El nuevo plan antievasión de la Afip trabaría el desarrollo del sector inmobiliario

El método elegido es la creación de un registro en el que deberán inscribirse todas las inmobiliarias y las personas que manejen alquileres de cinco o más bienes por $8000 o más, según la resolución 2168 del organismo que conduce Alberto Abad. "Hay poca transparencia en el mercado inmobiliario, evasión, incrementos patrimoniales no justificados y lavado de dinero", dijo Abad con un enojo poco contenido en una conferencia de prensa.
La resolución general 2168 de la AFIP determina que los "sujetos que intervienen en las operaciones de compraventa y/o locación de bienes inmuebles deberán inscribirse en el registro de operaciones inmobiliarias", incluyendo la intermediación en compra, venta o alquiler, por cuenta propia, de cinco o más propiedades que brinden una renta igual o mayor que los $8000 mensuales.
En ese registro obligatorio, que se abrirá el 1° de febrero y cerrará el 16 de marzo próximo, deberán ingresarse la razón social, domicilio de las sucursales, CUIT y las operaciones en las que interviene.
En la mira de la AFIP también están los fideicomisos constituidos para integrar sociedades destinadas a la construcción de viviendas lujosas "desde el pozo".
"La figura en sí no es mala, pero a veces se abusa de ella para esconder patrimonio con la intención de no pagar bienes personales", indicó Abad.
Por su parte, con indignación -aunque en forma anónima- calificadas fuentes del sector inmobiliario indicaron que la iniciativa de la AFIP "será una traba para el desarrollo de un sector clave para el crecimiento económico y del empleo".
"Es verdad que hay subvaluación, pero éste no es el camino para remediarlo", dijo un empresario. Según informa hoy el diario 'La Nación', la Cámara Inmobiliaria Argentina le habría contraofertado a Abad que se elevara la valuación fiscal de los inmuebles para acortar la brecha entre el valor real y el escriturado, aunque sin incrementar las alícuotas. La respuesta del funcionario fue que la valuación fiscal depende de cada municipio.
Entre ambas posturas, el tributarista Armando Lorenzo opinó que el fisco "debe hacer algo para controlar la evasión, pero con esta medida puede perjudicar el mercado e impugnar la escritura pública en la que el notario está dando fe".
# Justificación
Abad justificó esta medida porque "sólo el 1% de los inmuebles está declarado por más de $300.000" y el 93% de los valores declarados en bienes personales es inferior a $150.000.
Además, según un relevamiento realizado por el organismo, sobre 950 unidades relevadas en emprendimientos de alta categoría, el 67% exhibió "inconsistencias fiscales", entre monotributistas y personas que no declararon bienes personales. Ante este diagnóstico, la AFIP buscará "transparentar la cadena, disminuir la evasión y eliminar distorsiones en las valuaciones inmobiliarias".
Tras haber dificultado el mecanismo para quedar exento del impuesto a las transferencias inmobiliarias (ITI) -ya que ahora hay que pedir un certificado si la propiedad vale más de $102.300, el piso para pagar bienes personales- ahora la AFIP redobla la apuesta con este registro y con la obligación de todo vendedor o locatario de pedir, a partir de marzo, un certificado con el valor real de la propiedad antes de escriturar. "Queremos que esta cadena de valor suba unos escalones en la formalización y que las escrituras se realicen por valores más cercanos a los de mercado", sostuvo el funcionario.
Si la AFIP considera que el valor informado es "razonable", emitirá ese certificado, en forma "instantánea", por la vía de Internet. Un precio razonable significa un 10% arriba o abajo del mercado, según las autoridades fiscales, que aspiran a tornar "gris" un mercado que opera "demasiado en negro".
Sólo cuando cuente con el formulario de exención del pago del ITI y el que fija el valor de la escritura, el escribano podrá realizar la operación, aclaró Abad.
El funcionario admitió que aún no puede avanzar en un tercer escalón, consistente en prohibir la utilización de efectivo para la compraventa de los inmuebles. Esto se debe a que la norma impulsada por Cavallo que obligó a fines de 2001 a utilizar tarjetas para operaciones superiores a los $1000 exceptuó a este rubro.