Tras los comicios, las facturas de luz, gas, agua, naftas cantan las 40

Como aperitivo, el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Valerio Sruoga, firmó la resolución 840-E/2017 publicada en el Boletín Oficial que acaba de oficializar una compensación económica por unos $354,9 millones a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, en manos de allegados al poder como Marcelo Mindlin y Nicolás Caputo, respectivamente, en "reconocimiento" de las obras ya realizadas.

Ello no será óbice para que los casi 5 millones de clientes de Edenor y Edesur también reciban, a partir de noviembre, el nuevo ajuste de tarifas, mientras que el otro quedará pendiente para febrero de 2018.

Las computadoras de las oficinas administrativas de ambas concesionarias del suministro metropolitano de electricidad están a full calculando la incidencia que tendrá en las facturas el retiro de parte del subsidio a los usuarios y el escalonamiento de la recuperación tarifaria que estaba firme hasta que se decidió dejarlo en suspenso para no interferir con la campaña del oficialismo.

El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, recordó en declaraciones a Luis Novaresio que ya desde el año pasado estaba establecido un aumento para esta época.

"El valor final de la factura tendrá un incremento de entre 40 y 110%" además estimó que el alza en los combustibles rondaría "entre el 8 y el 10 %".

Los 6 millones de usuarios residenciales de gas natural que están fuera de las consideraciones sociales de excepción se ven venir aumentos después de la formalidad del Ministerio de Energía de convocar a audiencia pública a realizarse en la semana del 13 al 17 de noviembre.

Juan José “Yaya” Aranguren se adaptó perfectamente a esas asambleas de amplia convocatoria, no vinculantes, que sólo requieren prepararse para poner la cara e ir con la cabeza a otra parte mientras se suceden las catarsis.

Cerradas las listas de oradores, y con los nuevos valores que regirán desde el 1 de diciembre, en la misma fecha se aplicará la 2da fase de la suba para las transportistas y distribuidoras del producto así como el ajuste por precios mayoristas por el período abril-noviembre. De esas fórmulas polinómicas sale el incremento superior al 40% que asoma en el horizonte inmediato de las hornallas.

Según el cronograma original, el precio del gas, que incide 60% en la factura sin impuestos, pasará desde USD 3,77 fijados en abril pasado, a USD 4,19, lo que significa un alza del 11,1% en dólares.

Las cuitas tarifarias de los usuarios no terminan en la luz, el gas y los combustibles, ya que están previstos otros aumentos en las facturas de telefonía fija y móvil, y en el agua, que parece se viene con un 40 o 50% en octubre, al menos en la intención oficial.  

Como anticipo a las audiencias en ciernes, la ex Presidenta y candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, aprovechó el micrófono del que dispuso en el cierre del Congreso de Economía Política que se llevó a cabo en el teatro Roma de Avellaneda para “esclarecer a la audiencia” de que las ganancias resultantes de las alzas en los servicios públicos "se la llevan los amigos" del Gobierno, por lo que las tarifas constituyen un "verdadero y auténtico saqueo al bolsillo de los argentinos".

Y que mientras que las facturas que pagan los usuarios aumentaron "4 o 5 veces", las regalías para las empresas prestadoras de gas o electricidad se mantuvieron en los mismos valores, con lo que su denuncia se centró en “la diferencia que se le sustrae al ciudadano”.  

Dijo que durante su gestión ese subsidio se lo cubría el Estado y representaba un "salario indirecto" para poder consumir más y activar la rueda de la economía, lo que contrastó con que el Gobierno está haciendo posible un "negocio para pocos", entre quienes incluyó, sin nombrarlo, a Nicolás Caputo, a quien hizo referencia como el "amigo del alma del Presidente" Mauricio Macri. De paso lo escrachó con que, siendo uno de los dueños de Edesur, resultó adjudicatario por US$500 millones de dos importantísimas obras energéticas. Como consecuencia de esos contratos, añadió, las acciones del empresario ligado al mandatario subieron en la bolsa, lo que le permitió obtener una ganancia vendiendo esos títulos de mercado.

La agenda de aumentos del último trimestre escalona las “buenas nuevas” poselectorales para los bolsillos de los usuarios en cuanto dejen de ser considerados electores:

-a partir de la semana del 23 de octubre se concretaría el alza en los precios de los combustibles al público, entre el 8 y el 10 %,

-a partir de la última semana de octubre, subiría el agua, entre el 40 y 50%.

-a partir del 1 de noviembre se daría vía libre a los incrementos ya previstos para Edenor y Edesur, entre 40 y 110%, no habiéndose determinado aún si habrá de variar el precio mayorista de la energía que alcanza a todo el país.

-a partir de diciembre vendrán los aumentos del 40% en las tarifas de gas.

-a partir de febrero llega a 2da cuota del gas tras la refinanciación de este año.

Las perspectiva no atribula nada más que a los aproximadamente 6 millones de usuarios de luz y de gas del área metropolitana de Buenos Aires que pagan tarifa plena. Esos ajustes de dos dígitos para arriba les quitan el sueño al director general de INdEC, Jorge Todesca, que es el responsable de un Índice de Precios al Consumidor al que la inflación núcleo le fijó una vara alta, y carga las tintas del Relevamiento de Expectativas Monetarias (REM), que el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger intenta domar con las metas antiinflacionarias.  

No es ninguna novedad, porque los ajustes en los márgenes que reciben transportistas y distribuidoras de electricidad y gas ya están pautados, e incluso está determinado también que en febrero y abril de 2018 respectivamente habrá nuevos aumentos para mejorar los márgenes de esas prestadoras.

Transcurridas ya las elecciones, los técnicos del gobierno tendrán que pelear cada centésimo de incidencia de esos aumentos en los indicadores e ir administrándolos en cuentagotas en la general para que no se dispare el número.

Tarifazos e indexaciones

El problema es que detrás del verano vienen las paritarias, a las que el gobierno pretende sacarles las cláusulas-gatilllo, y si el punto de partida del IPC queda alto por la aplicación de los aumentos pendientes de los servicios públicos, el rebrote afectará el equilibrio social, no así el político, porque para el 2019 faltará bastante.

El cimbronazo se hará sentir también en la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) que indexa las cuotas de los créditos hipotecarios que viene otorgando a todo trapo la banca pública, con un acompañamiento cada vez mayor de la privada. Este año se concederán $50.000 millones, que recibirán unos puntitos más de recargo por la incidencia tarifaria.

En la secuencia que se viene para el gas quedarán expuestos los subterfugios que aplicó el gobierno nacional como criterio para fijar las futuras alzas beneficiando a productores y transportistas a condición de que concreten inversiones.

Para cumplir con su parte, cada 6 meses la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos tiene que cotejar que el valor pautado coincida con las condiciones del mercado internacional (esto es porque el precio sin subsidios incluye los valores de importación del GNL para regasificar y del gas de Bolivia) y el seguimiento empalma con el escalonamiento dispuesto para la reducción de subsidios, lo cual perpetúa los fundamentos para actualizar el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte ya preestablecido hasta octubre de 2019.

El cronograma original determina que el precio del gas, cuya incidencia es del 60% en la factura sin impuestos, pasará desde u$s3,77 fijados en abril pasado, a u$s4,19, lo que significa un alza del 11,1% en dólares.

La paridad tomada por el Ministerio de Energía en el período diciembre-marzo para determinar el precio en pesos a trasladar a las tarifas de los usuarios promedio para abril-octubre había sido de $17,02, y ahora el dólar está a $17,5. De modo que habría quedado en el tintero una extra del 14%, sin que se haga lugar a la demanda de las empresas para ser compensadas por el tiempo de espera.

La cuestión se complica porque para los márgenes de transporte y distribución, que representan el otro 40% de la factura sin impuestos, se aplicará la 2da fase del incremento.

Lo expone Silvia Peco en Ámbito: la 1ra fue en abril y significó el 30% del total autorizado, lo que se tradujo en un aumento del 20% en las tarifas residenciales. La 2da, en diciembre, equivaldrá al 40% sobre lo pautado y tendrá una incidencia de alrededor del 25% para el público.

Así se llegaría al aumento del 39% sobre la factura con las tarifas de gas que regirán desde diciembre, que con los impuestos, más un ajuste por la evolución de precios mayoristas (IPIM, nivel general) entre abril y noviembre sobre los márgenes de transportistas y distribuidoras, rondará el 44%.

Con respecto a la electricidad, el último reconocimiento que les hizo el gobierno a Edenor suma $323.435.749,04 y a Edesur $31.466.643,83 no tiene nada que ver con las tarifas, porque constituyen resarcimientos por obras ejecutadas a condición de que los empresarios desistan de las demandas administrativa y/o judicial.

Una vez que se acredite que las distribuidoras renuncian a las demandas, la Secretaría de Energía Eléctrica instruirá a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) a realizar las compensaciones de las sumas reconocidas, hasta su concurrencia con las deudas que, por las operaciones de compra de energía eléctrica, Edenor y Edesur tengan con el Mercado Eléctrico Mayorista.