Guido Lorenzino le pone onda pero la Defensoría del Pueblo de PBA es muy tibia

Después de casi 10 años de conducción, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que lidera Guido Lorenzino, exhibe una intensa actividad institucional y territorial. Sin embargo, no logra demostrar la capacidad necesaria para transformar los reclamos de los bonaerenses en soluciones concretas ni para ejercer un control firme, visible e independiente sobre el poder político.

La gestión de Lorenzino al frente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires transita el tramo final de su 2do. mandato y nadie puede afirmar que el organismo permaneció inactivo. Por el contrario, durante estos años consolidó una amplia red de delegaciones, desarrolló campañas de difusión de derechos, elaboró informes técnicos, intervino en conflictos vinculados con servicios públicos, salud, medio ambiente, consumo, discapacidad y adultos mayores, y mantuvo una importante presencia territorial.

Sin embargo, una Defensoría del Pueblo no puede medirse únicamente por la cantidad de expedientes iniciados, reuniones mantenidas o comunicados emitidos. Su función constitucional consiste en proteger a los ciudadanos frente a los abusos, las omisiones y las deficiencias del propio Estado. Allí es donde aparecen los mayores interrogantes sobre la gestión.

De IOMA a ABSA

Después de casi una década al frente del organismo, continúan repitiéndose los mismos reclamos estructurales:

las dificultades de miles de afiliados de IOMA, los problemas recurrentes del servicio de ABSA,
las deficiencias en la atención sanitaria, las demoras burocráticas,
los conflictos derivados de los servicios públicos,
las falencias en infraestructura y
las numerosas vulneraciones de derechos que afectan diariamente a millones de bonaerenses.

La Defensoría intervino en muchos de esos conflictos. Emitió recomendaciones, realizó gestiones y promovió mesas de diálogo. Pero los resultados concretos aparecen mucho menos visibles que la actividad administrativa desarrollada.

Ese contraste constituye, probablemente, la principal debilidad de la gestión.

Mucha actividad institucional, poco impacto estructural

Durante estos años, la Defensoría recibió miles de denuncias y reclamos. La institución amplió su presencia territorial y fortaleció su perfil técnico. Sin embargo, los principales conflictos provinciales permanecen prácticamente inalterados.

Los afiliados de IOMA continúan denunciando demoras en autorizaciones, suspensión de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos y dificultades para acceder a tratamientos médicos.
Los usuarios de ABSA siguen reclamando por la falta de agua, la baja presión, los cortes prolongados del servicio y los problemas de calidad del suministro en numerosos municipios bonaerenses.
Las quejas por servicios públicos, discapacidad, transporte, acceso a medicamentos, infraestructura y prestaciones sociales continúan ocupando buena parte de la agenda cotidiana.

La pregunta resulta inevitable: ¿hasta dónde llega la capacidad real de la Defensoría para modificar esas situaciones?

La sensación que deja el balance general es que el organismo logró consolidarse como una importante puerta de ingreso para los reclamos ciudadanos, pero encontró muchas más dificultades para convertirse en un verdadero factor de presión sobre los organismos responsables.

Una Defensoría no fue creada únicamente para recibir denuncias.
Fue creada para conseguir respuestas.

Y cuando esas respuestas no aparecen, debe señalar con claridad a los responsables, exigir públicamente soluciones, recurrir a la Justicia cuando corresponda y sostener los reclamos hasta sus últimas consecuencias.

Ese perfil combativo pocas veces logró instalarse durante la gestión de Guido Lorenzino.

La institución comunica una intensa actividad institucional, pero resulta mucho más difícil identificar indicadores públicos que permitan conocer cuántos reclamos fueron efectivamente solucionados, cuánto tiempo demandó cada resolución, cuáles organismos incumplieron reiteradamente las recomendaciones de la Defensoría o cuántas intervenciones concluyeron con cambios concretos en las políticas públicas.

La ausencia de una rendición de cuentas basada en resultados limita la posibilidad de evaluar objetivamente el verdadero impacto de la gestión.

En definitiva, la Defensoría parece haber administrado el conflicto con eficiencia administrativa, pero sin la capacidad necesaria para modificar de manera sustancial los problemas estructurales que afectan a la Provincia.

La Gran Deuda pendiente: Independencia institucional

El 2do. aspecto que condiciona el balance de gestión es la independencia política del organismo.

Guido Lorenzino posee una extensa trayectoria dentro del peronismo bonaerense. Fue diputado provincial, funcionario del Gobierno de Daniel Scioli y uno de los dirigentes políticamente más identificados con aquella gestión.

Su llegada a la Defensoría del Pueblo, en 2017, fue consecuencia de un amplio acuerdo legislativo alcanzado durante el tratamiento del Presupuesto provincial. Su reelección, en 2021, volvió a contar con el respaldo de los principales sectores del oficialismo bonaerense.

No existe evidencia pública que permita sostener que la Defensoría haya actuado bajo instrucciones del Gobierno provincial. Sería irresponsable afirmarlo.

Pero tampoco puede ignorarse que la continuidad de sus autoridades fue posible gracias al respaldo político del mismo espacio al que la institución debe controlar.

Ese dato, por sí solo, obliga a extremar los niveles de independencia institucional.

Y es precisamente allí donde aparecen las mayores dudas.

A lo largo de estos años la Defensoría privilegió, en la mayoría de los casos, los pedidos de informes, las recomendaciones, las mesas de trabajo y las gestiones institucionales.

Mucho menos frecuentes resultaron las denuncias públicas contundentes, las acciones judiciales de alto impacto o las intervenciones capaces de colocar al Poder Ejecutivo provincial frente a un verdadero costo político por sus incumplimientos.

La diferencia no es menor.

La misión constitucional de una Defensoría no consiste en administrar el conflicto.
Consiste en defender al ciudadano frente al poder.

Cuando el organismo evita confrontar con suficiente firmeza a quienes debe controlar, corre el riesgo de transformarse en un eficiente administrador de reclamos, pero no en un verdadero garante de derechos.

Ese parece ser el principal desafío que deja la gestión de Guido Lorenzino.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires cuenta con estructura, recursos, presencia territorial y reconocimiento institucional. Lo que aún debe demostrar es que posee la autonomía, la firmeza y la capacidad necesarias para convertirse en un actor decisivo frente a los incumplimientos del Estado.

Porque la ciudadanía no necesita únicamente una oficina que escuche sus problemas.

Necesita una institución que logre resolverlos.

Y ese continúa siendo, después de casi 10 años de gestión, el principal desafío pendiente de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

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