CORRUPCIÓN CON K

Un llamado a la memoria

En los últimos meses, se registraron casos de corrupción y se pusieron al descubierto vínculos oscuros del poder político con corporaciones económicas. Algunas de las investigaciones continúan, pero existen claras maniobras para que haya impunidad.

Los Schoklender siguen libres y hay protección para Bonafini

Hace un año estalló el escándalo que involucra a la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el supuesto desvío de 765 millones de pesos destinados a construir viviendas sociales. La investigación tuvo su origen luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello acusara a Sergio Schoklender de desviar los fondos públicos que manejaba en la entidad y con los cuales, sospecha, habría comprado 17 terrenos en José C. Paz por 240 mil dólares, una Ferrari 430, dos aeronaves -una valuada entre uno y dos millones de dólares y la otra entre 450.000 y 800.000 dólares- y una embarcación.

Recién hace diez días, el juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, decidió citar a declaración indagatoria a los exapoderados de la organización -los hermanos Sergio (foto) y Pablo Schoklender- y a María Alejandra Bonafini -hija de la titular de la entidad, Hebe de Bonafini. Todos siguen libres.

Justamente, lo más destacable de esta llamada a indagatoria es la ausencia del nombre de la presidenta de la asociación. Esto respondería a un intento de protección de Hebe de Bonafini para intentar desvincularla de las serias irregularidades del caso.

Sospechas de espionaje

También el juez federal Norberto Oyarbide tiene a su cargo otra causa que complica al Gobierno. En este caso se trata de la denuncia por presunto espionaje interno que Gendarmería Nacional habría realizado durante el conflicto laboral que afectó a la empresa Kraft en 2009, por el cual sus trabajadores realizaron cortes en la ruta Panamericana para reclamar por el despido de 158 trabajadores y mejoras en las condiciones laborales.

El Centro de Reunión de Información Campo de Mayo, de esta fuerza, fue el encargado de realizar tareas de inteligencia cuyos datos formaron parte del “Proyecto X”, reconocido por el propio comandante general Héctor Schenone.

Las organizaciones políticas y sociales que presentaron en noviembre pasado la denuncia aseguran que Gendarmería violó la ley de inteligencia nacional que le impide hacer espionaje interno en organizaciones sociales o políticas.

Once: reina la impunidad y el Gobierno hace silencio

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero pasado, cuando la formación 3772 de la línea Sarmiento chocó contra el paragolpes de la estación, dejando 51 víctimas mortales y 703 heridos. Hasta el momento no hay un solo funcionario detenido, y la investigación está envuelta en un manto de sospechas.

El accidente fue el más grave en 34 años, y fue el octavo siniestro ferroviario registrado desde 2010, situación que da cuenta del estado irregular e inseguro en que circulan los trenes en el país.

Las pericias mecánicas realizadas en la formación accidentada ya fueron entregadas al juez Claudio Bonadío. En ellas se concluye que el “freno de guarda no estaba operativo” y se advierte sobre fallas en el “mantenimiento preventivo” de las formaciones, que implicaban “un riesgo en la seguridad de la operación”. Al mismo tiempo se están realizando pericias contables a la empresa, para establecer la forma en que la concesionaria del ramal, Trenes de Buenos Aires (TBA), utilizó los millonarios subsidios que le entregó el Gobierno. Se sospecha que la empresa conducida por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano -grupo empresario que creció por su estrecha vinculación con el kirchnerismo- habría utilizado esos fondos para invertir en el exterior, en vez de destinarlos a los trenes.

Por este escándalo, renunció quien hasta ese momento era el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Boudou, acorralado por sus vínculos oscuros

El vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, continúa envuelto en un escándalo por sus presuntas vinculaciones con Alejandro Vandenbroele, empresario representante del fondo de inversión The Old Fund, que adquirió la empresa Ciccone Calcográfica, la mayor imprenta de seguridad del país y la única que puede imprimir papel moneda.

La esposa de Vandenbroele fue la que denunció el vínculo entre ambos, y luego la Justicia en el marco de la causa también involucró al socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona.

La investigación comprobó que en el departamento que el vicepresidente tiene en Puerto Madero, el director de Ciccone pagó al menos un mes de expensas y las facturas del servicio de televisión por cable.
Lo grave de que Boudou esté vinculado a esta persona es que el proceso por el que adquirió la empresa es extremadamente irregular y además, luego de esa adquisición, el Gobierno comenzó a analizar la impresión de billetes en dicha compañía por una supuesta recomendación del funcionario.

Cabe recordar que esta empresa fue sacada de la quiebra por Vandenbroele, que hasta ese momento era un monotributista que nada tenía que ver con el mercado de imprentas gráficas. Este proceso de quiebra está bajo la lupa de la Justicia, porque la AFIP decidió el levantamiento de la misma, a pesar de que un año antes lo había pedido, por lo que se sospecha de alguna vinculación política.

A pesar de ser una empresa que está siendo investigada, la Casa de la Moneda enviaría a esta compañía la impresión de 700 millones de billetes de 100 pesos a cambio de una millonaria suma. Además, las boletas del Frente para la Victoria en las últimas elecciones también habrían sido producidas por Ciccone.

El embate contra la Justicia

Ante el avance de la investigación, el Gobierno reaccionó condicionando al Poder Judicial. Primero, Boudou logró que renunciara el procurador general de la Nación, Esteban Righi (que había sido puesto en el lugar por el propio Néstor Kirchner), al denunciar públicamente a su estudio de abogados por supuestos ofrecimientos de “aceitar lazos” con los jueces federales de Comodoro Py. Ese puesto lo ocupa ahora Daniel Reposo, que responde al kirchnerismo y ahora es el nuevo jefe de todos los fiscales.

Luego fue contra el juez que estaba a cargo de la causa, Daniel Rafecas. Su socio Núñez Carmona presentó un pedido de apartamiento del magistrado, que fue aceptado por la Cámara Federal.

Ahora está a cargo de la causa Ariel Lijo, quien deberá en principio resolver el planteo de recusación contra el fiscal del juicio, Carlos Rívolo, formulado también por el abogado Diego Pirota, representante de Núñez Carmona.

El costo ambiental de la megaminería

A principios de este año, los vecinos de Famatina y Chilecito instalaron un corte en el único acceso al yacimiento ubicado en el cerro Famatina, para impedir que avanzaran las exploraciones de la minera canadiense Osisko. El emprendimiento que se quiere instalar ahí es tres veces más grande que el que se instaló en Catamarca, Bajo La Alumbrera, que desde 1997 está denunciado de contaminar seriamente la zona, cuyas consecuencias pesan sobre las economías regionales y los pobladores de la zona.

Si bien hay instituciones estatales que certificaron la contaminación existente, el Gobierno no ha mostrado tener un modelo alternativo al heredado desde el menemismo, por el cual las grandes corporaciones mineras se llevan los minerales del país, dejando apenas un pequeño porcentaje de las ganancias, y con consecuencias ambientales irreversibles.

A diferencia de ello, los gobernadores provinciales aliados al kirchnerismo reprimieron violentamente las protestas de asambleístas en Tinogasta y Chilecito -en Catamarca- y de Amaicha -en Tucumán-, que realizaban bloqueos selectivos a los camiones que llevaban combustibles y explosivos hacia la minera Bajo La Alumbrera. La Casa Rosada reafirmó luego sus intenciones de que el proyecto de la minera canadiense Osisko se concrete a pesar de la oposición de los pobladores de la zona.

 

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