Casal vs. Verbitsky ya es un clásico FpV
Ricardo Casal es el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, área que Daniel Scioli no le entrega al Frente para la Victoria. Horacio Verbitsky es el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales devenido en jacobino cristinista desde su columna dominical en Página/12. La batalla lleva meses.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El conflicto lleva meses. Horacio Verbitsky reclama en nombre del ladriprogresismo (La Cámpora, Gabriel Mariotto, etc.) el control de la seguridad bonaerense. Ricardo Casal, el ministro de Justicia y Seguridad, es defendido por Daniel Scioli a capa y espada.
En días cuando el cristinismo talibán embiste nuevamente contra Daniel Scioli (cruzada periódica, casi obsesiva), Verbitsky regresa de vacaciones y va contra Casal a quien acusa de todo lo malo que ocurre no solo en la Policía Bonaerense sino también en el Servicio Penitenciario provincial.
Casal le retruca a sus adversarios con una medida audaz, pero que resulta un mazazo a La Cámpora, con consecuencias inevitables en horas más: reincoporó a 6 policías desafectados tras la refriega con La Cámpora durante el inicio del nuevo mandato de Scioli.
La decisión oficial marcará un nuevo pico de tensión con el vicegobernador Gabriel Mariotto, que vienen cuestionando la política de seguridad provincial y reclaman profundizar la investigación de ese hecho.
Esos 6 efectivos de Infantería fueron desafectados luego de que el lunes 12/12/2011 protagonizaran una refriega con militantes de La Cámpora que pugnaban por ingresar a los palcos de la Cámara de Diputados que estaban colmados de simpatizantes sciolistas. Como consecuencia de esos hechos, al menos dos integrantes de la agrupación K debieron recibir atención médica.
Pero a poco menos de 2 meses de esos hechos y luego de 2 investigaciones -una penal y otra que realiza el área de Asuntos Internos del ministerio de Justicia y Seguridad-, se dispuso que estos policías retomen sus actividades en la fuerza. La medida, según confirmaron altas fuentes de la cartera que conduce Ricardo Casal, fue adoptada a raíz de que ninguno de estos efectivos aparece como imputado en la causa que se tramita en la Justicia de acuerdo al oficio librado por el fiscal.
No obstante, en la propia investigación ministerial estos efectivos no fueron exculpados y su actuación en los hechos sigue siendo examinada. Otro de los motivos que habrían pesado en la decisión oficial tiene que ver con la cuestión salarial. Ocurre que, al ser sancionados, estos efectivos perciben prácticamente la mitad de sus ingresos habituales ya que, además, no pueden realizar horas adicionales conocidas como Cores o Polad.
La medida adoptada por Asuntos Internos comprende al capitán Walter Revolero; los tenientes primero Leandro Dos Santos y Raúl Molina; el subteniente Roque Barrios; y los sargentos Fernando Loubet y Daniel Maidana.
Estos efectivos ya habría firmado incluso su reingreso a la fuerza, aunque ya no formarán parte de Infantería. "Se les cambiará el destino como es habitual en estos casos", se indicó en Seguridad.
Luego de la sanción, efectivos de Infantería -incluso estos agentes que todavía siguen investigados-, realizaron un autoacuartelamiento en reclamo de que se reviera la sanción. Ahora, a casi dos meses, fueron reincorporados a la fuerza.
La decisión oficial apuntaría, se especula, a delimitar las responsabilidades de los hechos en Sergio Ochoa, el jefe de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos que fue uno de los responsables del operativo que se montó en la Legislatura. Ochoa fue "imputado y desafectado" por Asuntos Internos en los últimos días, tal como anticipara este diario.
"El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor Ricardo Casal, montó un apurado show publicitario para defender un modelo de gestión policial y penitenciario agotado, que en pocos días produjo dos episodios tremendos, con sendos asesinatos de hombres pobres jóvenes: el asesinato de un pibe en Florencio Varela por una organización de narcos con protección policial y la muerte a golpes y patadas por funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense de un joven detenido en la cárcel de San Martín.
Ambos fueron esclarecidos con la injerencia del gobierno nacional, junto con organizaciones de Derechos Humanos y/o de militancia política y barrial, y señalan un modelo distinto de gestión que cuestiona en la práctica a Casal. La apuesta del ministro es que los crecientes niveles de violencia extra e intramuros generen adhesión en otros sectores de la sociedad, asustados por la psicosis de la inseguridad y tolerantes con cualquier medida de discriminación represiva contra la población penitenciaria o la de los barrios humildes de los que proviene ese ganado humano.
(...) Dos días después, el sábado 28 de enero, una decena de penitenciarios asesinaron a puñetazos y patadas a Patricio Jonathan Barros Cisneros, de 26 años, detenido en la Unidad 46, del sórdido complejo penitenciario de San Martín. Su hermano Diego denunció el año pasado que el personal del SPB sacaba a los detenidos a robar para ellos. En el horario de visitas comenzaron a golpear a Patricio en el patio, a la vista de otros presos y de su propia esposa, Alejandra Gisela González, de 18 años, embarazada. Estaba enojado porque no les permitieron verse en un sitio con mínima privacidad y no ante todos. La piba, que tuvo que aguardar cuatro horas antes de que le permitieran ingresar, fue forzada a salir a la calle y poco después le informaron que su esposo se había suicidado. El prefecto mayor Leonardo Jorge Dziata escribió en el parte oficial que Barros Cisneros esgrimió “un elemento punzante”, mientras le gritaba el encargado:
–Dame visita en una de las celdas porque te voy a cagar a puñaladas.
Según la historia oficial, Barros intentó tomar como rehén al adjutor Rodrigo Chaparro quien “procedió a entablar un diálogo” para que “depusiera su actitud hostil”. Como no lo consiguió, “tuvo que utilizar la fuerza mínima e indispensable”. Esto lo enardeció contra el personal que, para controlar la situación, “tuvo que utilizar elementos de sujeción (esposas) y gas pimienta (PPQ)”. Aun así, “una vez reducido”, Barros “logra zafarse” y, “sin mediar motivo alguno, comienza a golpear su cabeza fuertemente contra la rejas para luego caer pesadamente contra el suelo”. También firman el parte tres detenidos que realizaban tareas de limpieza, peluquería y cocina.
La autopsia desmiente la pretensión del suicidio: Barros tenía más de treinta golpes en el cráneo y el rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Según el médico penitenciario Federico Woodgate la muerte de Barros obedeció a un “paro cardiorrespiratorio”. Esto equivale a decir que está muerto porque se murió, ya que cuando alguien muere por cualquier causa su corazón se detiene y su respiración cesa. Woodgate deja las generalidades y se torna minucioso cuando describe las heridas punzocortantes y las escoriaciones en detalladas partes del cuerpo de Chaparro.
Los familiares que visitaban a otros detenidos llamaron al secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, quien fue a la cárcel. Volvió el lunes con el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que todos los años publica un minucioso informe sobre la situación en las cárceles bonaerenses, y el CELS. De las 120 personas privadas de su libertad que entrevistaron, ni una aceptó la versión oficial. Dijeron que el lugar estaba repleto de penitenciarios, que se entrenan con pesas en la propia unidad, y que portaban escopetas, por lo que era inimaginable una agresión allí. Pero todos tenían terror de declarar. Aquellos que habían provisto la coartada al Servicio, el encargado de limpieza Martín José Matilla, el cocinero del Casino de Suboficiales Mario Pandianni y el peluquero Victoriano Acosta, fueron amenazados de muerte por los penitenciarios si se retractaban. Casolati pidió hablar a solas con el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones 1 de San Martín, Carlos Insaurralde.
–Hablemos aquí en el patio –le respondió.
–Hay mucha gente que puede escuchar. Tengo elementos sobre una muerte, que involucran al personal –insistió el defensor.
–No me interesa, y no se qué hace usted aquí –lo cortó.
Tampoco se interesó por el caso el Director de Población del Ministerio, Alejandro Santecchia, quien estaba de recorrida por la unidad al mismo tiempo que la delegación del CELS y de la CPM. Santecchia era acompañado por las autoridades pero no entrevistó a los detenidos ni ingresó a Sanidad. Roberto Cipriano, del Comité contra la Tortura, vio allí a un hombre que se tapaba una traqueotomía con un dedo. La socióloga Anabella Museri, del CELS, observó a un carancho devorar una rata. En un pabellón con nueve celdas, de cuatro camas marineras cada una, había 67 detenidos que, en muchos casos, pasan 23 horas por día encerrados. Vieron un hombre con el cuerpo cubierto de forúnculos por la contaminación del agua y otro con dos dedos deformados por los golpes del SPB y la falta de atención médica. A un tercero le faltaba un brazo y estaba cubierto de pus. Varias cucarachas se treparon a los visitantes. El olor insoportable del basural también es inhumano para el personal penitenciario. La reja no había sido resguardada y del piso donde Barros cayó fueron lavadas las manchas de sangre.
En su oficio a la UFI 1, Casolati narró que cuando Barros cayó, le patearon la cabeza y los testículos gritando:
–Aquí mandamos nosotros.
A solicitud del CELS, la ministra de Seguridad federal, Nilda Garré, dispuso trasladar a los tres testigos amenazados por el SPB a la sede de Gendarmería. Garantizada así su vida, los tres contaron la verdad al fiscal Insaurralde:
–Por favor, no me peguen más, está mi familia allí –llegó a decir Barros.
–Ahora pedí por favor –le contestaron y siguieron golpeándolo hasta que quedó inmóvil. También dijeron que:
-Barros nunca se golpeó con la reja ni empuñó una faca, la arrojaron junto a su cuerpo cuando ya lo habían matado.
-Chaparro la usó para autolesionarse.
-Cuando Barros estaba caído boca arriba, enceguecido y ahogado por el gas pimienta, sangrando y con las manos esposadas a la espalda, el agente Benítez lo tomó del cuello para estrangularlo.
-El guardiacárcel Luna saltó varias veces sobre su pecho, otro al que llaman El Gallego le pateó los genitales y el oficial Mario le cacheteó la cara. Varios le patearon la cabeza. En total participaron del asesinato diez u once, entre ellos uno a quien conocen como Chino o Ken. “Era un tumulto de guardias”.
-Un oficial Silva les hizo firmar un parte que no pudieron leer y les dijo que cuando les preguntaran dijeran que después de amenazar al personal con una faca se golpeó contra la reja.
Recién entonces, Casal puso en disponibilidad a sus camaradas penitenciarios, recibió a la familia de Barros, bajó del helicóptero en la cancha de Racing y anunció con Scioli un nuevo Operativo Distracción."
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