El inesperado giro que golpeó de cerca a Abel Pintos: Desalojados

Terreno de Abel Pintos: la Justicia sobreseyó a la familia acusada.

Alberto "Tito" Angulo y su esposa, Yésica Ferreyra, ya no tienen ninguna causa pendiente en la Justicia de Mendoza. La Justicia provincial oficializó el lunes 24/08 el sobreseimiento del matrimonio, que había sido imputado por usurpar un terreno en Lavalle que, meses después de que la pareja lo comprara de buena fe, terminó en manos del cantante Abel Pintos y su socio, Marcelo González. El paso, puramente formal, tardó más de un año en concretarse pese a que el conflicto de fondo ya estaba saldado.

El desenlace judicial llegó recién ahora, pero el conflicto real había terminado mucho antes. Después de que la familia abandonara el terreno en mayo de 2025, los abogados de Pintos y González le avisaron a la Fiscalía que ya tenían el control de la propiedad y que no había motivos para sostener la acusación.

Aun así, la audiencia para formalizar el sobreseimiento se postergó varias veces. Angulo y Ferreyra continuaron figurando como imputados durante 15 meses, una carga que —según relataron— pesaba mucho más allá de lo estrictamente jurídico.

Cómo empezó todo

La historia se remonta a fines de febrero de 2024, cuando la pareja destinó sus ahorros y una indemnización que Alberto había cobrado tras un accidente laboral para comprar un lote de 1.500 metros cuadrados en San Francisco, Lavalle. La oferta apareció en Facebook y el vendedor, de apellido Morales, les entregó documentación sobre supuestos derechos posesorios.

Con la documentación en su poder, la familia tomó posesión del terreno y comenzó a levantar su vivienda. Allí se instaló junto a sus cuatro hijos, sin conocer que el predio integraba una extensión mucho más amplia que figuraba a nombre de un banco privado, sin relación alguna con Morales.

La compra de Abel Pintos y el conflicto que estalló

En noviembre de 2024, Abel Pintos y Marcelo González adquirieron 93 hectáreas en la zona —incluido el lote donde vivía la familia— en una operación realizada directamente con el banco. El cruce entre ambas partes se dio cuando los nuevos dueños fueron a recorrer el campo y se toparon con la casa ya construida.

El conflicto escaló rápido:

En marzo de 2025, el fiscal Juan Carlos Alessandra imputó a Angulo y Ferreyra por "usurpación de inmueble".
El 28 de mayo de 2025 se concretó el desalojo, con presencia policial y judicial, sin incidentes.
La familia se mudó a Jocolí Viejo, también en Lavalle, a un terreno que un amigo les cedió para volver a empezar.
Al día siguiente del desalojo, los representantes de Pintos y González comunicaron a la Fiscalía que ya no tenían intención de continuar con la denuncia.

"Limpios": la reacción del matrimonio

Tras conocer la resolución, Angulo habló con el diario Los Andes y expresó el alivio que sintió la familia después de más de un año bajo la sombra de la imputación: "Al menos ya no tenemos más esa carga. ¡Por fin volvemos a ser los mismos de siempre, limpios!".

La frase resume el punto central del caso: mientras la disputa por la propiedad se resolvió en cuestión de días una vez que Pintos y González recuperaron el terreno, la limpieza del nombre del matrimonio ante la Justicia demandó más de un año de trámites.

Qué significa el sobreseimiento para la familia

El sobreseimiento es la resolución judicial que cierra definitivamente una causa penal y establece que no hay elementos para sostener la acusación contra una persona. En este caso, los propios denunciantes —Pintos y González— habían planteado ante la Fiscalía la posibilidad de que la familia hubiera sido víctima de una maniobra irregular por parte del vendedor Morales, y no autora de una usurpación deliberada.

Para Angulo y Ferreyra, la resolución no cambia la situación material —ya no viven en el terreno original ni recuperarán lo invertido en la construcción de su casa—, pero sí les permite cerrar formalmente un capítulo judicial que se extendió mucho más allá del conflicto real.

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