CLAVES

DEMOCRACIA, EN CRISIS

La paz no está asegurada: Las "explosiones sociales" en Chile, Argentina y el mundo

Mientras la tensión social se reaviva en Chile, afirman que en la Argentina la paz tampoco está asegurada. Pese a que ayer se logró el desalojo en El Foyel, a las pocas horas un corte de ruta, un incendio y algunas protestas convocadas para hoy mantuvieron firme la tensión en la zona. Una tensión que no es exclusiva de la Patagonia, sino que se extendió a lo largo y ancho del país en medio de la crisis que ha acentuado la pandemia, y que tuvo la mayor repercusión en la localidad bonaerense de Guernica. ¿De qué se trata? ¿Cómo se explican estos fenómenos? El sociólogo Manuel Castells lo analizó hace un tiempo con un término que hoy cobra protagonismo en el mundo entero: las "explosiones sociales".

Al menos 2 iglesias del centro de Santiago de Chile fueron quemadas este domingo tras la multitudinaria manifestación que congregó a decenas de miles de personas para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas que sacudieron al país vecino el año pasado en reclamo de una mayor igualdad social y que sacudieron en el último trimestre de 2019 al Gobierno de Sebastián Piñera. 

La primera iglesia en arder fue la de San Francisco de Borja, usada regularmente por el cuerpo policial de Carabineros para ceremonias institucionales, y horas más tarde fue la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital, con más de un siglo y medio de antigüedad.

Ambos templos se ubican en los alrededores de Plaza Italia, el epicentro del llamado "estallido social" y que el domingo fue escenario de una de las concentraciones más masivas en lo que va de año.

Además, fueron saqueados varios comercios, entre ellos un supermercado de una cadena internacional, y también se registraron ataques de encapuchados a algunas comisarias de la periferia capitalina. En efecto, según mostraron medios locales, hubo choques entre carabineros (policía militarizada) y manifestantes en diferentes puntos. 

Pero como explicó Manuel Castells, profesor emérito de Sociología de la Universidad de California, Berkeley y profesor de Comunicación en la Universidad del Sur de California, y uno de los mayores especialistas del mundo en materia de explosiones sociales, que visitó Chile el año pasado para ver de cerca el estallido social, el fenómeno "no es algo excepcional, sino que es una tendencia global". Tanto es así, que mientras se observa la tensión a un lado de la cordillera, al otro, en la Patagonia, la paz tampoco está asegurada.

Si bien ayer la Justicia y el gobierno rionegrinos lograron aliviar un poco la tensión en torno de las tomas y ocupaciones de terrenos, ésta se mantiene. Es que la orden de desalojo en El Foyel se cumplió sin lamentar víctimas, pero a las pocas horas, en Villa Mascardi, más cerca de Bariloche, la comunidad Lafken Winkul Mapu, que inició en 2017 la toma de tierras en la zona, cortó el tránsito sobre la ruta nacional 40, paso obligado desde El Foyel a Bariloche. Lanzaron boleadoras y piedras.

El juez federal Gustavo Zapata, que subroga en Bariloche, ordenó la liberación. Para evitar "riesgos", la gobernadora Arabela Carreras fue hasta el lugar, pero fue insultada. Hacia la noche la medida fue levantada.

Antes, un equipo periodístico del canal de televisión de noticias TN fue agredido mientras cubría la toma de tierras en El Foyel. La Policía Provincial instalada en la zona se mantuvo al margen de esta agresión, de la cual se supo que a uno de los periodistas de TN le pegaron con el trípode de la cámara en la cara generándole un corte importante cerca del ojo. 

Los mapuches le gritaban: "Apagá la cámara o te la bajamos", y después de las amenazas vinieron los golpes.

Pero eso no fue todo: según el diario 'Río Negro', el desalojo derivó en una protesta e incendio en El Bolsón: "Anoche manifestantes reclamaban frente a la comisaría 12" por la liberación de los 4 mapuches detenidos por no acatar el desalojo. "En Bariloche convocan a manifestarse hoy frente a un edificio provincial", publicó.

Pasadas las 21 se desató un incendio en la ruta 40, en la zona rural cercana a El Foyel, donde al acudir los bomberos de El Bolsón y Splif, encontraron neumáticos en llamas que habían sido encendidos de manera intencional.

La manifestación de hoy en Bariloche se convocó para el " repudio total al desalojo y el racismo de la gobernadora Arabela Carreras". Los convocantes anticipaban que hará "mucho ruido" y llamaron a llevar banderas mapuches.

El gremio ATE seccional Bariloche también cuestionó el desalojo y habló de "represión", una postura que difiere con el referente nacional del sindicato, Rodolfo Aguiar, que celebró que no se haya ejercido violencia en el desalojo de la comunidad Gallardo Calfú.

Aunque muchos afirman que no se trata de mapuches sino que los calificaron de "delincuentes encapuchados". Incluso la gobernadora afirmó que no avala " las actitudes de grupos encapuchados". Aunque no todos han creado tensión bajo esa bandera. También hubo toma de terrenos en zonas más céntricas de la ciudad y no sólo en Bariloche sino a lo largo y ancho del país. Una situación que se expandió en medio de la crisis generada por la pandemia de Covid y que tuvo su mayor expresión en la localidad bonaerense de Guernica, donde en las últimas horas volvió a postergarse el desalojo del predio tomado desde hace tres meses. 

Guernica

Esa nueva postergación, centrada en la búsqueda de una solución política y que coincide con un nuevo censo motorizado por la administración de Axel Kicillof, volvió a mostrar disidencias en el oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apuntó al ministro Sergio Berni y le pidió "cumplir la orden de desalojo de la Justicia". Pero desde la cartera de Seguridad bonaerense reclaman "más tiempo" para reunir efectivos y organizar la logística ante la preocupación por eventuales episodios de violencia.

Cerca de Berni y desde la administración de Axel Kicillof, tal como ocurrió en Río Negro, sostienen que es la Justicia la responsable de decidir "día y hora" para retirar a los usurpadores.

"No se sigue dilatando (el desalojo), el que tiene que tomar la decisión es el ministro de Seguridad, que decide cuándo lleva adelante el desalojo, hay una orden judicial que cumplir", dijo Massa anteanoche durante el programa La noche de Mirtha, y pidió "cumplir las leyes y las sentencias judiciales". Enfrentado con Berni desde la intrusión de un oficial de Prefectura en su casa en Tigre, en 2013, cuando era opositor al kirchnerismo, Massa reiteró su postura contraria a las tomas de tierras. "Cuando alguien toma un terreno, es un delito", aseveró el presidente de la Cámara de Diputados.

Sin querer polemizar, cerca de Berni contestaron que es la Justicia, y no el ministro, la que define los plazos para hacer efectiva la decisión. "La que decide es la Justicia, que a partir del 15 y hasta el 30 puede dar la orden en cualquier momento. Esperamos fecha y hora para cumplir la orden", contestaron cerca del ministro, y aclararon que esa fecha "no se va a anunciar previamente" para no alertar a ese 20 por ciento de ocupantes que rechazan la relocalización propuesta por el ministro Andrés Larroque. "Son sectores políticos de izquierda, el PO, el PTS y el MAS, se les suman barrabravas y gente que no quiere acordar", advirtieron cerca del ministro y exmilitar carapintada, desde donde también explicaron que el desalojo necesita "tiempo" antes de llevarse a cabo.

"Se necesita juntar oficiales que hoy están en distintos puntos del país, los caballos se ponen violentos con los alambres de púa, así que la Infantería no va a ir. Los cuatriciclos hay que pedirlos, tampoco es que los tenemos todos en el mismo lugar", se explayaron cerca de Berni, quien habló de 4000 efectivos para garantizar el éxito de la operación.

Desde la oposición acusan al gobierno de Kicillof de dilatar el desalojo por "miedo a tener un muerto" y relacionan a Berni con su principal apoyo en el Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Es mentira que necesiten tanta gente, entre 600 y 1000 efectivos alcanzan para desalojar. Hay un problema político por el que no desalojan", agregó un referente de Juntos por el Cambio en referencia a las acusaciones de Berni a miembros del propio gobierno (en su momento señaló al secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro) de "apañar" las tomas de tierras. Los exaliados del kirchnerismo de Barrios de Pie rechazan el desalojo y piden que las negociaciones continúen hasta lograr un acuerdo. "Tierra para vivir", sostienen los delegados de esa y otras agrupaciones que respaldan -algunos en el lugar- a quienes tomaron los terrenos y se resisten a irse.

"Fuimos a Guernica a reclamar que se cumpla la ley y que no se premie a los que toman tierras", dijo Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados e integrante de una delegación de legisladores opositores que el jueves recorrió el predio, donde -describió- "hay muchísimas casillas vacías".

"Nadie le puede decir a Berni, ni dentro ni fuera del Gobierno, que no conoce la pobreza ni cómo manejar estos conflictos", afirman cerca del ministro de Seguridad. "Se puede desalojar el predio dando soluciones a la gente que está en la pobreza sin darle cachetazos a nadie", respondieron allegados a Berni.

"Está firme el fallo de desalojo de la Justicia. Nosotros, el Gobierno, somos auxiliares de la Justicia. Lo que hicimos fue pedirle a la Justicia tiempo para buscar una solución negociada. Ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta", afirmó Kicillof en una entrevista.

Durante ese reportaje, el gobernador reconoció que el gobierno de Cambiemos "no inventó" el problema de la falta de viviendas, pero acusó a la gestión de su antecesora María Eugenia Vidal de no haber "dado respuestas" en materia habitacional, y destacó que su gobierno "no esconde los problemas".

En resumen, el problema no escapa al análisis de Castells, quien afirma que "lo que sucede es que los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios ni en sus gobiernos ni en sus presidentes ni sobre todo en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables."

Y ello se traduce, según el sociólogo, en tres etapas: "La primera, la crisis de legitimidad política que se expresa en una transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. La segunda, la emergencia de movimientos sociales, que surgen con nuevos valores de todo tipo. Y la tercera, las explosiones sociales. No se trata de movimientos articulados y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones. Simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada en otros con violencias más extrema".

Y, a su juicio, el problema es que el capitalismo genera crecimiento, pero también "produce mucha desigualdad, lo que lo hace muy inestable y con cuadros de crisis recurrentes". Bajo esa premisa, el intelectual apuntó a una "crisis de la gestión de la crisis" producto de la falta de credibilidad y legitimidad de las instituciones y procedimientos democráticos. A raíz de esto, dijo, " se produce un bloqueo y los ciudadanos, al advertir eso, optan por salirse del marco, lo desbordan y ahí vienen las explosiones sociales". 

Para Castells, la única forma para superar la crisis es " intentar tender puentes entre las fuerzas políticas de gobierno y oposición, izquierdas y derechas, para encauzar lo que sucede, a través de acuerdos dónde todos cedan y siempre de manera transparente". 

Camino por el que, claro está, aún no se camina en la Argentina...

Explosiones y violencia

Respecto a la violencia, Castells dice que "en países donde no ha habido casi ninguna respuesta ya no se presentan movimientos articulados: vemos explosiones sociales donde la gente no puede más, y dice 'basta'".

Y si bien afirma que las explosiones sociales no tienen por qué ser en sí violentas, "no podemos negar que esta existe, y la razón parecería ser que hay quienes piensan que si no emprenden acciones más duras, nadie les hará caso. Y procuran ocupar sitios simbólicos, interceptar comunicaciones, etc. La diferencia con hace pocos años es que ahora las personas no tienen miedo".

Por eso, en relación al accionar de las fuerzas policiales, muchas veces calificado como excesivo y que viola los Derechos Humanos, Castells recomienda que se debe tener mucho cuidado en la forma de contener la violencia en los márgenes de esas protestas sociales.

"Evitar por todos los medios que se convierta en un elemento que acelere y radicalice las manifestaciones, haciendo entonces que la parte más amplia de los que protestan pacíficamente se añada a la violencia. Hay que saber cómo se reprime y para ello existen tácticas sofisticadas", concluyó.


 

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