Fábrica detenida, lucha en movimiento: ILVA, un año después

A un año del cierre de ILVA, la emblemática firma de cerámicos ubicada en Pilar, la mayoría de los 300 trabajadores que quedaron sin empleo continúan esperando cobrar las indemnizaciones correspondientes. Los exempleados mantienen una vigilia permanente para evitar el vaciamiento de la planta mientras la causa tramita en la Justicia Comercial.

El objetivo principal de esta permanencia es resguardar las instalaciones fabriles frente al riesgo de desmantelamiento, mientras el expediente judicial avanza lentamente en el fuero comercial.

La extrema vulnerabilidad social se profundiza ante la ausencia de respuestas económicas, la caducidad de las prestaciones sanitarias y el recuerdo imborrable de pérdidas humanas vinculadas al conflicto.

La Justicia todavía define el concurso preventivo de la empresa.

El conflicto y la vía judicial

Desde aquel cierre comunicado originalmente como una pausa técnica y formalizado posteriormente como desvinculación masiva, el sector pasivo de la compañía no ha percibido los resarcimientos monetarios correspondientes. A raíz de ello, un contingente de exoperarios persiste con la guardia en los accesos para impedir el traslado de bienes, organizándose mediante turnos para sostener la protesta frente a la planta.

"Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada", expresó Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas y extrabajador con más de dos décadas en la planta.

La patronal, vinculada a las familias Zanon y Bocci, optó por aplicar el marco normativo que contempla reducciones indemnizatorias ante contextos críticos, aunque tampoco abonó dichos montos.

Actualmente, el expediente se encuentra radicado en el Juzgado Comercial N°12, bajo la órbita del magistrado Hernán Papa, instancia en la cual la firma solicitó un concurso preventivo destinado a frenar posibles medidas cautelares sobre su patrimonio.

Sobre ese marco, Gabriela Vallejos, una de las trabajadoras despedidas, quien trabajó en la fábrica durante dos décadas, recordó que "Hace un año, nuestras vidas cambiaron por completo. Desde entonces golpeamos puertas, realizamos movilizaciones, cortamos calles, estuvimos en los accesos al Parque Industrial y en la Panamericana, y hasta el día de hoy sostenemos un acampe en la puerta de la fábrica".

"Un año de espera, de incertidumbre, de dolor y de una lucha que, a pesar del tiempo, sigue sin obtener las respuestas que tanto esperamos”.

La Justicia todavía define el concurso preventivo de la empresa.

Repercusiones cotidianas y precarización

Las consecuencias socioeconómicas alteraron drásticamente las condiciones de vida de los afectados, quienes en su gran mayoría poseían una trayectoria superior a las dos décadas dentro de la planta.

Las opciones de reinserción formal resultaron sumamente acotadas, relegando a los operarios de mayor edad a la realización de labores informales o tareas de transporte mediante plataformas digitales. Asimismo, la interrupción de la cobertura médica generó situaciones críticas para quienes transitaban tratamientos de alta complejidad, obligando a los propios damnificados a articular redes comunitarias de asistencia farmacéutica.

Vale recordar que durante este año, los trabajadores también atravesaron un momento especialmente doloroso con la muerte de uno de sus compañeros despedidos, quien se quitó la vida.

Un año después del cierre de ILVA, el reclamo es mayor

La persistencia del acampe se canaliza mediante esquemas de relevos horarios y recibe el respaldo material de la comunidad a través de donaciones gestionadas por organizaciones sindicales y vecinos de la zona.

En base a ello, los referentes del sector afectado reclaman celeridad y sensibilidad social a la judicatura interviniente, subrayando que la prioridad radica en la obtención de los pagos adeudados para garantizar la subsistencia de familias enteras y honrar la memoria de quienes sufrieron el impacto extremo de la crisis.