DNU 70/23: La oposición hace cuentas, pero parece que no consigue los votos para complicar a Milei

La oposición se prepara para una nueva pulseada con el Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados, aunque esta vez el principal obstáculo podría aparecer incluso antes de que comience el debate. La sesión especial convocada para este jueves 15 de octubre, en la que se pretende avanzar contra el DNU 70/23, todavía no tiene garantizado el quórum necesario para ponerse en marcha.

El objetivo de los bloques opositores es rechazar el megadecreto firmado por el Presidente al comienzo de su gestión. Sin embargo, las negociaciones de los últimos días dejaron al descubierto un problema: no todos los legisladores que cuestionan al Gobierno están dispuestos a acompañar la iniciativa.

La cuenta es sencilla, pero difícil de completar. Para abrir la sesión se necesitan 129 diputados sentados en sus bancas y, según el relevamiento de adhesiones realizado hasta el momento, la oposición reúne alrededor de 120 voluntades potenciales.

Es decir, todavía le faltarían al menos nueve legisladores, incluso suponiendo que todos los que habían manifestado su disposición a participar finalmente concurran.

Los diputados provinciales tienen la última palabra para voltear el DNU

El primer cálculo parte de los bloques que acompañaron formalmente el pedido de sesión. Allí aparecen los 92 diputados de Unión por la Patria, cuatro del Frente de Izquierda, dos de Primero San Luis, dos de la Coalición Cívica y otros dos de Encuentro Federal.

También se suman las diputadas Marcela Pagano, de Coherencia, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba. Con esos respaldos, el número inicial asciende a 104 legisladores.

A ellos se agregan seis integrantes de Provincias Unidas que firmaron la convocatoria: Esteban Paulón, Pablo Juliano, Mariela Coletta, Pablo Farías, Martín Lousteau y María Inés Zigarán.

Así, el núcleo de adhesiones llega a 110 diputados, todavía lejos de los 129 necesarios.

En las conversaciones previas también aparecieron otros diez posibles respaldos: los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez, el jujeño Jorge Rizzotti, cuatro legisladores misioneros de Argentina Federal y tres representantes de Elijo Catamarca.

Pero hay una diferencia importante entre manifestar la intención de asistir y efectivamente sentarse en el recinto. Además, varios de esos compromisos fueron expresados antes de que la Corte Suprema dictara una nueva resolución sobre la Ley de Tierras.

Un fallo de la Corte que cambió el escenario para la oposición

La estrategia opositora había cobrado impulso después de una decisión judicial relacionada con el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales.

Esa legislación establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Su derogación se convirtió en uno de los principales argumentos para impulsar el rechazo parlamentario del megadecreto.

Sin embargo, el viernes 9 de octubre la Corte Suprema, integrada para este caso con dos conjueces, suspendió provisoriamente los efectos del artículo cuestionado.

La medida permitió restablecer temporalmente las restricciones previstas en la Ley de Tierras, mientras continúa la discusión judicial sobre el planteo presentado por una asociación ambiental.

La resolución no anuló todo el DNU ni resolvió definitivamente su constitucionalidad, pero sí modificó las condiciones políticas en las que la oposición había convocado a la sesión.

Con uno de los principales motivos de confrontación parcialmente atendido por la Justicia, algunos legisladores que estaban dispuestos a acompañar el debate comenzaron a reconsiderar su posición.

Córdoba, Santa Fe y otros bloques, bajo la lupa

Una parte importante de las negociaciones pasa por Provincias Unidas, un espacio que reúne dirigentes de distintas provincias y que no siempre actúa de manera uniforme en las votaciones.

Entre quienes todavía no habían definido públicamente su posición sobre la sesión aparecen los cordobeses Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; y la mendocina Lourdes Arrieta.

También existe expectativa sobre la postura de los diputados vinculados al gobernador cordobés Martín Llaryora.

Juan Brügge ratificó su intención de avanzar con el tratamiento legislativo incluso después del nuevo fallo judicial. En declaraciones a La Voz, sostuvo que la sociedad no puede depender de los cambios de criterio de los jueces y defendió la derogación del decreto como una solución definitiva.

Pero esa postura no necesariamente será compartida por el resto de los representantes cordobeses.

Algunos de ellos mantienen interés en discutir la prórroga de la emergencia en discapacidad, aunque ese asunto también podría abordarse durante la sesión impulsada por el oficialismo para el 21 de octubre.

Las ausencias que complican a la oposición

Mientras algunos legisladores mantienen sus posiciones abiertas, otros ya anticiparon que no contribuirán a reunir el quórum.

Es el caso de los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, integrantes de Argentina Federal, quienes no tienen previsto bajar al recinto para acompañar el intento opositor.

Tampoco se espera la presencia de Jorge “Loma” Ávila, de Chubut; Sergio Capozzi, de Río Negro; ni José Luis Garrido, de Santa Cruz.

En tanto, persisten las dudas sobre Claudio Álvarez y Gerardo Gustavo González, otros dos integrantes de Argentina Federal cuyo comportamiento parlamentario todavía no estaba confirmado.

Estas ausencias reducen el margen de maniobra de los bloques convocantes, que necesitan sumar voluntades prácticamente hasta último momento.

El Gobierno busca preservar el megadecreto

La Libertad Avanza sigue de cerca las negociaciones y apuesta a que las diferencias entre los bloques opositores impidan alcanzar el número necesario para abrir la sesión.

El oficialismo también impulsa una salida legislativa para la discusión sobre las tierras rurales, a través de iniciativas vinculadas con la protección de la propiedad privada.

La estrategia permitiría abordar específicamente uno de los puntos más cuestionados del DNU sin necesidad de rechazar la totalidad de la norma.

Para la oposición, en cambio, la discusión excede el artículo referido a la Ley de Tierras y alcanza al conjunto de reformas introducidas por el decreto presidencial.

De todos modos, el primer desafío será conseguir que la sesión comience. Recién después podrá discutirse si existen los votos suficientes para rechazar el DNU, que ya recibió el rechazo del Senado en marzo de 2024. Con ese antecedente, una votación negativa en Diputados tendría consecuencias sobre la vigencia del megadecreto.

Por ahora, la oposición mantiene la convocatoria, pero enfrenta una realidad incómoda. Antes de intentar rechazar el DNU de Milei, deberá demostrar que tiene los diputados suficientes para sentarse a discutirlo.