COLETAZOS DEL LAVA JATO

Ordenan medidas "rápidas" por el soterramiento y Rizzo pregunta: "¿Indagatoria para Calcaterra?"

La Sala II encomendó al juez Martínez de Giorgi a que "encamine" la investigación "a través de medidas rápidas y eficaces usando la información que tiene a su disposición", ya que hasta ahora han resultado "infuctuosos" los pedidos de colaboración a otros países.

La Cámara Federal porteña estableció este lunes una serie de pautas para que el juez Marcelo Martínez de Giorgi profundice la investigación del tramo de la causa Odebrecht por el presunto pago de coimas en la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En esa causa, están imputados exfuncionarios kirchneristas, como Ricardo Jaime y José López, y Angelo Calcaterra, entonces dueño de una de las constructoras que iban realizar la obra y primo del presidente Mauricio Macri.

El tribunal encomendó al magistrado a que "encamine" la investigación "a través de medidas rápidas y eficaces usando la información que tiene a su disposición", ya que hasta ahora han resultado "infuctuosos" los pedidos de colaboración a otros países.

Martínez de Giorgi investiga el presunto “pago de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra ‘Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno’ de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado por las firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebretch S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.”.

Partiendo de esa descripción, los camaristas de la Sala II -Martín Irurzun y Eduardo G. Farah- confirmaron el rechazo del pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de ser tenida por querella, valorando que esa calidad le es reconocida en investigaciones con objetos diferentes al de éste expediente, señala el Centro de Información Judicial.

En el considerando III de su resolución, los jueces efectuaron consideraciones sobre el modo en que correspondía dirigir los actos procesales de la compleja pesquisa en cuestión para determinar la participación de funcionarios y empresarios de grandes firmas comerciales de Argentina y del exterior, encomendando al juez que la encamine a través de medidas rápidas y eficaces, usando la información que tiene a su disposición (hay otra que depende de la respuesta que otros países a pedidos de colaboración, hasta ahora infructuosos).

Dijeron al respecto: “El objeto de la instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis -más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales-. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones sobre las distintas facetas que -como ya se conoce- la maniobra presenta, tanto en las etapas previas, así como en las de adjudicación y de ejecución del contrato….Es que la entidad de los sucesos denunciados -donde se encuentran imputados por hechos de corrupción funcionarios públicos y empresarios del sector privado, que involucran pagos de sobornos en el contexto de supuestos fraudes por sumas millonarias- hace ineludible encomendar al juez que tome en consideración información ya invocada en la causa (ver f. 1069/37vta.) y que, sobre la base de datos colectados, procure una actividad eficaz en miras a contestar interrogantes suficientes a fin de avanzar en el proceso, como también que evalúe la adopción de medidas cautelares de distinta índole que correspondan”.

Ante el fallo de la Cámara Federal, Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, se preguntó a través de Twitter si entre esas medidas que reclama el tribunal estará el llamado a indagatoria a Calcaterra.

 La imputación del fiscal Franco Picardi es por los delitos de defraudación, soborno transnacional y dádivas. La presentación que hizo Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi señala que Iecsa y Odebrecht se postularon como socias y que protagonizaron junto con otras compañías mecanismos de “cartelización” implementados para reducir la competencia y que siempre ganaran las mismas. Dice que es un procedimiento análogo al que se detectó en Brasil en el caso Lava Jato.

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