El Gobierno no cede ante ATE: Descontará el día a quienes acaten el paro nacional

El Gobierno de Javier Milei se prepara para enfrentar este jueves 15 de octubre una jornada que promete reunir varios de sus principales conflictos políticos. Con un paro nacional de trabajadores estatales, una nueva movilización universitaria y un intento opositor de sesionar en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada decidió combinar firmeza frente a los sindicatos con negociaciones para intentar descomprimir la tensión con las casas de estudio.

La primera definición ya está tomada: los empleados de la Administración Pública Nacional que se sumen a la huelga convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sufrirán el descuento correspondiente a la jornada no trabajada.

La decisión mantiene el criterio que el Ejecutivo aplicó frente a otras medidas de fuerza y marca el tono de su respuesta a una protesta que, además de los reclamos laborales, tiene un objetivo político concreto: exigir la derogación total del DNU 70/2023, una de las principales herramientas de desregulación impulsadas por Milei desde su llegada a la Presidencia.

ATE sale a la calle y el Gobierno responde con descuentos

La organización sindical convocó a un paro de 24 horas para este jueves y anunció una concentración frente al Congreso a partir de las 13.30.

La medida podría afectar la atención en distintas dependencias del Estado nacional, entre ellas ANSES, PAMI, Migraciones, Senasa, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En el caso de los hospitales y centros de salud, el sindicato anticipó que se mantendrán las guardias mínimas y los servicios de urgencia. También podrían registrarse adhesiones en organismos provinciales y municipales, aunque su alcance dependerá de cada jurisdicción.

Para la Casa Rosada, el descuento salarial no es una medida excepcional, sino la aplicación del criterio de que las jornadas no trabajadas no deben ser remuneradas.

Pero el conflicto excede la discusión salarial. La protesta sindical coincidirá con una ofensiva parlamentaria para intentar derogar el DNU 70/2023, lo que convierte a la movilización en una nueva pulseada política entre el oficialismo y sus adversarios.

Otra batalla en Diputados: la oposición busca el quórum

Mientras los manifestantes se concentren en las inmediaciones del Congreso, distintos sectores opositores intentarán reunir los legisladores necesarios para habilitar una sesión especial y avanzar contra el decreto presidencial.

El Gobierno, por su parte, trabaja para impedir que esa iniciativa prospere.

En el oficialismo consideran que la oposición todavía no cuenta con los números suficientes para abrir el recinto y apuestan a mantener alineados a sus aliados parlamentarios.

La disputa será decisiva porque el DNU 70/2023 representa una pieza central del programa de reformas económicas y administrativas de Milei. Su eventual derogación supondría un golpe político para el Ejecutivo.

Sin embargo, mientras la Casa Rosada se prepara para resistir en el Congreso, reconoce que existe otro frente en el que necesita encontrar una salida negociada.

Universidades: una negociación de billones de pesos

A diferencia de la posición adoptada frente al paro estatal, el Gobierno busca acercar posiciones con las universidades nacionales para evitar que el conflicto presupuestario se prolongue durante 2027, un año atravesado por las elecciones presidenciales.

El principal desacuerdo está en los recursos previstos para el sistema universitario.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla aproximadamente $7,5 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que se necesitan alrededor de $11 billones para sostener el funcionamiento de las instituciones.

La distancia entre ambas posiciones es considerable: unos $3,5 billones que, por ahora, separan las pretensiones de los rectores de la propuesta oficial.

En el Ejecutivo admiten que podría existir margen para incrementar las partidas, pero descartan aceptar la totalidad de los recursos solicitados.

La condición que plantea el Gobierno es que cualquier modificación respete el equilibrio fiscal, sin recurrir a la emisión monetaria ni a un mayor endeudamiento.

El Gobierno busca una salida más allá de los fondos

La negociación no se limita al dinero que recibirán las universidades.

En las conversaciones también comenzaron a aparecer cuestiones impositivas y previsionales, particularmente el régimen de contribuciones patronales que deben afrontar las instituciones nacionales.

Actualmente, las universidades cuentan con un esquema especial que establece aumentos progresivos en las alícuotas. Para 2026, la contribución prevista es del 13,65%, mientras que en 2027 ascenderá al 14,52%, hasta alcanzar el 17,13% en 2030.

Este punto podría convertirse en una herramienta adicional para construir un acuerdo que contemple no solamente el financiamiento, sino también los costos laborales y las obligaciones tributarias de las casas de estudio.

La apuesta oficial es alcanzar un entendimiento integral dentro del debate del Presupuesto 2027 y evitar que la disputa siga creciendo tanto en las calles como en los tribunales.

El frente judicial que también preocupa a la Casa Rosada

El conflicto universitario tiene además una dimensión judicial que el Gobierno busca resolver.

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una disposición del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

La resolución judicial ordenó avanzar con el cumplimiento de la norma, aunque el Ejecutivo apeló el fallo y sostiene que ya realizó avances parciales en materia salarial y de funcionamiento.

Para la Casa Rosada, cerrar un acuerdo presupuestario también permitiría reducir la presión judicial y política que genera el reclamo universitario.

La intención es evitar que el enfrentamiento continúe durante el año electoral, especialmente por el impacto social que tienen las protestas de docentes, estudiantes y autoridades académicas.

Un jueves de máxima tensión para Javier Milei

El escenario que enfrentará el Gobierno este jueves tendrá tres protagonistas: los sindicatos estatales, las universidades nacionales y los bloques opositores del Congreso.

Cada uno plantea un desafío diferente para la administración libertaria.

Frente a ATE, la respuesta será mantener los descuentos salariales. En Diputados, la prioridad será impedir que la oposición reúna el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70/2023. Y con las universidades, el Ejecutivo buscará abrir una negociación que permita cerrar un acuerdo sin comprometer su principal bandera económica: el equilibrio fiscal.

La estrategia de Milei será resistir donde considera que está en juego el rumbo de su gestión y negociar donde entiende que un acuerdo puede evitar un conflicto mayor.