Sinsabores de Ruiz-Mateos

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, Marqués de Olivara, es un empresario español accionista principal de Rumasa (230 empresas, 65.000 empleados), compañía que el gobierno español le expropió el 23/02/83 por evasión fiscal y una supuesta situación de bancarrota virtual que disimulaba fraguando los libros contables de la empresa.

 

Ruiz-Mateos controvirtió la expropiación, y demandó judicialmente al gobierno solicitando una indemnización. No sólo no ganó la demanda, sino que fue procesado y condenado por evasión de divisas, fraude y apropiación indebida. Eso si, no se privo de las ganas de atinarle una trompada en la cabeza al que fuera Ministro de Hacienda al momento de la expropiación, Miguel Boyer, a la salida del Juzgado.

 

Tras una temporada tras las rejas, regresó a la vida pública como propietario del equipo de fútbol Rayo Vallecano en 1991, y formó su propio partido político, la Agrupación Ruiz-Mateos como parte de la que fue elegido diputado al Parlamento Europeo en 1989.

 

Así y todo, el caso Rumansa sigue paseándose por los tribunales españoles e incluso algunos foráneos. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han pronunciado en numerosas sentencias con resultados diversos, aún queda pendiente una sentencia global sobre lo ocurrido.

 

En 2005, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Ruiz Mateos a una pena de 3 años por un delito de alzamiento de bienes, al considerar que se lucró ilegítimamente de la venta del inmueble en el que se encontraba la sede de la sociedad Mundo Joven, en la calle Alcalá 22 de Madrid, ingresando en prisión en 2007.

 

A su salida, fundó un nuevo holding, Nueva Rumasa, con 16.000 empleados sólo para meses más tarde solicitar la protección concursal para 10 empresas del grupo (Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano).

 

Unos hoteles en Mallorca le trajeron nuevos problemas este año. En enero de este año a Mateos se le prohibió la salida de España, reteniéndole el juzgado interviniente su pasaporte y exigiendo su comparecencia cada 2 semanas por una nueva acusación por una supuesta estafa de 7,3 millones de euros en la compra de aquellos hoteles. 

 

Y el mes pasado, el 16/02/12, un informe presentado en la Audiencia Nacional de aquel país concluyó que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida".

 

Este martes (20/03), el empresario nacido en Jerez de la Frontera, (Cádiz), el 11/04/31, casado con Teresa Rivero y con 13 hijos en su haber, que comenzó su carrera empresarial siendo muy joven, exportando vino a Inglaterra y proveniente del linaje nobiliario más antiguo del Reino de España, vuelve a conocer el sinsabor de su vida empresarial. Esta vez, agregando los elementos de la extorsión y la traición.

 

En efecto, fue Víctor de la Cruz, chofer y guardaespaldas durante años de Ruiz-Mateos, quien dio el último pistolazo hace unas semanas con la denuncia pública que realizó: "el jefe me ordenaba seguir a banqueros para hacerles fotos con sus queridas y amenazarles luego con hacerlas públicas si no le daban créditos".

 

Pero no fue ese el único indicio de las prácticas que veía adoptando el empresario español. }Según han declarado varios testigos en la Audiencia Nacional, Ruiz-Mateos grababa también a empresarios, políticos e incluso periodistas, en su propia casa, en Somosaguas, ofreciéndoles regalos o dinero, con el fin de tratar luego de extorsionarlos si era necesario.

 

Uno de los primeros en reconocerlo ha sido Félix Uceda, exgerente del Rayo Vallecano y considerado ahora uno de los 27 testaferros del empresario jerezano. Las acusaciones vienen de las propias filas internas. 

 

En su declaración ante el juez Pablo Ruz, que está instruyendo el caso por la presunta estafa con unos pagarés, reconoció las grabaciones cuando se le preguntó por Alfonso Barón, el sobrino que organizó todo el entramado internacional para desviar capitales. "Yo... perdón. Alfonso Barón no he despachado con él. Le conozco de... de comidas, en la casa, que saben... vamos, no digan 'saben', se hacían comidas con empresarios y con más gente... incluso algunas se grababan", aseguró. Y no es el único.

 

Otros directivos apuntan también en la misma dirección. "No creo que llegaran a extorsionar realmente a nadie, pero es cierto que todo se grababa por si se podía utilizar en un futuro", asegura Joaquín Yvancos, abogado de la familia durante los últimos 30 años, que está declarando como testigo protegido ante la Fiscalía y que defiende además ahora los intereses de un gran número de inversores.

 

"A mí me pedían buscar a empresarios de primer nivel, políticos y gente con influencia. A todos ellos se les citaba en Somosaguas, y allí se les intentaba grabar en situaciones comprometidas. Por ejemplo, aceptando regalos. En realidad, la mayoría, sabiendo de quien se trataba, no acudía. Pero había otros que sí", cuenta un antiguo directivo de Nueva Rumasa, que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias.

 

¿Et tu Brute? Las traiciones van en la sangre. Javier Ruiz-Mateos, uno de los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos, imputados por estafar presuntamente unos 12 millones de euros al grupo empresarial de la familia Hoz en la compra de la sociedad hotelera, ha derivado responsabilidades en su padre al aseverar que fue éste quien llevó a cabo todas las negociaciones, mientras que el fundador del 'holding' Nueva Rumasa se ha acogido a su derecho de no declarar ante la jueza instructora de estas pesquisas.

 

En la que es su tercera causa en Mallorca por este supuesto delito, Ruiz-Mateos ha optado de esta forma por guardar silencio ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, quien le había citado por segunda vez bajo el apercibimiento de que podría ser detenido en caso de que no acudiese a su cita judicial. La primera vez que fue llamado a declarar en este caso fue el 22/02, si bien finalmente no acudió alegando problemas de salud.

 

Durante una comparecencia de más de 3 horas, el hijo del empresario jerezano, quien actuó como avalista en esta operación, ha manifestado que quien fuese patriarca de Nueva Rumasa era quien tomaba las decisiones y ha asegurado desconocer los términos concretos de la operación, desvinculándose por tanto de las negociaciones, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

 

Junto a ambos imputados también ha sido emplazada a declarar la supuesta testaferro de Ruiz-Mateos, María Susana Álvarez Ampuero, quien ha manifestado que firmaba como apoderada y administradora de dos de las empresas avalistas en esta operación, Complejo Bodeguero Bellavista y Free Size. La encausada, que permaneció en los Juzgados con gafas de sol y la cabeza cubierta por un pañuelo, está al frente de unas 60 sociedades de Nueva Rumasa.

 

 

La totalidad de las acciones fueron vendidas por un total de 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".

 

Las desventuras de Ruiz-Mateos no terminan allí. La fábrica de Postres Dhul puede volver a manos de un Ruiz-Mateos, concretamente Alejandro, sobrino del patriarca jerezano y socio de Factor Gráfico S.L., la única candidata para hacerse con la empresa granadina. El juez de lo mercantil (la empresa está en concurso de acreedores) autorizó la venta de la planta a este grupo y dio de plazo hasta el pasado sábado (16/03) para que demostraran su solvencia, pero han solicitado una prórroga a los administradores judiciales.

 

Yvancos, ex jefe del área jurídica de Rumasa y ahora parte de la acusación contra los Ruiz-Mateos, va a entregar este martes (20/03) un escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que "esta operación es una maniobra de los Ruiz-Mateos a través de testaferros para quedarse con la fábrica limpia de las deudas que tenía la empresa", según asegura a ABC. Dhul tiene un pasivo de más de 250 millones de euros, pero los compradores no quieren la sociedad, sino la factoría. Además, tiene autorización para utilizar la marca Dhul. Ofrecen por la fábrica 21,8 millones de euros, pero sin poner el dinero, sino asumiendo deuda.

 

Los compradores deben crear una nueva empresa, Dulces y Postres de Granada S.L., que la formarían Factor Gráfico —que es proveedora de Dhul— (88%) y ex directivos de la compañía (12%). Estos son los que han pilotado la empresa desde que era de Nueva Rumasa. Entre ellos está Antonio Isla, condenado a 3 años de cárcel por delito de estafa en el caso “Choco Galicia”, donde actuó en nombre de José María Ruiz-Mateos.

 

El juez Blas Alberto González dice en su último auto que la oferta es baja y que existe el “riesgo” de que quienes la presentan “estén dando cobertura a compradores que no serían nunca admitidos”, pero se resigna a autorizar la venta para intentar “salvar 200 puestos de trabajo”. Una Ciccone Calcográfica española (Boudou y Echegaray dixit). 

 

Jorge Molina, vicepresidente del Comité de Empresa, cree que es “mejor la venta que la liquidación” y descarta que Alejandro Ruiz-Mateos esté actuando en nombre de su tío. Dhul S.L. fue la firma elegida para avalar la mayor parte de las emisiones de pagarés que investiga la Audiencia Nacional.

 

Cabe recordar que el empresario y sus 6 hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

 

Las mismas medidas cautelares que días después adoptó la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el caso que indaga una supuesta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. La magistrada decretó asimismo una fianza civil de 18,5 millones de euros para el conocido empresario.

 

Mientras tanto, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado 26/01 el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados por la Policía judicial durante cerca de 15 horas.

 

La incautación de estos bienes se produjo dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.