El contrabando de combustible desata nuevos escándalos en Bolivia

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - La Federación de Campesinos de Pando informó que comercializa gasolina en poblaciones rurales de ese departamento a cinco bolivianos el litro, Bs 1,26 más que el precio normal en Cobija.
La información fue confirmada al diario La Razón por un funcionario de la Prefectura de Pando, cuyo nombre se mantuvo en reserva. "Los militares no venden gasolina, pero la Federación de Campesinos lleva hasta allá (área rural) y tienen que comprarla (de YPFB)", sostuvo el informante.
Mientras, una fuente de la Superintendencia de Hidrocarburos informó que no conocen el caso y anunció que lo investigarán. Aunque —dijo— la norma señala que las ventas mayores a 120 litros tendrían que tener acuerdos internos justificados por necesidades urgentes.
El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, Antonio Moreno, confirmó que ellos compran gasolina a YPFB en tres cisternas prestadas del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de Pando.
En cada uno de los camiones, llenan 10.000 litros con un costo de Bs 38.000. Por la venta de una cisterna logran algo más de 45.000 bolivianos, pues "hay merma (pérdida), hay que cubrir la reparación de la cisterna y nos quedamos con 3.000 y a veces con Bs 600". En el departamento de Pando hay dos estaciones de servicio, en Cobija y Porvenir.
En toda la región, los revendedores comercializan el litro a Bs 20 y 40. El precio varía según el lugar, añadió el dirigente.
Moreno explicó que su organización no hace negocios, sino responde a una necesidad de la gente que vive en el área rural y que es víctima de revendedores.
La Federación realizó dos viajes con tres cisternas, uno en diciembre y otro en enero a las poblaciones de Federico Román, Filadelfia y Chivé, con resguardo militar. Los vehículos fueron devueltos al Sedcam de Pando.
Hacia medidados de enero se denunció que desde Cobija salían vehículos con combustible subsidiado rumbo a la frontera con Brasil.
La corrupción en YPFB
El 31 de enero de 2008, el presidente Evo Morales ordena la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y destituye a su presidente, Santos Ramírez Valverde. La causa fue el contrato firmado entre la estatal petrolera y Catler-Uniservice para la construcción de la planta de extracción de líquidos en Río Grande. Se sospecha de irregularidades en su licitación, adjudicación y ejecución de los fondos de un fideicomiso de US$ 45 millones.
El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, pide que se investigue a la empresa YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) por irregularidades en su constitución y la existencia de pasivos en su manejo financiero.
Para la creación de la nueva firma, Ramírez compra las acciones de una empresa quebrada, Full Industry, por 216.000 dólares. La constituye como una sociedad anónima, a pesar de ser estatal, y deja sendas acciones en manos de dos personas particulares.
El 14 de febrero, La Prensa informa sobre la existencia de un contrato entre YPFB-
SIPSA y la estatal petrolera para la recalificación de garrafas por un valor de 1,8 millones de dólares, firmada el 19 de septiembre.
La empresa cuestionada firmó otro contrato millonario con YPFB-Andina por el alquiler del equipo de perforación PDV 08 para usarlo en el pozo 34D, ubicado en la provincia Cordillera de Santa Cruz.
Las planillas de sueldos de los ejecutivos de YPFB-SIPSA incluyen remuneraciones de 23.500 bolivianos para su gerente general, Rogelio Ashimine, y entre 15.000 y 20.000 bolivianos para otros.
El contrato de compraventa firmado entre Iberoamérica Trading y YPFB para la compra de combustibles por el que Bolivia perdería unos 39 millones de dólares fue denunciado por la Superintendencia de Hidrocarburos, y el entonces presidente de YPFB, Jorge Alvarado, tuvo que renunciar.
A finales de 2008, el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, es relacionado en la internación de 33 camiones que llevaban contrabando.
En 2007, el ex ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, fue destituido y denunciado por un negociado de tractores con destino a los campesinos de Santa Cruz.
Rogelio Ashimine Oshiro fue viceministro de Transportes en 2007 durante un mes, fue destituido por Evo Morales y acusado por corrupción. Luego sería contratado por YPFB. Su hermano fue Embajador en Japón y recientemente destituido por el supuesto negocio con autos diplomáticos.
En julio de 2006 se conoció la venta de avales que implicó a Santos Ramírez, cuando Freddy Terceros Cortez fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de El Alto con 3,4 kilos de cocaína. Intentó pasar la aduana mostrando una carta aval firmada por Santos Ramírez.