Estas pruebas comprometen al exdirigente de UATRE, Pablo Ansaloni, y al interventor de Osprera, Marcelo Petroni. Según el expediente, ambos habrían coordinado reuniones con funcionarios de la administración actual para desplazar a la conducción legítima y hacerse con el manejo de la entidad.
La trama se complejiza al conectar con la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. La pesquisa revela que Petroni, desde su rol de interventor, autorizó transferencias millonarias a esta firma.
Al mismo tiempo, las comunicaciones recuperadas detallan intercambios entre los implicados, con menciones explícitas a figuras de alto rango en el gobierno. Por ejemplo, en un chat, Petroni le indica a un socio de Martín Menem, diputado y hermano de la secretaria general de la Presidencia, que la intervención del sindicato es impulsada por "los Menem".
Allanamiento
La solicitud de allanamiento se fundamenta en un pormenorizado informe fiscal que destaca reuniones, mensajes y movimientos financieros para sustentar la hipótesis de un acuerdo criminal.
La justicia convocó a indagatoria a seis personas, incluyendo a Julio Cordero y Pablo Ansaloni, ante las pruebas que sugieren el uso de influencias para remover a las autoridades de UATRE.
La Cámara Nacional de Apelaciones ya había desestimado una solicitud previa de intervención, subrayando que la disputa debía resolverse por vías gremiales y no judiciales, en defensa del principio de libertad sindical. No obstante, las nuevas pruebas recopiladas por la fiscalía han llevado a esta nueva fase de la investigación.
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