Empleados públicos: ¿Última prórroga antes de aplicar la 'deep motosierra'?

Empleados públicos precarizados

Los trabajadores del Estado con monotributo y contratos trimestrales están en situación precaria y Milei les venía renovando sus contratos por el mismo período de tiempo mientras definía con quiénes se quedaba y a quienes desvinculaba.

En el medio de ese proceso, se impusieron los exámenes de idoneidad con el propósito de justificar despidos, pero el 95% los aprobó.

En ese contexto, ahora la administración libertaria volverá a renovar contratos hasta fines de marzo y si rinden satisfactoriamente los exámenes de idoneidad pasarían a un régimen de mayor estabilidad.

Se trata de unos 40.000 empleados contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional los que se encuentran bajo la lupa y a quienes se les renuevan los contratos, presumiblemente por última vez según dejaron trascender desde el Gobierno.

Se espera que a partir de marzo sigan en sus puestos de trabajo los empleados que aprueben la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que consiste en un cuestionario dividido en tres categorías: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública.

La otra condición para seguir en el cargo es que los jefes de los empleados estatales consideren que esa persona cumple una función necesaria para el área.

ATE dice que son más

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que mantiene una posición intransigente contra el Gobierno, no se trata de 40.000 los empleados a los que se les terminó el contrato a fin de año sino más de 55.000.

El gremio contabiliza también a los monotributistas bajo locación de servicios y los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor.

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Rodolfo Aguiar, titular de ATE, el gremio que se opone a los exámenes de idoneidad del Gobierno a los empleados públicos.

El Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan un convenio a través de Acara.

En ATE señalaron que con el cambio de año “se detectaron los primeros despidos en el Ministerio de Justicia, en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) -la obra social de los uniformados- y en Parques Nacionales”.

En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados recibieron un mensaje por WhatsApp el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que ya no debían presentarse a trabajar, destacó la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, ayer (2/1) e Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar la plata de la administración nacional y limitar el ingreso de personal nuevo al sector público.

Y fijó que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”.

Esa prohibición abarca a las designaciones en las plantas transitoria, las contrataciones bajo el paraguas del “artículo 9°” y las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos.

Excepcionalmente, se podrán prorrogar las designaciones transitorias y de contratos firmados el año pasado.

Cualquier alta nueva excepcional en un organismo público deberá estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”.

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