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SETIEMBRE NEGRO

Rareza criolla: En plena recesión, se gastó más electricidad

¿Habrá sido por la economía informal? ¿Por una lectura errónea de los medidores? Lo cierto es que: 1) la producción industrial descendió en setiembre último -1,9% contra el mes anterior y acumula -5,8% en el año, según el IPI de Fiel. Sólo la automotriz lo hizo un -25,7% respecto del mismo mes del año pasado, y -10,2% comparada con agosto. 2) las cantidades vendidas por el comercio que releva CAME cayeron 14,5%; 3) con las tarifas de luz quietas por 3er mes, el Tesoro se ve obligado a destinar más subsidios para compensar a la cadena de valor por el 35% de alza en los costos medios de generación. Y así y todo, simultáneamente, por primera vez en 12 meses igual aumenta la demanda de electricidad: 4,5% en todo el país, con marcas del 8 y 8,9% de Edesur y Edenor en el área metropolitana de Buenos Aires. Es cierto que con el congelamiento pudo haberse relajado un poco el ahorro de consumo de los tiempos de tarifazos, pero si la producción fabril declarada venía a media máquina, con bajas del -3%, según FIEL, tras la devaluación posPASO y del -6,3% de las pymes medidas por CAME, ¿de dónde salió ese mayor uso? Parte de la respuesta se camufló en la clandestinidad a la que pasó una parte de la economía registrada, cuyo movimiento, exento de impuestos por evasión, apenas si se proyecta a ojo de buen cubero para el cálculo del PIB.

Al ser un indicador que abarca tanto a la economía formal como a la informal, que actualmente casi se divide por mitades, la demanda de electricidad canta la precisa sobre el verdadero movimiento general que genera la vida cotidiana. 

Precisamente en setiembre, que fue el mes siguiente a la devaluación posPASO, cuando tanto la producción como el consumo parecieron volver a capotar, la Fundación Eléctrica para el Desarrollo (Fundelec) registró el 1er. ascenso tomando un año hacia atrás del uso de la energía, que residencias y fábricas impulsaron, aunque con algún contrapeso del comercio.

Por un lado, la suspensión de los tarifazos que rige desde el comienzo de la campaña electoral se hizo notar en las facturas previas al comicio primario de agosto, y quizá haya sido determinante, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, para que aflojara la abstinencia por parte tanto de personas físicas como de jurídicas a encender artefactos: Edesur suministró un 8% más y Edenor, un 8,9% por encima del guarismo de igual mes de 2018, mientras en el resto del país el incremento fue del 2,5%, según los datos provisorios de Cammesa. 

Por otro, no está del todo claro hasta dónde la caída en términos reales que vienen mostrando los informes mensuales de recaudación de AFIP corresponde completamente a la recesión y en qué proporción a un pase a la clandestinidad de las operaciones registradas, que se sumaron a la economía en negro. 

Lo cierto es que resulta llamativo que la mejora de la demanda eléctrica, a nivel nacional, haya promediado el 4,5% el mes pasado, en un contexto en el que, transcurridas las 3/4partes del año, el retroceso interanual acumuló -5,1% generalizado en todas las regiones -entre un mínimo de 0,3% (para Santa Cruz) y un máximo de 41,0% (el caso de Catamarca)-. La Patagonia (Chubut y Río Negro) fue la excepción ya que hubo un aumento del 4,9%, de acuerdo con un análisis de IERAL de la Fundación Mediterránea, en base a los datos de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), a nivel provincial.

En la Tesorería siguen atentamente esta evolución y Ecolatina lo pone en palabras: “Tras el reciente salto cambiario, los costos medios de generación eléctrica saltaron 35%, en tanto que el precio afrontado por los consumidores permaneció sin modificaciones”, o sea que la diferencia se tiene que cubrir con mayores subsidios con los que se paga parte de la generación, transporte y distribución de electricidad y de la extracción e importación de gas.

Sin contar este salto, representaban unos 1,3 puntos del PIB, y corresponderá al próximo gobierno “enfrentar el dilema de validar fuertes aumentos tarifarios –correspondientes a este semestre y al próximo–, o bien incrementar el gasto en los subsidios económicos”, advierte la consultora fundada por Roberto Lavagna. 

Amparos, por si las moscas

La pesificación asoma en el horizonte poselectoral, cualquiera sea el ganador en 1ra o 2da vuelta, y es por eso que las petroleras salieron disparadas a presentar amparos.

Lo que no está definido es cómo se repartirán las cargas del desfase. Cuánto se encarecerían las facturas que pagan los hogares y los productores de bienes y servicios, si será gradual y si habrá congelamientos selectivos, habida cuenta de que algunos no residenciales también ya lo tuvieron. 

En consecuencia, cuánto le quedará al Tesoro para cubrir con subsidios. 

La Casa Rosada ya admitió en el proyecto de Presupuesto Nacional 2020 enviado al Congreso que su intención es subir ese gasto casi 38% respecto de este año (0,9% del PIB), sincerando, por si hacía falta, que el modelo de sinceramiento de tarifas no corre más. 

Avizora para la Administración Pública Nacional que el 64,2% de las erogaciones debería ir al gasto público social, 17,2% a atender los intereses y comisiones de la deuda pública y 10,1% se destinaría a servicios económicos, donde se incluyen los energéticos.

El Frente para Todos seguramente no comulga con esas hipótesis y tampoco se sabe dónde irá a parar el dólar, con lo que la foto de esta transición incierta sería, según el economista Martín Tetaz, que el rojo primario se fue un escalón arriba, al 1% del PIB, más allá de lo que suceda en las urnas, y los intereses de la deuda por sí solos representan el 3,3% del PIB y difícilmente, así como están ahora las cosas, la inflación descienda de la zona de 4% mensual durante los primeros meses del 2020.

Lo que cada uno piense hacer si gana con jubilaciones y salarios tirará más hacia arriba que hacia abajo al IPC e incidirá en las hoy por hoy más que complicadas necesidades de financiamiento. 

Provocar un atraso tarifario mucho mayor al actual no parece figurar en ningún papel de trabajo subyacente a los discursos de campaña. 

Sí se anuncian mesas sectoriales con la participación de la cadena de valor de la energía en las que se pondrán arriba de la mesa los precios, financiamiento e inversiones a partir de los cuales se reformulará una nueva política y las metas establecidas en la anterior.

Habrá que ver el destino de los incentivos a la producción para incrementar la oferta de hidrocarburos, en los que sobresalen las asignaciones para el desarrollo de yacimientos de gas no convencional.

Qué queda de Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en marcha, compuesto principalmente por el Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales -Plan Gas no Convencional-; y el subsidio para abastecimiento de Gas Propano en redes de distribución.

Lo mismo que con el subsidio a la generación de energía eléctrica que distribuye la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. – CAMMESA.

Y si se reactivan los estímulos para aumentar la capacidad de generación y distribución de las energías alternativas, a la luz de los compromisos internacionales medioambientales firmados, por los cuales las fuentes renovables deberán ocupar el 20% de la matriz energética en 2025, según estipuló la ley nacional.

Mientras tanto, otro factor a considerar será la sustitución en la matriz primaria entre energías fósiles sucias y limpias: carbón y petróleo por gas natural, todo lo cual obligará a replantear plazos y condiciones.

A diferencia de lo que sucediera desde 2013, cuando los mercados de capitales apostaban a favor de un sinceramiento de las tarifas eléctricas debido a que el atraso era casi imposible de sobrellevar en el tiempo, en esta oportunidad nadie tiene indicios de cómo se reorganizarán los distorsionados valores aun si se bajara el riesgo país a niveles civilizados.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y S&P Dow Jones Indices incorporaron al Índice General la medición accionaria de energía y servicios públicos y construcción para que la comunidad de inversionistas local e internacional disponga de más datos objetivos que espacio para la especulación, como sucede con los 9 indicadores sectoriales, entre los que se cuentan bienes intermedios; industria y bienes de capital; consumo no esencial; consumo masivo; servicios financieros; telecomunicaciones y bienes raíces.

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