigar los crímenes del conflicto serán indicadores centrales para evaluar el rumbo de la política de paz colombiana.

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