Desde Juntos por el Cambio rechazaron las críticas. “La ordenanza denominada ficha limpia que aprobamos ayer en el Concejo Deliberante está dentro de todos los parámetros legales toda vez que no contradice ninguna reglamentación superior ya sea provincial, nacional o bien de tratados internacionales”, dijo el edil Martín Bossi.
Según el concejal, lo que se hizo fue “legislar sobre las condiciones que deben cumplir los funcionarios locales para asumir un cargo proporcionando garantías de que quienes los ostenten lo hagan con transparencia y cuidando los recursos de todos los vecinos”.
“Ese es el espíritu de lo que se aprobó y realmente sorprende el no acompañamiento del oficialismo luego de la firma de un despacho por unanimidad, ya que transparencia y honestidad en el ejercicio de las funciones públicas debería ser algo en lo que todos estemos de acuerdo sin distinción de banderas políticas”, planteó en declaraciones reproducidas por el portal local noticiasmercedinas.com.
La ficha limpia tiene como principal promotor a nivel nacional a Cristian Ritondo, quien pidió imitar el ejemplo en todos los niveles. El diputado nacional estuvo el viernes en La Matanza promocionando el proyecto.
Ritondo explicó en el distrito del conurbano que el proyecto implica “un salto de calidad en la democracia” y apunta “a que ninguno de los candidatos a cualquiera de los puestos de gobierno tengan causas de corrupción o delitos dolosos aprobados en segunda instancia”. “Dentro de la idoneidad de la que habla la Constitución, la honestidad que debería ser lo primero. Y esto Lo señalamos porque muchos lugares terminan siendo un aguantadero de delincuentes”, dijo en diálogo con el1digital.com.ar.
En el caso de Mercedes, el veto es para aquellas personas que se encuentren condenadas con sentencia en primera o segunda instancia por delitos dolosos relacionados con hechos de corrupción como contra la seguridad de la Nación, contra los poderes públicos y el orden constitucional.
También dentro de los delitos incluidos en la ordenanza se encuentran el fraude a la administración pública, los homicidios, femicidios y la violencia de género, entre otros señalados.
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