Meta y la construcción de un Estado de vigilancia privado
Mientras el gobierno apela a leyes del siglo XVIII, Mark Zuckerberg avanza hacia un futuro distópico. Las nuevas "gafas de IA" de Meta —equipadas con cámaras, micrófonos y algoritmos de reconocimiento facial— prometen traducir conversaciones en tiempo real, analizar emociones y superponer información digital sobre el mundo físico. Para John Mac Ghlionn, investigador citado en el texto, estas gafas no son simples dispositivos: son herramientas de vigilancia capaces de "reescribir la realidad" mediante datos.
Cada interacción en la calle se convierte en información procesada por Meta, alimentando sistemas de predicción de comportamiento y monetización. Imagine caminar por una calle mientras docenas de lentes escanean su rostro sin consentimiento, o asistir a una entrevista laboral donde el empleador conozca su historial digital gracias a estas gafas. La privacidad se erosiona, y la percepción de la realidad queda mediada por algoritmos cuyos sesgos —políticos, ideológicos— son opacos.
Meta: estado omnipresente
Ambos escenarios, aunque distintos, convergen en un punto: la normalización de la vigilancia y el control sobre poblaciones vulnerables. Por un lado, el Estado justifica medidas extremas contra migrantes —como venezolanos— bajo retórica de "seguridad nacional", socavando garantías jurídicas. Por otro, Meta comercializa dispositivos que convierten a ciudadanos comunes en agentes de vigilancia, expandiendo un panóptico digital donde hasta las emociones son mercantilizadas.
Esta convergencia refleja un desequilibrio de poder: mientras los gobiernos recurren a marcos legales arcaicos para el control migratorio, las corporaciones tecnológicas privatizan la infraestructura de la percepción humana. Ambos fenómenos comparten un menosprecio por la autonomía individual y un apetito por el control, ya sea mediante deportaciones exprés o la recolección masiva de datos.
Destino
La suspensión del hábeas corpus y las gafas de Meta representan dos caras de una misma moneda: la creciente aceptación de que ciertos grupos —migrantes, minorías, disidentes— pueden ser privados de derechos fundamentales en nombre de la seguridad o el progreso tecnológico. Como advierte Raskin, si el gobierno puede deportar a alguien sin audiencia, ¿qué impide aplicar lógicas similares a ciudadanos bajo pretextos de "orden público"?
Paralelamente, la tecnología de Meta redefine nociones de privacidad y consentimiento. Si hoy los datos se extraen de redes sociales, mañana podrían capturarse desde miradas casuales en el metro, sin posibilidad de anonimato. La falta de regulación efectiva y la pasividad gubernamental ante estas innovaciones agravan el riesgo.
Una inferencia sobre la nota de The Hill
En un mundo donde ya es visible que los Estados hegemónicos recurren a tácticas autoritarias y las corporaciones monetizan la realidad, la defensa de las libertades requiere vigilancia ciudadana y marcos jurídicos actualizados. La suspensión del hábeas corpus para migrantes y la vigilancia algorítmica de Meta no son problemas aislados: son síntomas de una lucha global por definir quién controla el poder, la información y, en última instancia, la verdad.
Como sociedad, enfrentamos una elección: normalizar la vigilancia como precio del "progreso" o exigir que la tecnología y las políticas migratorias respeten la dignidad humana. La respuesta determinará si el futuro se asemeja a una democracia robusta o a un panóptico high-tech, pero esto es sólo es una apreciación de la redactora.
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