Hace un par de días, la Sala I de la Cámara Federal porteña, confirmó el procesamiento del legendario dirigente gremial, Omar Suárez. Esta vez por la sospecha que lo ubica como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada aparentemente a la extorsión de empresarios navieros y de realizar diversos negocios ilegales a través de empresas satélites al sindicato armadas a tal efecto.
Pero el fallo dado a conocer hace pocas horas contiene algo más que una confirmación procesal y una denegatoria de libertad para el principal imputado. El camarista Leopoldo Bruglia dejó sentado en sus fundamentos, algo que dentro del mundo de los barcos, los puertos y las aguas no escapa a nadie. El magistrado de alzada, le recomienda al juez Rodolfo Canicoba Corral investigar la posible conducta delictiva de los ex funcionarios de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la Nación, y además al diputado nacional Carlos Kunkel (si bien a este último por una razón mucho menos delicada)
En diálogo exclusivo con funcionarios judiciales allegados al proceso, llamó la atención del camarista Bruglia la aparente falta de profundización en la pesquisa manejada por Canicoba Corral de las necesarias “ayudas” estatales que necesariamente recibió quien es sospechado de tamaña cantidad de ilícitos.
“ Suarez compraba barcos, remolcadores, agencias marítimas, dictaba cursos de capacitación a los marineros e incluso a la propia Prefectura Naval. Firmaba convenios y hasta compró en condiciones poco claros una parte de una importante naviera nacional”, afirmó el camarista Bruglia.
“¿Dónde estaba la autoridad de aplicación en cada uno de estos extraños negocios?”, se pregunta la fuente consultada.
Desde que se inició esta investigación, fueron muchos los actores del quehacer naviero que explicaron no solo a este portal sino a cualquier interlocutor político o judicial que cada emprendimiento de Omar Suárez y el SOMU, era alentado con entusiasmo por el gobierno nacional. El bautismo del emblema de la Fundación Azul el buque escuela “Manuel Belgrano” fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos sus ministros, la plana mayor completa de la Armada Argentina y la Prefectura Naval, y fue la autoridad marítima la que se vio obligada (por orden superior) en más de una ocasión a extender permisos de navegación extraordinarios para que esa nave concurra a actos políticos sin estar en condiciones reglamentarias de navegar.
Sospechan en el ambiente marítimo, que en conjunto con otra entidad gremial, se montó una importante “industria de la capacitación de cientos de millones de pesos al año” ya que con la ayuda de funcionarios responsables de la Dirección Nacional de Transporte Marítimo y Fluvial se derivaban cursos obligatorios que dictan institutos náuticos estatales hacía la Fundación Azul. La maniobra habría consistido en restringir la cantidad de alumnos admitidos en cada curso en las escuelas oficiales de marinos para, de esta manera, derivar los mismos a la escuela del SOMU y la de otro gremio marítimo del personal superior cuyo principal dirigente aparece cada vez más comprometido. “ Todo ello ha sido puesto en conocimiento del juez, pero por ahora parece no haber grandes avances” comenta un dirigente gremial cuyo sindicato fue seriamente cuestionado por las ex autoridades de la Secretaria de Transporte (de la que dependía por entonces el sector marítimo) por no asociarse a los emprendimientos del SOMU.
Pero las fuentes consultadas por Infobae van más allá al recordar que de todas las maniobras de extorsión o apriete que sufrieron, formaban parte también, al menos una naviera de capital nacional, alguna agencia marítima y al menos un par de gremios del sector.
El caso de la Naviera Smith
En 2011, la naviera holandesa Smith operó durante años en el negocio del remolque portuario. Fue forzada a abandonar sus operaciones en los puertos del país debido a (según manifestó la firma) una insoportable cantidad de presiones gremiales por parte de Suárez que quería imponer el uso de las naves de la naviera local cuyas acciones en parte habían sido adquiridas por el SOMU.
En su momento y antes de abandonar el país los directivos de Smith denunciaron que la Subsecretaría de Puertos (en aquel momento en manos de Ricardo Luján y Sergio Dorrego) hicieron oídos sordos a los reclamos de la empresa para que se intentara frenar la extorsión de Suarez. No obstante luego de meses de intentar resistir tuvieron que cederle el negocio a la UTE empresaria de la que participaba el SOMU
El SOMU llegó incluso a tejer una compleja relación con agencias marítimas locales para realizar negocios (que siempre fueron abiertos y reputados como legales por las autoridades del kirchenrismo) en lo relacionado con la asistencia a los buques regasificadores que abastecen de gas a la red domiciliaria nacional. Con la llegada de cambiemos el ministro Guillermo Dietrich se propuso en principio terminar con este negocio, pero lo complejo del mecanismo implementado hizo que luego de una controvertida licitación (hoy bajo recurso de amparo judicial) los socios de Suárez se volvieran a quedar con el negocio.
Hace pocos días y según lo informara su abogado defensor Suarez sufrió un ACV, a raíz del cual habría sufrido consecuencias motrices y visuales. No obstante para el cuerpo médico del servicio penitenciario federal, puede seguir cumpliendo su prisión preventiva en Marcos Paz.