Una investigación por presunta estafa puso bajo la lupa a una concesionaria de Rosario después de que decenas de clientes denunciaran que entregaron vehículos, dinero o ambas cosas y todavía no recibieron las unidades que habían pactado. El caso escaló esta semana con un allanamiento en las oficinas de Rosario Motorsport, ubicadas sobre avenida San Martín al 2600, en la zona sur de la ciudad.
SIN ENTREGAS
Presunta estafa en una concesionaria de Rosario: Más de 100 clientes esperan sus autos
La Justicia deberá determinar si fue imposible cumplir con las entregas o si existieron conductas que puedan configurar un delito de estafa.
En pocas palabras
- Concesionaria investigada: Se allanó Rosario Motorsport por presunta estafa a más de 100 clientes.
- Mecanismo de estafa: Clientes entregaron autos y dinero y no recibieron las unidades pactadas.
- Concurso preventivo: La firma solicitó la apertura ante la Justicia, con una deuda que ronda los US$1,2 millones.
La dimensión del conflicto comenzó a quedar expuesta cuando se conoció que serían más de 100 las personas involucradas en operaciones incumplidas. En paralelo, la firma solicitó su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia provincial, en un expediente que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 10ª Nominación de Rosario.
La investigación penal, sin embargo, corre por otro carril. Hasta el momento se acumularon al menos diez denuncias ante la Fiscalía de Rosario y el fiscal Iván Enríquez ordenó medidas para reconstruir qué ocurrió con los vehículos y el dinero entregado por los compradores.
¿Qué pasó con la concesionaria investigada por presunta estafa?
El conflicto se originó en operaciones que, según los damnificados, seguían un mecanismo aparentemente habitual en el mercado automotor. El cliente entregaba un vehículo usado, aportaba una diferencia de dinero y recibía la promesa de obtener otro automóvil, en muchos casos un cero kilómetro, dentro de un plazo determinado.
El abogado Santiago Barbarach, quien representa a alrededor de 30 compradores afectados, explicó que los compromisos de entrega rondaban los 30 o 40 días. Sin embargo, con el transcurso de los meses, los plazos comenzaron a multiplicarse y algunos clientes llegaron a esperar varias veces ese período sin recibir el vehículo acordado.
El problema no estaría concentrado en una única marca o modelo. La firma trabajaba como empresa multimarca y comercializaba vehículos de diferentes fabricantes. Entre las marcas mencionadas por los representantes de los damnificados aparecen Volkswagen, Peugeot, Chevrolet y BAIC.
Estafa y un allanamiento clave en Rosario
El salto de la controversia comercial al terreno penal se produjo con la presentación de las denuncias. El fiscal Iván Enríquez solicitó un allanamiento en el local de avenida San Martín al 2600 para incorporar elementos que permitan determinar cómo funcionaba la operatoria y reconstruir las operaciones cuestionadas.
Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación vinculada con la actividad comercial de la firma. Además, se realizó un inventario de los vehículos que permanecían dentro del establecimiento. Los elementos deberán ser analizados para determinar qué operaciones se realizaron, qué unidades fueron recibidas y cuál fue el destino de los automóviles y fondos aportados por los clientes.
El operativo no terminó con personas detenidas. La causa continúa en etapa de investigación y, por el momento, la calificación de presunta estafa no implica que exista una condena ni que la responsabilidad penal de los integrantes de la empresa haya sido determinada.
¿Cuántos clientes quedaron atrapados en el conflicto?
La cifra conocida hasta ahora supera ampliamente las primeras estimaciones. El abogado de los damnificados señaló que serían más de 100 las personas que podrían quedar comprendidas en el proceso concursal si finalmente se dispone su apertura.
El volumen económico también es significativo. Según información difundida a partir de la presentación judicial, la deuda reconocida en el concurso ronda los US$1,2 millones. Esa cifra corresponde al pasivo informado en el expediente y no representa, por sí sola, el monto de una eventual estafa ni determina cuánto podría corresponder individualmente a cada comprador.
Entre los afectados hay clientes que entregaron dinero en efectivo, personas que aportaron vehículos usados como parte de pago y casos en los que se habrían combinado ambas modalidades.
El escenario resulta particularmente complejo para quienes ya no poseen el automóvil que entregaron.
¿Qué pasó con los autos usados entregados como parte de pago?
Uno de los puntos más delicados de la investigación está relacionado con el destino de los vehículos usados recibidos por la empresa.
Según explicó Barbarach, algunos automóviles ya habrían sido transferidos o vendidos a terceros. En esos casos, los compradores originales no solamente quedaron a la espera de la unidad que debían recibir, sino que además enfrentan dificultades para recuperar el vehículo que habían entregado inicialmente.
Los abogados de algunos damnificados intentan reconstruir la cadena de comercialización para determinar quiénes adquirieron posteriormente esos vehículos y establecer cómo fueron realizadas las operaciones.
La situación puede adquirir especial complejidad cuando existen formularios de transferencia firmados, vehículos ya inscriptos a nombre de terceros o unidades comercializadas mediante operaciones sucesivas.
Por eso, una parte central de la investigación será establecer qué bienes ingresaron a la agencia, cuáles fueron vendidos, a quiénes y bajo qué condiciones.
¿Qué pasa ahora con el concurso preventivo de la concesionaria?
El concurso preventivo representa otro capítulo del conflicto. Rosario Motorsport solicitó su apertura ante la Justicia comercial de Rosario, pero el proceso todavía se encontraba pendiente de resolución.
La presentación busca encauzar judicialmente las obligaciones de la empresa frente a sus acreedores. Si el concurso es abierto, los damnificados deberán presentarse para verificar sus créditos dentro del procedimiento correspondiente.
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