En pandemia robaba dósis de vacunas que terminaban en el sindicato de Camioneros

Muestra similar de las vacunas sustraídas.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de Gabriela Vanesa Torres, enfermera del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, y dejó firme la decisión que ordena que sea sometida a juicio por el hurto de vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

Torres fue imputada junto con Analía Muñoz, quien ya fue condenada, por la sustracción de al menos 30 dosis entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021. En ese momento, las vacunas que comenzaban a llegar al país estaban destinadas exclusivamente a los grupos prioritarios.

Según la acusación, las dosis fueron utilizadas para vacunar a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros que no integraban los grupos habilitados para recibirlas. La maniobra habría sido realizada a cambio de dinero para las enfermeras. Durante la instrucción, Torres fue procesada por encubrimiento. Sin embargo, durante el juicio oral, la Fiscalía la acusó por hurto.

El Tribunal Oral Federal absolvió a la enfermera al considerar que el cambio en la calificación legal afectó el principio de congruencia y su derecho de defensa. Con ese argumento, declaró la nulidad del alegato acusatorio y la absolvió.

Apelación

La Fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría de dos votos contra uno, anuló esa decisión. Los jueces consideraron que no había existido una modificación de la plataforma fáctica de la acusación y señalaron que la pena solicitada resultaba incluso más favorable para Torres dentro de la escala penal aplicable.

En la Corte Suprema

El máximo tribunal rechazó por inadmisible el planteo referido a una supuesta violación de la garantía del non bis in idem, que prohíbe someter a una persona a un doble juzgamiento por el mismo hecho.

También descartó el cuestionamiento referido al principio de congruencia porque la defensa no lo había dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

En la causa también fue condenado Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del Sindicato de Camioneros. Recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por cohecho activo, al haber entregado dinero para que la enfermera incumpliera sus obligaciones.

Además, fueron acusados más de 20 afiliados del sindicato que recibieron las vacunas. En una primera instancia, la Justicia había aceptado la suspensión del juicio a prueba solicitada por sus defensas, a cambio de una reparación económica y el cumplimiento de reglas de conducta durante un año.

La Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó que los acusados fueran sometidos a juicio, entre ellos el entonces secretario general de Camioneros en Comodoro Rivadavia, Jorge Taboada.