Trump pide a la Corte reactivar el muro en Big Bend

Donald Trump insiste en la construcción de un muro en la región Big Bend, Texas. Aduce temas de Seguridad, pero la decisión excede su investidura.

La presentación judicial busca revertir la medida cautelar impuesta por la jueza federal Kathleen Cardone, con sede en El Paso, Texas, quien el pasado 2 de octubre ordenó la suspensión del proyecto al considerar que el Ejecutivo probablemente se extralimitó en sus facultades constitucionales al eximir el plan del cumplimiento de normativas ambientales federales para acelerar las obras.

De hecho, la Constitución Nacional de USA sostiene que el Congreso es el único organismo con potestad para legislar y definir el uso de los fondos públicos. Al eludir sistemáticamente al Legislativo y prescindir de normativas vigentes por decreto, el Ejecutivo asumió de facto funciones que no le corresponden, publicó The New york Times.

Además, el petitorio involucra abuso discrecional de exenciones. La ley suprema autoriza al Departamento de Seguridad Nacional a eximir normativas ambientales únicamente en zonas de "alto tráfico ilegal". Al aplicarlo en Big Bend -una región remota y de baja incidencia migratoria- la administración vulneró la Cláusula de Fiel Ejecución y desvirtuó el espíritu de la norma original.

Riesgos de seguridad e impacto local

El procurador general D. John Sauer calificó la decisión de la magistrada como «infundada» y advirtió sobre las consecuencias operativas de mantener paralizados los trabajos en la zona fronteriza:

"Detener la construcción del tramo del muro en cuestión dejaría una brecha de más de 300 millas en las defensas fronterizas, actuando como un peligroso imán que los cárteles y otros delincuentes podrían aprovechar".

Por su parte, la demanda original —presentada en abril— impulsó una coalición integrada por:

• Organizaciones ambientalistas y de preservación
• Propietarios de tierras locales
• Un guía de barcos fluviales y un grupo de conservación patrimonial

Los demandantes argumentan que la extensión prevista —que contempla más de 800 kilómetros de barreras, incluyendo sectores dentro del Parque Nacional Big Bend— representa una amenaza irreversible para el ecosistema local y excede las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Kathleen Cardone y la batalla legal en la frontera sur

El conflicto judicial escaló de manera determinante tras una vertiginosa secuencia de decisiones en los tribunales federales de Texas. La causa tuvo su origen en abril, cuando una coalición diversa integrada por propietarios locales, ambientalistas, un guía de excursiones fluviales y organizaciones de preservación patrimonial formalizó una demanda colectiva en el Tribunal Federal de El Paso para frenar el despliegue de las obras, conforme publicó Reuters.

El primer gran revés para el Poder Ejecutivo llegó el pasado 2 de octubre, cuando la jueza Kathleen Cardone falló a favor de los demandantes al determinar que el gobierno probablemente había incurrido en un exceso de sus facultades constitucionales al eludir normativas ambientales federales. Cardone fundamentó la medida cautelar advirtiendo que la prosecución de los trabajos provocaría un daño grave e irreversible sobre el ecosistema de la región de Big Bend.

Ante esta paralización, la representación legal de la administración reaccionó calificando la orden judicial de "sin precedentes y excesivamente amplia", e interpuso una solicitud para congelar el fallo mientras preparaba la apelación ante instancias superiores. Sin embargo, la propia jueza Cardone reafirmó su postura y rechazó la petición oficial, manteniendo la prohibición absoluta sobre las obras.

Casa Blanca

La negativa de la magistrada detonó la intervención directa de la Casa Blanca. En respuesta inmediata, el procurador general D. John Sauer presentó un recurso de apelación de emergencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos con el fin de destrabar el proyecto y reanudar la construcción del muro en el suroeste de Texas.

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