Ley de Glaciares
La modificación de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial llega al recinto después de haber sido dictaminada el 18 de diciembre, pero postergada por la prioridad que tuvieron el Presupuesto 2026 y la Ley de Modernización Laboral.
En el oficialismo reconocen que el número es ajustado: necesitan 37 votos y aseguran que “tienen las voluntades” para avanzar, aunque con una salvedad que se repite desde que arrancaron las extraordinarias: PRO y UCR votarían divididos. En el radicalismo, incluso, circuló un proyecto alternativo que no le cede tanto margen a las provincias para definir qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades económicas.
La reforma que impulsa el Ejecutivo busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación en determinadas áreas periglaciares que hoy están blindadas.
El punto de quiebre es la llamada “función hídrica”: la modificación propone distinguir entre formas periglaciares que actúan como “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no cumplen esa finalidad.
Con la nueva redacción, se mantiene la prohibición para actividades económicas en glaciares, pero se abre la puerta a proyectos de inversión en áreas periglaciares sin función hídrica comprobable. Ahí aparece el choque político: para el Gobierno y las provincias mineras e hidrocarburíferas, se trata de “una ley más dinámica” que destrabe inversiones; para los sectores que rechazan la iniciativa, es una “regresión ambiental” que perfora un piso de protección.
