De ese total, hubo unos 422 millones de productos vendidos cuyo 49% corresponde a la PBA.
Dicha industria, en el formato de app, mueve 1.4 billones de pesos y el 56% de esas compras son entregadas vía envío a domicilio en la provincia.
En total, se estima que unos 25.000 repartidores perderían sus fuentes de ingresos si las apps dejasen de operar en territorio bonaerense. Y unos 15.000 comercios que venden vía esas apps, y sus ingresos, también se verían fuertemente afectados.
La defensa de Plaini
Según Plaini, autor del proyecto de registro de repartidores, los “trabajadores se encuentra dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y la precariedad laboral”.
“Los trabajadores de las APP no son provistos del transporte (bicicleta o moto), además no poseen cobertura ante accidentes de trabajo, ni compensaciones, ni licencias, ni limite a la jornada laboral, ni aguinaldo, ni vacaciones, es decir ningún derecho ni protección conforme lo previsto por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional, los Convenios Colectivos y demás de la legislación laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total”, advirtió Plaini en su argumentación al defender su iniciativa a fines de octubre de 2022.
Además, indicó que “debido a la falta de reconocimiento de estos trabajadores como trabajadores dependientes de las plataformas o APP, la falta de registración de los mismos, es difícil realizar estimaciones rigurosas sobre la cantidad real de personas que prestan servicio para estas aplicaciones.
“La creación de un Registro posibilita un punto de partida fundamental, de información, determinación de estas nuevas formas y fuentes laborales con la premisa de garantizar derechos laborales y protección social para estos trabajadores y trabajadoras”, concluyó el senador gremialista.
Repartidores se quejan
Ante el debate parlamentario, y mientras aguarda la personería gremial, la Asociación Sindical de Repartidores cuestionó que no fueran llamados a debatir la propuesta.
La iniciativa del oficialismo pretende que el Gobierno provincial pueda identificar a las empresas e individualizar a los trabajadores con el fin de tener un mayor control sobre los derechos laborales de quienes circulan en moto o bicicleta, mientras que les exige a los empleadores contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Cabe recordar que días atrás el Ministerio de Producción bonaerense denunció a Rappi y Pedidos Ya por la “tarifa de servicio” que estas empresas le cobran a sus clientes violando la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Desde la Provincia entienden que se trata de “una práctica abusiva por parte de ambas empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a los consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios”.
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