Insólito: La Justicia ordenó una perimetral de tres metros entre dos concejales para que puedan sesionar

Lo que debería ser un espacio de debate y discusión de proyectos terminó convirtiéndose en un escenario de enfrentamientos personales, denuncias judiciales y sesiones interrumpidas. Tal fue el nivel del conflicto, que la Justicia tuvo que intervenir.

En el Concejo Deliberante de San Pedro, provincia de Buenos Aires, la convivencia política llegó a un punto tan crítico que ahora dos concejales necesitan una orden judicial para determinar a qué distancia pueden estar uno del otro.

La protagonista de la denuncia es Paola Basso, concejal radical, quien acusó a su colega Martín Rivas, del partido vecinalista Consolidación Argentina, de ejercer violencia de género en medio de una serie de conflictos que se arrastran desde hace meses.

El caso terminó en la Justicia

El caso terminó en la Justicia, que inicialmente dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros respecto del domicilio de Basso y otros lugares que frecuenta, además de una distancia mínima de cinco metros dentro de su ámbito laboral.

Sin embargo, había un problema: ambos son concejales y deben compartir el mismo recinto para cumplir con sus funciones.

La solución judicial fue tan particular como el conflicto. Días después, la distancia mínima dentro del Concejo Deliberante se redujo a tres metros para permitir que los dos dirigentes pudieran participar de las sesiones sin incumplir la medida.

De una discusión política a una denuncia por violencia de género

Según publicó el diario Clarín, la relación entre Basso y Rivas comenzó a deteriorarse pese a que ambos habían llegado al Concejo Deliberante como parte de la misma alianza electoral.

En 2023 compartieron la lista opositora que encabezó Ariel Rey como candidato a intendente. Rivas ocupaba el primer lugar de la nómina de concejales y Basso el segundo. Los dos consiguieron una banca, aunque nunca integraron el mismo bloque.

Con el paso del tiempo, las diferencias políticas fueron escalando hasta convertirse en enfrentamientos personales.

Basso denunció que su colega comenzó a realizar comentarios ofensivos durante las sesiones e incluso involucró a su marido, un exfuncionario municipal que se alejó de la política hace años.

Pero el episodio que terminó de convencerla de acudir a la Justicia ocurrió durante un cuarto intermedio.

De acuerdo con el relato de la concejal, Rivas se acercó a escasos centímetros de su rostro y comenzó a insultarla de manera intimidante.

"Estúpida, ridícula, cachivache", fueron algunas de las expresiones que Basso aseguró haber recibido durante el enfrentamiento.

La edil, que además es abogada, explicó que inicialmente había evitado realizar una denuncia formal, pero sostuvo que la reiteración de los episodios la llevó a recurrir a la Justicia.

Una orden judicial que obligó a reorganizar el recinto

Tras recibir la denuncia, el juez de Paz José Ignacio Mocchia dispuso medidas de protección para Basso.

La resolución estableció restricciones de acercamiento que debían cumplirse incluso dentro del Concejo Deliberante, donde ambos funcionarios desarrollan su actividad política.

Posteriormente, la Justicia modificó la distancia mínima dentro del ámbito laboral y la fijó en tres metros.

La decisión obligó a las autoridades del cuerpo legislativo a modificar la ubicación de Basso para garantizar el cumplimiento de la disposición judicial.

Pero ni siquiera esa medida consiguió ponerle fin a los conflictos. La concejal denunció posteriormente que Rivas había incumplido la restricción de acercamiento, lo que motivó una nueva presentación ante la Justicia.

Por su parte, el edil rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que los enfrentamientos se produjeron exclusivamente en el marco de discusiones políticas.

"Rechazo totalmente haber ejercido violencia física o violencia motivada por razones de género contra la concejal Paola Basso", sostuvo Rivas mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

Además, afirmó que las diferencias con su colega estuvieron relacionadas con proyectos legislativos, procedimientos parlamentarios y el funcionamiento del Concejo Deliberante.

Denuncias por agresiones y amenazas: el escándalo no termina

El enfrentamiento entre Basso y Rivas no es el único conflicto que sacude al cuerpo legislativo de San Pedro.

Según reconstruyó Clarín, el concejal Ariel Rey también presentó una denuncia contra Rivas por un episodio ocurrido durante una reunión en la Secretaría de Hacienda municipal.

De acuerdo con la acusación, una discusión entre ambos terminó cuando Rivas presuntamente le dio una cachetada a Rey delante de otras personas.

El hecho derivó en una denuncia judicial por amenazas y lesiones leves. Pero la sucesión de conflictos no terminó allí.

Durante la última sesión mencionada, Rivas presentó una denuncia penal contra el concejal Damián Contreras, integrante del bloque Nuevos Aires, y otras dos personas vinculadas con ese espacio.

Los acusó de amenazas de muerte e intentos de agresión física.

La tensión fue tal que, según medios locales, debió intervenir personal policial y la sesión terminó interrumpida. Rivas también solicitó medidas de restricción contra personas vinculadas al sector político de Contreras.

Un Concejo Deliberante atravesado por la Justicia

Mientras las denuncias siguen su curso, el Concejo Deliberante de San Pedro enfrenta una situación poco habitual: sus integrantes deben compartir el recinto en medio de restricciones judiciales, acusaciones de violencia y conflictos que ya obligaron a suspender sesiones.

Lo que comenzó como una serie de diferencias entre dirigentes terminó trasladándose a los tribunales, con denuncias cruzadas que ahora deberán ser investigadas. Por el momento, las acusaciones continúan siendo materia de análisis judicial y no implican que los hechos denunciados hayan sido acreditados.