COVIARA: El Gobierno intervino la constructora de la Armada para transformarla en SA

La empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), histórica constructora y desarrolladora de viviendas para el personal militar, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa, fue intervenida por el Gobierno de Javier Milei por 180 días hábiles.

La medida, que tiene como objetivo de completar su transformación societaria y avanzar con la fusión prevista con Playas Ferroviarias de Buenos Aires, fue establecida mediante el Decreto 817/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo.

El decreto designó como interventor de COVIARA al capitán de navío Marcial Eduardo Pérez, quien durante la vigencia de la intervención tendrá a su cargo en forma exclusiva la administración y representación de la empresa y de su continuadora, COVIARA S.A.U.

Según los fundamentos de la norma, la intervención responde a que la empresa atraviesa una situación de vacancia en su conducción, luego de la renuncia de su presidente del Directorio, aceptada a partir del 31 de marzo de 2026, y ante la existencia de otros cargos de directores que permanecen vacantes.

Los argumentos del Gobierno

El Gobierno señaló que la integración incompleta del Directorio dificulta la adopción y ejecución coordinada de las decisiones necesarias para completar el proceso de transformación societaria dispuesto en 2025.

Recordó que el Decreto 117/2025 había establecido la transformación de COVIARA en una sociedad anónima unipersonal y dispuesto que, una vez concretada, se realizaran los actos necesarios para su fusión por absorción con Playas Ferroviarias de Buenos Aires Sociedad Anónima, lo que implicaría la disolución sin liquidación de COVIARA S.A.U.

El Ejecutivo sostuvo que, pese al tiempo transcurrido y a los avances registrados, todavía permanecen pendientes actuaciones necesarias para perfeccionar la transformación y concretar la fusión, por lo que consideró necesario asegurar la continuidad de la conducción y concentrar la responsabilidad ejecutiva sobre el proceso.

Durante la intervención, Pérez podrá ejercer las competencias que correspondan al Directorio y tendrá facultades para realizar los actos jurídicos, administrativos, societarios, registrales, patrimoniales, contables, financieros y operativos necesarios para cumplir con el objetivo fijado por el decreto.

Entre esas atribuciones se incluye designar y remover funcionarios y personal de la sociedad, contratar servicios y resolver o rescindir contratos existentes vinculados con la continuidad de las prestaciones de la empresa o de terceros.

El proceso será supervisado de manera conjunta por el Ministerio de Defensa y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, que también podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar la intervención.

Motosierra sin criterio ni planificación

COVIARA, esta desarrolladora creada en 1966, que funcionaba con fondos propios y por tanto no requería fondos del Tesoro, terminó por convertirse en uno de los mayores ejemplos sobre cómo se implementa la motosierra libertaria sin criterio ni planificación.

Ahora el resultado dependerá de que durante los próximos 180 días hábiles puedan completarse los trámites, transferencias, decisiones contractuales y actuaciones registrales pendientes y, finalmente, materializarse la fusión prevista.

El desafío será convertir la intervención en una herramienta de cierre y no en una nueva instancia de transición.

El propio decreto establece un objetivo preciso y un plazo determinado: terminar la transformación de COVIARA y avanzar con su absorción por Playas Ferroviarias de Buenos Aires. En ese sentido, los próximos meses permitirán medir si la concentración de facultades consigue destrabar un proceso que permanece pendiente desde 2025.

Es la "voluntad de este gobierno"

Quienes forman parte de COVIARA siempre entendieron que lo que se buscaba era su disolución: "Cuando se buscan las causas reales sobre lo que quieren hacer con COVIARA, hay algo que nadie dice: nosotros, sin ningún tipo de problema, podemos tener una empresa desarrolladora que hace lo mismo que cualquier privado solo que con una lógica social para la Armada, porque esa es la función con la que se la creó y no con el objetivo de la especulación inmobiliaria, que naturalmente rige al mercado. Pero esta es la voluntad política del gobierno actual".

Los trabajadores de COVIARA saben que, a pesar de que desde 1996 fueron excluidos del Presupuesto de los sucesivos gobiernos nacionales, motivo por el cual no reciben partida del erario público, han construido más de mil viviendas para el personal de la Armada.

Hasta diciembre de 2023, el personal de COVIARA, creada durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía, llegaba a los 40 empleados y mostraba equilibrio en sus cuentas. Bastó un año y medio, para que la situación se tornara diametralmente opuesta, y el déficit no parara de crecer.

Luego llegó la sanción de la Ley Bases, cuando COVIARA apareció entre las empresas del Estado que debían ser privatizadas con la respectiva conversión en sociedad anónima como paso previo. Se trata de algo que aún no sucedió porque el Gobierno no cumplió los pasos correspondientes.