La caída de un gigante logístico: Dramático presente de la empresa Expreso Brío

ROSARIO. La formalización del concurso de acreedores de la histórica empresa, Expreso Brío, marca un punto de inflexión en la profunda crisis económica y operativa que afecta a la compañía de transporte y logística. En su etapa de mayor esplendor, la firma supo alcanzar una plantilla de aproximadamente 400 colaboradores y gestionar un volumen anual de dos millones de envíos.

Sin embargo, el escenario actual refleja un pasivo estimado en 4.600 millones de pesos, donde el Estado figura como el principal acreedor, acompañado por un monto superior a los 1.500 millones de pesos en cheques rebotados por insuficiencia de fondos.

La Justicia abrió el concurso preventivo de la empresa

El proceso legal quedó radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 9ª Nominación de la ciudad, bajo la tutela de la jueza María Fabiana Genesio. Esta instancia judicial tiene como objetivo central auditar con precisión las deudas de la entidad y delinear una propuesta formal de cancelación para los acreedores.

Los pasos procesales inmediatos contemplan el sorteo del cuerpo de sindicatura y la posterior fijación de los plazos legales para que los acreedores formalicen sus solicitudes de verificación de créditos.

Pese al marco institucional, los empleados perciben la intervención de la Justicia de manera tardía, tras atravesar un prolongado período de inestabilidad laboral, cesantías masivas y falta de percepción de haberes.

La apertura del concurso de acreedores de Expreso Brío sumó un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa la firma y profundizó la incertidumbre entre sus trabajadores.

El impacto humano y el conflicto laboral

La situación de los operarios se tornó crítica a partir del 30 de junio, fecha en la que cerca de 60 agentes pertenecientes a la base operativa de Rosario concurrieron a sus puestos habituales y hallaron los accesos bloqueados.

Al respecto, testimonios de los afectados describen una metodología abrupta de selección de personal mediante listas elaboradas de manera improvisada en el lugar.

"Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no". "Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no".

En total, el ajuste operativo y los despidos superaron los dos centenares de afectados distribuidos en diversas delegaciones nacionales, abarcando provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Santa Fe.

El sector gremial de base y los damnificados señalan que las obligaciones patronales incumplidas abarcan los emolumentos correspondientes a mayo y junio, la proporcionalidad del sueldo anual complementario y adicionales estipulados por convenio colectivo.

Los empleados cesanteados realizaron una concentración para exigir el pago de los haberes correspondientes a mayo y junio.

Antecedentes, proveedores y fallidas negociaciones de salvataje

Con una trayectoria superior a un cuarto de siglo y sus raíces históricas ancladas en la localidad santafesina de Pujato, la empresa arrastraba compromisos financieros de gran envergadura con proveedores estratégicos y entidades bancarias.

Entre los pasivos más significativos destacan obligaciones con YPF por 118 millones de pesos, compromisos con Mercedes-Benz por 122 millones, pasivos con Coinag por 120 millones y deudas con Banco Comafi por 23 millones de pesos.

Antes de desembocar en la cesación de pagos y el consecuente concurso, los accionistas de la firma intentaron articular soluciones junto al Sindicato de Camioneros de Santa Fe con el fin de eludir la quiebra o el cierre definitivo. La alternativa más viable provino de COC Global Enterprise, un fondo de capitales dirigido por el empresario Leonardo Scatturice —conocido por su vinculación con la firma OCA—.

No obstante, las conversaciones colapsaron debido a que el volumen total de los pasivos superaba holgadamente la tasación de mercado de la compañía.

Reclamos, operatividad y cuestionamientos

Mientras el proceso judicial avanza, la firma mantiene su funcionamiento comercial habitual, un hecho que genera indignación entre los exempleados. Voceros del sector afectado calificaron el proceder patronal como desprovisto de empatía y cuestionaron la falta de respuestas claras sobre las razones detrás de la desvinculación masiva.

Asimismo, manifestaron su descontento frente al rol adoptado por la representación sindical local durante el desarrollo del conflicto, exigiendo una investigación a fondo para esclarecer el manejo financiero de la firma y garantizar la percepción de los sueldos caídos y las indemnizaciones legales correspondientes.

Gabriela Díaz, trabajadora despedida, cuestionó que los empleados no hayan sido comunicados sobre la presentación judicial. "En ningún momento nos informaron esto", sostuvo, y consideró que la empresa está incumpliendo sus obligaciones con quienes fueron destituidos. Sobre esa línea remarcó: "Nosotros lo que queremos es cobrar todo lo que nos corresponde".