“Hasta donde sabemos, las empresas navieras que ha mencionado en su carta se dedican a un comercio que hasta la fecha sigue siendo legal según las leyes de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos”, dijo Jennings en su carta a la que accedió The Guardian. Y agrego: “Específicamente, bajo el sexto paquete de sanciones de la UE, existen exenciones a las prohibiciones para permitir que algunos cargamentos de petróleo rusos sean transportados a la UE y tampoco existe una prohibición general sobre el transporte de cargamentos de petróleo rusos a terceros países”.
Sin embargo, una empresa londinense de información financiera y bolsa de valores, London Stock Exchange Group (LSEG), demostró su fidelidad a Ucrania al conocer ante el conocimiento de la petición de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania a IGP&I, que instaba a ésta a hacer algo al respecto de las embarcaciones griegas asociadas y aseguradas que exportaban petróleo ruso.
La London Stock Exchange Group posee la bolsa de Valores de Londres, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell y participaciones mayoritarias en LCH y Tradeweb, siendo Refinitiv una empresa proveedora de datos, análisis e infraestructura para producir negocios de forma eficiente.
Por tanto, el jefe de la división de datos y análisis de LSEG, Phil Cotter, ratificó que su base de datos World Check -que ayuda a determinar el riesgo financiero, regulatorio y reputacional- incluye la Agencia nacional de Ucrania para la prevención de la corrupción proveyendo nombres de entidades "patrocinadoras internacionales de guerra”. En consecuencia, cada una de las compañías navieras griegas que trasladan combustible fósil ruso fue notificada en su base de datos y registradas como “financiadores del terrorismo”.
No obstante, una circular emitida desde Clubes IGP&I y que data del 11 de octubre tras cinco meses de las sanciones económicas de la Unión Europea (EU) a Putin, notificó a sus miembros que existía “un período de liquidación extendido para seguros y reaseguros relacionados con el transporte de productos ruso hasta el 5 de febrero de 2023 ”.
Por su parte, Oleksandr Novikov, director de la agencia anticorrupción ucraniana, sostuvo que no cuestionan la legalidad de las acciones de IGP&I, pero que esperan que digan algo al respecto. Asimismo, Novikok en el 2020 ya había pedido a los treces clubes miembros del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (IGP&I) que enviarán un mensaje a sus asociados para disuadirlos de hacer negocios con los rusos.
“Los armadores griegos son los primeros culpables de socavar las sanciones económicas al mover el petróleo ruso y sacar provecho del envío, pero no pueden ser los únicos culpables”, afirmó Novikov a The Guardian. “Es muy decepcionante cuando el debate sobre el transporte se replantea como uno de legalidad (…) Ya no se trata solo de regulaciones y sanciones estrictas; se necesita una gran unidad global y los actores privados, no solo los gobiernos, pueden hacer mucho”, sentenció el director de la agencia anticorrupción ucraniana.
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