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Revelan que el Gobierno debe unos US$600 millones a las productoras de gas

Sigue abultándose la deuda que el Gobierno -vía Enarsa- mantiene con las productoras de gas. Se vienen nuevos vencimientos, lo que preocupa al sector.

Tras el reclamo de las cámaras empresarias que nuclean a las principales productoras de gas por el atraso en los pagos del Estado, se vienen nuevos vencimientos y la deuda sigue abultándose: serían unos US$628 millones, a través de la empresa estatal Enarsa, en el marco de compromisos asumidos por el Gobierno en el Plan Gas.

Según le dijo a Bloomberg Línea una persona con conocimiento en el asunto, "bajo la condición de anonimato", la deuda actual asciende a $340.000 millones (unos US$254 millones al tipo de cambio oficial), pero en los próximos días vencen otros $500 millones (US$373 millones). Desde el sector petrolero mencionan una cifra similar, en torno a los US$700 millones.

La preocupación entre las empresas productoras que consultó el citado medio, y que pidieron no ser identificadas, es que las próximas deudas a vencer son las de los meses de invierno, donde se registran los mayores volúmenes de gas, y un precio más alto.

Según pudo averiguar Bloomberg, el Gobierno pagó en estos días las facturas vencidas de abril y un porcentaje de mayo, pero ya venció junio y en los próximos días vencen las de julio. La deuda se contrae por la falta de asignaciones que el Ministerio de Economía asigna a Enarsa para que cumpla con sus compromisos que asume como operadora del Gasoducto Perito Moreno (antes Néstor Kirchner), que conecta la formación no convencional de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que las empresas realizaron el primer reclamo al Gobierno a través de las cámaras en agosto pasado, cuando la deuda ascendía a US$250 millones. Esta semana iba a celebrarse un encuentro entre las partes que no sucedió y que aún no fue reprogramada. Mientras, la deuda sigue acumulándose y enciende todas las alarmas.

La dura carta al Gobierno por los retrasos en pagos del gas

A fines de agosto, las compañías enviaron una dura carta a los secretarios de Energía, María Tettamanti, y de Hacienda, Carlos Guberman, en la que advirtieron por el creciente atraso en los pagos del Estado y reclamaron una deuda en torno de los US$250 millones. La situación, dijeron, "pone en riesgo los planes de inversión".

El reclamo se canalizó a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de la Cámara Argentina de Energía (CADE), que agrupan a las principales productoras del país. Entre ellas, YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía.

Las cartas apuntaron contra la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), encargada de administrar los contratos del Plan Gas.Ar, el programa que asegura un precio mínimo por la compra de gas, creado en 2020 y extendido en 2022 con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno de gas y sustituir importaciones.

En las cartas, las cámaras expresaron "una vez más la preocupación de las empresas asociadas" por los continuos atrasos en los pagos del gas natural entregado a Enarsa.

La deuda acumulada, detallaron, abarca las liquidaciones de abril y mayo. Y se suman los intereses por mora y las penalidades derivadas de los incumplimientos de las cláusulas Take or Pay (tomar o pagar) previstas en los contratos, que fijan compensaciones si la demanda no alcanza los volúmenes comprometidos por parte de la firma compradora.

Según fuentes del mercado, Enarsa tomó menos volúmenes de gas de los previstos en mayo, pero debe pagar por todo lo contratado

Las petroleras ya habían cursado intimaciones individuales a la compañía estatal. Y afirmaron que la falta de respuesta y la magnitud de los atrasos ponen en riesgo la hoja de ruta de inversiones comprometidas. "La reiteración de estas faltas impacta severa y negativamente en el flujo de fondos previsto en las inversiones de nuestros asociados", dice la carta.

El Plan Gas.Ar fue concebido como una herramienta clave para garantizar la producción local de gas, con el fin de evitar mayores importaciones de GNL y asegurar precios competitivos. La condición indispensable, según las firmas, es el estricto cumplimiento de las obligaciones de pago.

Los productores advirtieron que sin previsibilidad financiera resulta imposible sostener el nivel de inyección de gas natural comprometido. Es decir, si la deuda persiste, podrían resentirse las inversiones en marcha y la capacidad de entregar el volumen de gas acordado para abastecer al sistema.

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