El conflicto policial desnuda la realidad de una provincia cerca del abismo

Una gran cantidad de policías y retirados mantienen un acampe hace 46 días frente a la gobernación de una provincia asfixiada. El gobernador solicitó formalmente a la Legislatura provincial autorización para tomar una deuda de hasta 600 millones de dólares, pero fue fuertemente criticada y la situación lo "obligó" ir por un adelanto de Nación.

Hace unos días, el ministro Luis Caputo le confirmó $20.000 millones para pagar sueldos y cubrir urgencias financieras, préstamo que se le descontará de los pagos futuros de coparticipación, con un interés fijado en el 15% a una provincia que ya sufre una baja en la coparticipación, además de una fuerte caída en la recaudación.

La provincia se encuentra en la Patagonia, allí donde por estos días el proyecto de la administración libertaria para vender tierras a extranjeros hace más ruido. Ayer la mismísima Patricia Bullrich le dijo a Karina Milei que no hay votos para la ley de tierras justamente por los patagónicos. Pero cuando las papas queman, las voluntades pueden quebrarse más fácilmente...

Santa Cruz, una provincia convulsionada

El reclamo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Claudio Vidal por mejoras salariales lleva más de 45 días. El gobernador firmó un decreto con un aumento que dividió la protesta pero la mayoría de la policía de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, sigue con las protestas.

A diferencia del acuartelamiento de los policías de Santa Fe de febrero de este año, los agentes de Santa Cruz decidieron realizar guardias mínimas y al terminar sus turnos acercarse a las carpas que instalaron frente a la gobernación. La protesta es diferente pero el reclamo es el mismo: los salarios por debajo de la línea de la pobreza.

Además, al sur de la Patagonia, los policías llevan adelante la protesta en condiciones muy duras. Ayer, por caso, la temperatura mínima fue de -10 grados con una sensación térmica de -17.

"Hoy un policía de Santa Cruz cobra $1.1000.000 y algunos cobran 900.000 pesos. Esos números están por debajo de la canasta básica, que acá en el sur es muy cara y está en unos $2.200.000. Así que está bajo la línea de la pobreza", dijo Diego Rodríguez, retirado como Mayor de la fuerza.

El gobernador Vidal firmó un decreto que eleva el piso a $1.700.000 para los ingresantes, bastante menos que los $2,2 millones que piden los policías. Entre otros puntos reclaman que el aumento no solo sea a los agentes en servicio, sino que alcance a los retirados y pensionados.

Ese decreto dividió el reclamo policial. Algunas ciudades como Perito Moreno levantaron la medida de fuerza. También quedaron pocos de protesta en Puerto San Julián y Piedrabuena. Pero siguen en El Calafate, Pico Truncado y en especial en la capital, donde afirman que está plegado casi el 100% de la fuerza.

Tercer puesto en endeudamiento

Remarcan que en esa provincia patagónica el costo de vida es tan elevado que muchos agentes tienen otros trabajos.

En efecto, Santa Cruz se ubica en el tercer puesto nacional de endeudamiento individual por persona en Argentina, con una mediana de $819.000, según un informe de la consultora Analytica, en base a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y del INDEC.

El resto de la Patagonia concentra los puestos del ranking de mayores montos de deuda: Tierra del Fuego lo encabeza con una deuda mediana de $1.126.000, y lo sigue Neuquén, con $842.000. De esta manera, la Patagonia concentra los montos de endeudamiento más elevados de la Argentina.

"Hay hasta comisarios y subcomisarios que están trabajando de Uber, de albañiles, otros que venden tortas. Es terrible la crisis que hay económica acá para un agente de policía", continuó Rodríguez.

La "mesa de diálogo"

El gobierno convocó a una "mesa de diálogo", a la que se resiste en denominar paritaria porque la policía no tiene gremio. Pedro Pródromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz aseguró que en más de 30 días realizaron ocho reuniones y presentaron 15 propuestas salariales. Pero los agentes mantienen la protesta, e incluso hay dos que se encadenaron a la entrada lateral de la gobernación.

En la protesta hay agentes mujeres, bomberos y miembros del servicio penitenciario. Según relatan, al llegar al cargo de subcomisario no pueden hacer horas adicionales pero piden por nota que los autoricen para sumar algo más a sus salarios.

Según los policías, la negociación está trabada. Además, entre los agentes empezó a correr el temor por posibles sanciones tras denuncias del Gobierno. Y ahora reclaman también que no haya represalias. Pero la provincia se mantiene firme.

"Si es legal la medida, porqué quieren un perdón. No está bien, está en el reglamento. No pidan una amnistía cuando los que encabezan esta medida dicen que es una medida legal. No hay nada de legal en esta medida. Amnistía no va a haber porque en la mesa dijeron que era legal", dijo tajante el ministro de Seguridad a 'Santa Cruz Noticias' hace unos días.

Claudio Vidal busca paliar una fuerte crisis

Todo ello se da, por supuesto, en el marco de una situación por demás complicada para la provincia con una fuerte caída de la actividad económica y la reducción de transferencias nacionales. Claudio Vidal llamó a una sesión de urgencia a principios de junio para tomar deuda por U$S 600 millones a través del proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico para paliar la crisis que vive la provincia.

La iniciativa requiere una mayoría especial de dos tercios, es decir, al menos 16 diputados. El bloque Por Santa Cruz cuenta con 10 legisladores propios, por eso salió a buscar consensos a contrareloj. Pero inmediatamente Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza se manifestaron en contra de autorizar el endeudamiento.

La expectativa era alta porque numerosos sectores productivos atraviesan dificultades en el distrito, que sobrevive, además, a la paralización de obras públicas financiadas por Nación y tiene una de las tasas de desocupación más altas del país.

En este marco, muchos intendentes y representantes de distintos sectores expresaron su acompañamiento a la ley, al argumentar que las localidades enfrentan "necesidades urgentes".

Sin embargo, desde la oposición se mantuvieron los cuestionamientos sobre las condiciones de endeudamiento y la posibilidad de recurrir a jurisdicciones externas con determinados instrumentos financieros. También plantean la necesidad de "priorizar recursos para salarios" y servicios esenciales.

"Piden deuda ¿para qué? Para robársela con más obra pública. Cuando las obras no son de ningún tipo de importancia real para la provincia, piden deuda ¿para qué? para decir que van a invertir en YCRT cuando sabemos que eso es mentira y le están mintiendo a la gente para que presione para que salga el endeudamiento. ¿Para qué piden plata?", cuestionó esta semana el diputado de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán.

Luis Caputo salió al auxilio

En medio de esta situación, el gobernador viajó a Buenos Aires a gestionar un adelanto financiero ante el Gobierno nacional para afrontar el reclamo salarial de la Policía, los Bomberos y el Servicio Penitenciario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió entonces a asistir a la provincia con un anticipo de coparticipación por $20.000 millones para cubrir el pago de sueldos estatales. Y el ministerio de Economía provincial aclaró que el dinero recibido constituye una asistencia sujeta a devolución y no un aporte no reintegrable.

El antecedente más cercano fue el anticipo financiero autorizado en marzo por el Gobierno nacional a favor de Santa Cruz, por hasta $100 mil millones, formalizado mediante el Decreto 161/2026. Esa asistencia fue otorgada para atender dificultades financieras transitorias y debía ser reintegrada mediante recursos coparticipables.

Por eso, el nuevo envío de $20.000 millones no aparece como un aporte extraordinario sin devolución, sino como un adelanto que la Provincia deberá compensar más adelante. En lo inmediato, permitirá sumar liquidez para cumplir con parte de los salarios estatales y descomprimir una de las principales urgencias financieras del Gobierno santacruceño.

El conflicto sigue sin resolverse

Finalmente, el Gobierno consideró cerrada la discusión tras ratificar la recomposición mediante el decreto que solo dividió la protesta y hoy los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo.

Y si bien varios de los agentes volvieron a sus funciones, en Río Gallegos, El Calafate y otras ciudades del sur de esa provincia los reclamos continúan Y si bien varios de los agentes volvieron a sus funciones, en Río Gallegos, El Calafate y otras ciudades del sur de esa provincia los reclamos continúan