Ante el aluvión de latinos, España endurece las leyes de inmigración

El gobierno español aprobó hoy un nuevo reglamento para la legalización de trabajadores "sin papeles" que afectará a miles de extranjeros, especialmente de países de como la Argentina, que sufrió una profunda crisis en 2001 y aún no logra una recuperación económica digna que le permita a los jóvenes proyectarse en el país. Este nuevo reglamento establece los requisitos para que los inmigrantes residan y trabajen legalmente en España y abre un proceso especial de tres meses para la normalización de los trabajadores que residen en este país en situación administrativa irregular. Ocurre que en los últimos 3 años, una gran cantidad de inmigrantes se instaló en el país europeo y ya se han comenzado a sentir las consecuencias en el mercado laboral y en la sociedad en general. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de inmigrantes en España gira en torno a los tres millones y, según estimaciones del Gobierno, la cifra de los "sin papeles" se sitúa en torno a los 800.000. La cifra es alarmante, por lo tanto, el Gobierno español decidió implementar nuevas medidas para ejercer control. El texto aprobado fue negociado y consensuado con los sindicatos mayoritarios del país Union General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y la patronal Confederacion Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, fue la responsable de la negociación del reglamento, que en líneas generales también contó con el beneplácito de las asociaciones de inmigrantes y ONG dedicadas a trabajar con este colectivo. A partir de su entrada en vigor, los extranjeros "sin papeles" dispondrán de tres meses para regularizar su situación si un empresario les contrata por un periodo mínimo de seis meses y, además, demuestran una estancia en España de, al menos, medio año. En el caso de sectores como el de la hostelería y la construcción, el contrato podrá ser discontinuo, pero deberá sumar como mínimo seis meses en un año. Mientras, en el sector agrícola podrá reducirse a tres meses y, en el servicio doméstico, se permitirá que sea el extranjero quien presente la documentación, que podrán ser diferentes contratos con varios empleadores siempre que sumen treinta horas semanales. Durante tres meses el empresario podrá solicitar la autorización para el empleado extranjero presentando el contrato firmado por ambos. Cuando termine el periodo transitorio de tres meses, los irregulares sólo podrán obtener "papeles legales" por razones humanitarias y las vías extraordinarias que contempla la legislación española: arraigo por estancia de más de tres años y un contrato, y el llamado arraigo laboral, que exige demostrar un año de trabajo y dos viviendo en España.