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También Bolivia investiga a Schoklender y a Bonafini

La justicia boliviana solicitó información a Oyarbide sobre Sergio Schoklender, Alejandra Bonafini y otros implicados en la causa Sueños Compartidos. La UIF de Bolivia los investiga por corrupción y asociación ilícita, aunque aún se desconocen las razones.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La Unidad de Información Financiera (UIF) de Bolivia, a través de un exhorto firmado por su titular (Mariana Sánchez Salas), le solicitó al juez federal Norberto Oyarbide, datos sobre el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, a Alejandra Bonafini y otros implicados en los supuestos delitos de lavado de dinero y defraudación.

Se trata de 135 personas citadas en el exhorto que habrían incurrido en los delitos de "corrupción y enriquecimiento ilícito"
. Hasta el momento no trascendieron los motivos por los cuales la UIF boliviana (http://uif.asfi.gob.bo/UIF.aspx) investiga a los mencionados y solicita información judicial y antecedentes penales a disposición de la justicia argentina, así como datos de sus movimientos migratorios.

En esa lista aparecen los nombres de Alejandro Gotkin, socio de Schoklender en Meldorek, el financista Fernando Caparrós Gómez, en cuya financiera fueron cambiados muchos de los cheques que salieron de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Gustavo Adrián Serventich, piloto de avión de Sergio y presunto socio suyo en la empresa "Meldorek"; Daniel Laurenti, a los que se vincula con la firma "Monetización", y Ricardo de Falco, con "Trade Travel", lugares donde se habrían cambiado cheques de las Madres.

También están Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender y Sergio Gandolfo, abogado de las Madres que tuvo que dejar su representación cuando fue imputado en el expediente.

El exhorto tiene fecha de remisión desde La Paz el 19 de octubre de este año, pero recién se conoce hoy (12/12) y las fuentes citadas afirman que Oyarbide lo recibió por la mañana tras ser cursado por Interpol, con la firma del Jefe de la División de Asuntos Internacionales de la Policía Federal, Juan Induti.

La novedad surge una semana después de la polémica surgida por la difusión de la película que filmó Luciano Garbellano, titulada ‘El Juez’, donde se retrata la relación de Oyarbide con los prostíbulos y que Schoklender también ventiló para denunciar el manejo de la causa que hace el magistrado en relación a su situación procesal.

En el mismo exhorto, que ahora Oyarbide podría contestar o bien requerir precisiones antes de hacerlo, la Unidad de Información Financiera de Bolivia indica que el mismo pedido se hizo llegar a países limítrofes tales como Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador, entre otros

La Historia de Schoklender y Bolivia

El vínculo entre el país vecino y los Schoklender no es nuevo. Pablo Schoklender estuvo prófugo allí desde 1986 hasta 1994, cuando es capturado.

Su identidad de entonces era Jorge Velásquez, un comerciante argentino radicado en Santa Cruz de la Sierra. Se había casado y, aunque en ese momento estaba separado, tenía una hija. La pista para su detención llegó porque había emitido un cheque sin fondos y estaba preso. Apenas lo liberaron, Interpol lo detuvo.

En tanto, en Bolivia a Sergio se lo estaría investigando además por una adopción ilegal
, según relata la agencia EFE, en un artículo que reproducimos a continuación y que data de setiembre de 2011:

La policía boliviana investiga por supuesta adopción ilegal a Sergio Schoklender, el exapoderado de las Madres de la Plaza de Mayo que ha desatado un escándalo acerca de las cuentas de esa entidad, informó hoy la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz.

El abogado Celso Parada, asesor de la Defensoría, dijo que acudió con el periodista boliviano Roberto Méndez a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para ampliar la información sobre esas supuestas irregularidades, que fueron denunciadas esta semana.

Schoklender, que es investigado en Argentina por fraude y lavado de dinero con planes de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, denunció hace unos días en el Parlamento de su país que la organización tiene cuentas en el extranjero y desvió fondos para atender compromisos electorales del oficialismo.

Parada aclaró que la Defensoría no es parte civil en el proceso, porque no se lo permite la ley, pero que investigó el caso junto con Méndez tras detectar documentos que muestran supuestas irregularidades en la adopción hecha por Schoklender y su esposa, Viviana Sala, de un niño nacido en Bolivia en 1999.

"La investigación es para saber si ese niño salió regularmente, si es que el tramite que se hizo fue regular o hay irregularidades", declaró el abogado, quien señaló que hay "muchas dudas" sobre el tema.

Una de las dudas, agregó, consiste en que Sala figura como madre biológica del menor tras realizar un viaje a Santa Cruz, donde fue atendida presuntamente por el médico Luis Pedraza, que, sin embargo, no está registrado profesionalmente de esa ciudad.

La otra duda se debe a información de las autoridades de migración sobre el presunto viaje de Schoklender a esa ciudad en 1999, pues tenía prohibido salir de Argentina porque tenía libertad restringida por un proceso que se le siguió por parricidio.

Méndez señaló a Efe que el caso fue asignado a la fiscal Belén Serrate y a una policía que indagarán sobre los médicos y la clínica donde supuestamente fue atendida la esposa de Schoklender.

El interés nace de la preocupación sobre denuncias recurrentes de tráfico de menores y adopciones ilegales en Bolivia, donde el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, incluso ha denunciado que se venden niños por pocos dólares, agregó Méndez.

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