Eso, según las empresas, implicaría una erogación extra mensual de $1500 millones de pesos. Ante el pedido, las compañías encargadas de explotar las rutas solicitaron a Nación un incremento en los subsidios que equipare lo erogado en AMBA, algo poco probable que suceda, más aún teniendo en cuenta el ajuste del déficit fiscal que debe llevar adelante el Gobierno nacional.
Con ese panorama en el que la Casa Rosada ve solo como aumenta la presión sobre la caja, lo más probable es que el pasajero se convierta en una doble víctima. Primero por la suspensión del servicio de transporte, y segundo por un irrefrenable aumento del boleto, que superará ampliamente los $60 pesos de cara a lo que se viene.
Mientras tanto, el desbalance subsidiario y las empresas de transporte deficitarias siguen haciendo estragos. Todo envuelto en un esquema de emergencia permanente, que nunca nadie supo resolver adecuadamente.
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