Enigma: ¿Quién es más criminal en Iraq: Al Qaeda o Blackwater?

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Estado Islámico de Iraq, coalición insurgente que integra la re  Al Qaeda en Iraq, reivindicó en un comunicado publicado en Internet el atentado que mató al jeque Muawiya Naji Jbara, máximo dirigente del Consejo Tribal del Despertar de Salahuddín, alianza de dirigentes tribales suníes.
Jbara falleció el pasado jueves debido a la gravedad de las heridas sufridas en un atentado con bomba perpetrado contra el convoy en el que viajaba en las inmediaciones de Samarra, unos 95 kilómetros al norte de Bagdad.
"Vuestros hermanos lograron perseguir y asesinar al renegado e infiel, Muawiya Jbara, jefe del autodenominado Consejo para la Salvación de Salahuddín, en un heroica operación para colocar una bomba en la cuneta que explosionó al paso de su convoy", explicó el comunicado, colgado en una web utilizada habitualmente por los rebeldes.
Blackwater
En tanto, no cesa el escándalo por los hechos cometidos por los mercenarios de Blackwater en Iraq. El incidente del pasado 16 de septiembre, cuando empleados de la compañía Blackwater fueron acusados de abrir fuego sobre civiles iraquíes, al paso de un convoy diplomático estadounidense por una plaza principal de Bagdad, matando a 13 personas, fue concluyente por los testigos en el lugar.
Expertos consultados sobre la posibilidad de juzgar con mayor efectividad cualquier acto ilegal cometido por las compañías de seguridad privadas en Iraq han expresado sus dudas sobre la utilidad de una posible ley -aprobada el jueves por el Congreso pero que podría ser vetada por la Casa Blanca- que regula esos delitos por la jurisdicción federal y la ley criminal estadounidense.
La medida, aprobada el jueves por 389 votos a favor y por 30 en contra, va dirigida a las compañías de seguridad que actúan dentro de un vacío legal, fuera del alcance de la jurisdicción iraquí o estadounidense.
A pesar de que el presidente de Blackwater, Erik Prince, ya ha comparecido ante el Congreso y ha negado los cargos, la investigación sigue su curso con la llegada de 10 agentes especiales del FBI a Bagdad para supervisar la actuación de la compañía privada sobre el terreno.
En lo que al Gobierno iraquí respecta, funcionarios de su Poder Judicial han expresado en numerosas ocasiones su deseo de actuar como fiscales contra Blackwater, pero consideran extremadamente improbable que las autoridades estadounidenses les permitan ejercer jurisdicción, a pesar de que las víctimas mortales son iraquíes.
"Las fuerzas de Blackwater deberían enfrentarse a un juicio por el asesinato de civiles iraquíes, de acuerdo con la Constitución del país", denunció el juez Salem Rozam al Musavi, que solicitó la revocación de la inmunidad de la que gozan actualmente las fuerzas estadounidenses en Iraq. 
La compañía, que opera en Irak desde 2003, basa sus operaciones en una premisa muy sencilla: proteger a los efectivos estadounidenses, civiles, diplomáticos y militares presentes en el país árabe. Comenzó hace 4 años, guardando las espaldas del, por entonces, jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición, Paul Bremer, a un precio de US$ 21 millones por 11 meses de trabajo.
Desde junio de 2004, la empresa ha recibido US$ 320 millones, 25% de los US$ 1.000 millones que ha destinado el Departamento de Estado al llamado Servicio de Protección Personal para sus diplomáticos en Iraq.
Cuando Bremer se marchaba, firmó la 'Orden 17' garantizando la inmunidad a los contratistas privados en el país árabe.
Desde 2005 a 2007, la plantilla de Blackwater se ha visto involucrada en 195 incidentes por arma de fuego. De ellos, en 163 casos sus empleados dispararon primero, según el informe de sus actividades presentado recientemente ante el Congreso estadounidense, el documento que ha servido de base para la redacción de la ley. Fuentes del Pentágono estiman que existen entre 20.000 y 30.000 empleados armados de la compañía en Iraq. 
La posible legislación, auspiciada por el representante de Carolina del Norte, el demócrata David E. Price, expande una ley promulgada el pasado año 2000 por la que se incluía a las tropas americanas bajo la ley penal estadounidense, pero que sin embargo no contemplaba a las empresas privadas como Blackwater. En este tipo de casos, la compañía siempre se ha excusado argumentando que su trabajo es escoltar a los diplomáticos, sin intervenir nunca en operaciones bélicas de forma directa.
El año pasado, el Congreso aprobó una medida por la que la actuación de las empresas de seguridad estadounidenses quedaba sometida a la ley militar, lo que implica que sus empleados podrían ser juzgados por un tribunal del Ejército de Estados Unidos. La ley de 2000 se ha aplicado en contadas ocasiones; la ampliación de 2005 no se ha aplicado en ningún caso.
Los analistas afirman que, incluso de aprobarse esta nueva ley, juzgar estos casos sería extremadamente difícil. Sólo dos casos fueron juzgados por la ley del pasado 2000: el de un contratista acusado de poseer una colección de pornografía infantil y otro con el cargo de intento de violación.
Bajo esta ley, la responsabilidad de los casos cae en manos de los fiscales de la jurisdicción a la que pertenezca la víctima, lo que suponen extensas investigaciones en el extranjero, y el costoso proceso de traer a los testigos y las pruebas a Estados Unidos. "Al final, nada depende del Congreso, sino del poder ejecutivo", según el director del Instituto Brookings, Peter W. Singer, en declaraciones al diario estadounidense 'The New York Times".
Según el responsable de esta organización encargada de supervisar la intervención de las tropas estadounidenses en Iraq, se tiene constancia de hasta 20 acusaciones criminales en potencia contra los contratistas estadounidenses, todas ellas presentadas debidamente ante el Departamento de Justicia. "Todas han desaparecido en un agujero negro", lamentó el director.