Estas estimaciones contemplan un recorte de 155 mil pensiones, hasta las 977.943.
La novedad no sólo contradice el espíritu del mensaje en cadena nacional del presidente Milei, sino que además exacerba el malestar sobre un tema muy sensible que habría tenido un costo político para el Gobierno, que pudo haberse reflejado en la dura derrota que LLA tuvo en las elecciones bonaerenses del 07/09.
El área de Discapacidad se convirtió en uno de mucho conflicto durante los últimos meses. En primer término, Milei entró en un enfrentamiento incomprensible con el niño Ian Moche, de 12 años y quien se dedica a concientizar sobre el autismo que padece.
Hubo un encuentro entre Moche y el entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en el que este se habría quejado de los "beneficios" de los que gozan los discapacitados por parte del Estado. Spagnuolo desmintió el episodio.
Luego Milei se subió a una campaña contra el niño y su madre en rede sociales. Reposteó un tuit que agredía al menor vinculándolo con el kirchnerismo. A pesar del pedido del propio Ian, Milei se negó a despublicar tal mensaje agraviante y hasta logró que un juez federal le reconociera su derecho a compartirlo invocando su "libertad de expresión".
Luego Milei vetó la ley de emergencia en Discapacidad, que reforzaba el presupuestos en pensiones y para los prestadores. Y antes de que el Congreso revirtiera esa anulación, estalló el escándalo de los audios de Spagnuolo.
En las grabaciones se escucha al entonces jefe de la ANDIS describir una mecánica mediante la cual se les exigía a los laboratorios proveedores cargar con sobreprecios los medicamentos que le vendían a la Agencia para generar un retorno que tendría como terminales a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei y a su operador político Eduardo 'Lule' Menem.
El caso está en la justicia federal bajo secreto de sumario.
Por último, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que no se impugnará en la justicia la ley insistida por el Congreso, sino que se promulgará pero no se la reglamentará hasta tener definido el origen de los recursos para financiarla. Esto significa un bloqueo de hecho de la legislación.
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